Es falso que Human Rights Watch exigiera a Perú “entregar comida y alojamiento” a venezolanos
- Este artículo data de hace más de un año.
- Publicado el 3 de mayo de 2023 a las 22:49
- 4 minutos de lectura
- Por Ernesto TOVAR, AFP Perú
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“#URGENTE Human Right Watch ha exigido a la presidenta de Perú Dina Boluarte entregar alojamiento y comida a los miles de venezolanos desplazados por el combate a la criminalidad en Chile. Ilegales venezolanos dejan Chile y buscan refugio en Perú”, asegura un usuario de Twitter. La misma afirmación circula también en Facebook (1, 2).
Emergencia migratoria
El 26 de abril de 2023 Perú impuso en sus fronteras un estado de emergencia —que incluye la militarización— “para el restablecimiento del orden interno", ante la llegada de cientos de inmigrantes, en su mayoría provenientes de Chile.
El gobierno de la presidenta peruana, Dina Boluarte, reconoció en un comunicado fechado el 27 de abril que hay una “crítica situación migratoria y humanitaria en la zona de frontera” con Chile, donde se aglomeran personas de nacionalidades venezolana y haitiana, principalmente.
Los viajeros varados intentaron ingresar a territorio peruano luego de que Santiago endureciera los controles migratorios, y han pernoctado desde entonces en campamentos improvisados en la zona. Se les impide el paso a Perú alegando que no cuentan con un pasaporte sellado y visa vigente. Varios migrantes entrevistados por la AFP aseguraron que solo pretenden cruzar al territorio peruano para seguir rumbo a sus países de origen.
“No hacemos exigencias a los gobiernos”
César Muñoz, director asociado de Human Rights Watch para las Américas, manifestó a la AFP el 28 de abril de 2023 que la organización no ha hecho “ninguna declaración reciente” que apunte hacia la atención humanitaria de los migrantes en Perú.
Y agregó que en HRW “no hacemos exigencias a los gobiernos, hacemos recomendaciones y peticiones”.
En su página web, HRW señala que es “una organización internacional e independiente que funciona como parte de un movimiento vigoroso para defender la dignidad humana y promover los derechos humanos para todos”.
La organización sí emitió el 26 de abril de 2023 el informe denominado “Deterioro letal. Abusos por las fuerzas de seguridad y crisis democrática en el Perú”, donde se documenta “el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, violaciones del debido proceso, abusos contra detenidos y deficiencias en las investigaciones penales, así como una arraigada crisis política y social que erosiona el Estado de derecho y los derechos humanos en el Perú”.
En dicho documento no se conmina al gobierno peruano a entregar comida y alojamiento a los migrantes varados en Tacna.
No es la primera vez que circulan contenidos falsos respecto de la incidencia de organismos internacionales en la gestión de la presidenta Dina Boluarte, iniciada en diciembre de 2022, cuando el exmandatario Pedro Castillo fue destituido por el Congreso.
Algunas publicaciones, ya verificadas por AFP Factual, afirmaban que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había ordenado a Perú la restitución al poder del expresidente Castillo, mientras que otras señalaban que la misma decisión había sido ordenada por “la ONU y la OEA”, lo cual fue negado por ambos organismos.
Al respecto, la CIDH expresó en su informe “Situación de Derechos Humanos en Perú”, publicado el 3 de mayo de 2023, que las actuaciones de Castillo que condujeron al final de su gobierno constituyeron “un rompimiento del orden constitucional”, y que la detención del exmandatario, acusado de rebelión y corrupción, cumple con “condiciones dignas” constatadas.
Regularización de documentos
Además de la militarización, el gobierno de la presidenta peruana Dina Boluarte dispuso una amnistía de multas por seis meses a los extranjeros que permanecen ilegalmente en Perú, para que en ese lapso regularicen su situación.
La oficina de la ONU para los refugiados (Acnur) estimó que la amnistía permitirá "que 100.000 personas refugiadas y migrantes en el país puedan regularizarse y actualizar sus datos".
La emergencia decretada por el gobierno peruano tiene un plazo de 60 días e incluye restricción de derechos como el de libertad de tránsito y de reunión en los cruces limítrofes con Chile, Bolivia, Brasil, Ecuador y Colombia.
Al 2 de mayo de 2023, los gobiernos de este grupo de países —salvo Bolivia— consideraban abrir un corredor humanitario para que los migrantes que salieron de territorio chileno puedan viajar de regreso hacia sus países de origen.
Referencias
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