La empresa Indra difunde resultados electorales provisionales en España, sin validez legal
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- Publicado el 25 de mayo de 2023 a las 17:35
- Modificado el 20 de junio de 2023 a las 18:46
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- Por Natalia SANGUINO, AFP España
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“ESTA TODO PREPARADO PARA UN PUCHERAZO”, afirma esta publicación en Facebook, que añade una imagen con el mensaje “Indra: esta es la empresa que cuenta los votos en las elecciones”. Otras publicaciones, como esta, señalan que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, “paga 40.000.000€ a Indra por el recuento provisional e integración de los votos en la base de datos general” y añade: “No importa lo que votes el resultado está establecido”. Varios usuarios, como este, emplean la palabra “pucherazo”, para decir: “SE TEME QUE INDRA EN EL RECUENTO DE VOTOS DE EL PUCHERAZO”.
El usuario “Un abogado contra la demagogia” aseguró en este vídeo: “Sánchez paga 40 millones a Indra por contar los votos electorales”. AFP Factual ha verificado otras publicaciones y mensajes de este perfil, sobre temas como la manipulación artificial del tiempo, la sequía o el uso de mascarilla durante la pandemia de coronavirus.
La ley
El régimen electoral español está regulado por una ley de 1985, que ha sido reformada en varias ocasiones.
Según la LOREG (Ley Orgánica del Régimen Electoral General), el escrutinio comienza una vez terminada la votación (a las 20H00 locales y tras haber depositado en la urna el voto por correo), y es público. Terminado el recuento, “se confrontará el total de sobres con el de votantes anotados”, dice el texto legal, y un acta recogerá los resultados, de la que se entregará una copia a los representantes de cada candidatura política que lo soliciten. También se entregará una copia del acta a una persona designada por la Administración pública, que es quien comienza a facilitar información provisional sobre los resultados a la empresa designada para procesarlos y enviarlos a los medios de comunicación.
En España, las mesas electorales están conformadas por ciudadanos elegidos al azar, a los que acompañan representantes de las formaciones políticas con candidatos elegibles en los comicios. Estos pueden presentar reclamaciones o protestas en el momento, tanto durante la jornada electoral como durante el recuento.
El departamento de prensa del Ministerio del Interior subrayó a AFP Factual el 22 de mayo de 2023: “El recuento de votos se hace a mano por parte de ciudadanos anónimos repartidos por toda la geografía en cada colegio electoral”, y recomendó para cualquier duda consultar la LOREG, “verdadera fuente de legitimidad en este proceso”.
El acta de resultados original es llevada al juzgado más cercano por uno de los ciudadanos que componen la mesa, escoltado por la policía, y de ahí el juez encargado se desplaza a la junta electoral correspondiente para el recuento definitivo. Un sobre cerrado con una copia del acta permanece en el juzgado en custodia permanente para atender cualquier posible reclamación, establece la ley.
El escrutinio general, según la LOREG, se realiza al quinto día de la votación por la Junta Electoral responsable en cada comicio y es de carácter público.
El contrato
Los representantes de la administración mencionados envían los resultados a Indra, en este caso, por ser la empresa que ganó el concurso público para la “difusión provisional de los datos del escrutinio de resultados” electorales. A esta licitación, con un presupuesto de 33 millones de euros, es a la que se refieren algunas publicaciones virales sobre el “pago” de Pedro Sánchez a Indra.
El politólogo español Toni Rodón contestó el 24 de mayo de 2023 a la consulta de AFP Factual: “Indra ganó un concurso público y se dedica ahora a esta cuestiones, es decir, a gestionar, coordinar y transmitir la información de los datos electorales”.
Según varias informaciones publicadas por medios españoles, el gobierno liderado por Pedro Sánchez “tomó el control total de Indra” (junio de 2022) y “prescindió del último alto ejecutivo” de la compañía “que no controlaba” (marzo de 2023), pero la compañía no pertenece como tal al Gobierno, sino a una suma de accionistas. Entre estos se encuentra la participación pública a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que actualmente asciende a un 25,16%.
La idea de que Indra es “propiedad” del PSOE o del gobierno socialista ya circuló en mensajes virales que verificaron medios como Newtral o Efe.
Indra se ha hecho cargo de otros procesos electorales previos al gobierno de Sánchez, como ocurrió en 2017 durante las elecciones regionales catalanas, bajo el mandato en España del gobierno de Mariano Rajoy, del Partido Popular (PP).
Las garantías
“¿Quién vigila los procesos? Mucha gente, desde los funcionarios, interventores a la justicia”, afirmó Rodón a AFP Factual. “Si hay fraude, este es anterior y no debido a la gestión de Indra”, aclaró, porque “todos los datos se chequean y son públicos”.
Sobre la “fiabilidad” del sistema electoral español, Rodón aseguró que, a veces, “se critica al mensajero, pero nunca se ha probado nada”.
La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) envía desde 2004 para las elecciones parlamentarias españolas una Misión de Evaluación Electoral o una Misión de Expertos Electorales, tal como hace con otras “democracias consolidadas”, según este Manual Práctico de Observación Electoral, coordinado desde el Ministerio de Exteriores español.
Tras estas misiones, los expertos elaboran informes que pueden consultarse aquí, y donde se incluyen unas recomendaciones para mejorar el desarrollo de los comicios. En las últimas elecciones legislativas en España, en 2019, se recomienda, por ejemplo, “subsanar las deficiencias del voto por correo” y una regulación “más estricta de la propaganda electoral digital o electrónica”.
Los documentos señalan, además, que “debería obligarse a los medios a hacer públicos los datos relativos a su propiedad” para “salvaguardar el pluralismo mediático”, así como designar a los dirigentes del ente público de radiotelevisión con procedimientos reformados para “protegerlo de la injerencia política”. La última recomendación se dirige a que las autoridades consideren, junto a medios e instituciones educativas, “aumentar la alfabetización digital entre los votantes y otros agentes electores”.
El documento de la OSCE no recoge notificación de fraude, reclamaciones sobre los resultados a nivel global o recomendación alguna sobre el recuento de votos. La única mención a las votaciones se refiere a que “el principio de igualdad del voto (...) se ve menoscabado en numerosas circunscripciones”.
Y Melilla
En el marco de estos mensajes virales, que agitan la idea de un fraude en las próximas elecciones españolas, las regionales y municipales del 28 de mayo y las generales de final de 2023, se supo de la detención de al menos nueve personas en la ciudad autónoma de Melilla, en el norte de África, por sospechas de fraude electoral, en una supuesta trama de compra de votos por correo.
Las autoridades comenzaron a investigar a raíz de la elevada cantidad de solicitudes de voto por correo en la ciudad. La investigación sigue abierta, según los medios españoles.
Referencias
20 de junio de 2023 Actualiza metadatos.
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