La propuesta del Gobierno español para regularizar migrantes no implica “borrar” antecedentes penales

Un mensaje compartido en Facebook dice: “Sánchez se dispone a ‘borrar’ los antecedentes penales de miles de ilegales. Si en un mes el ilegal no los entrega, el gobierno dirá que está ‘limpio’”.

El texto se acompaña de una captura de pantalla del titular “La regulación de Sánchez será un coladero: el inmigrante quedará ‘limpio’ si en un mes no recibe los antecedentes penales”, de un artículo de El Español.

Publicaciones con mensajes similares circulan en X e Instagram. 

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Captura de pantalla hecha el 16 de febrero de 2026 de una publicación en Facebook

La propuesta anunciada por el Gobierno a finales de enero pretende regularizar a ciudadanos extranjeros que residan en España desde antes del 31 de diciembre de 2025 y que acrediten haber permanecido al menos cinco meses en el país de forma continuada.

La medida se prepara como un proyecto de real decreto, que no necesita aprobación parlamentaria, y con un plazo abierto a la aportación ciudadana. También se tramitó como reales decretos con anteriores gobiernos, como el de José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011) y el de José María Aznar (1996-2004). 

A la fecha de esta verificación, el proyecto no había sido validado. La estimación del Ejecutivo es que los trámites de regularización finalicen antes de julio de 2026 y que afecten a medio millón de personas.

Sin antecedentes penales

Según la propuesta, las personas extranjeras que quieran regularizar su situación deben carecer de antecedentes penales en España y en los países donde hayan vivido durante los últimos cinco años antes de entrar al país.

Con respecto a los antecedentes en España, la Administración “comprueba de oficio” esta información, detalló María Eugenia Blasco, socia de Inmigración y Movilidad Internacional en AGM Abogados, el 4 de febrero de 2026 a AFP Factual. 

Para probar la ausencia de antecedentes en el extranjero, el solicitante debe pedir a su anterior país de residencia un certificado.

Pero “en muchos casos” existen impedimentos para obtener ese documento que pueden volver el trámite “insalvable”, explicó a AFP Factual el 24 de febrero Álvaro Caparrós Carretero, director de Monclar Abogados.

Entre esos obstáculos, mencionó la situación de “países con sistemas administrativos colapsados o con gran inestabilidad política”. También señaló los casos en que la persona debe contactar a alguien de su país de origen, pagar tasas o gestores y, especialmente, obtener la Apostilla de La Haya o la legalización diplomática. Estos pasos, añadió, pueden implicar “desplazamientos peligrosos o costosos dentro del país de origen”.

Incluso cuando se supera todo ese proceso, el certificado suele tener una vigencia de tres o seis meses. Por eso, si la cita en Extranjería se retrasa y el documento vence, “el migrante debe empezar de cero, entrando en un bucle infinito de irregularidad”, añadió Caparrós Carretero.

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Migrantes de Mali trabajan en un restaurante en la ciudad vasca de San Sebastián, España, el 5 de febrero de 2026 (AFP / ANDER GILLENEA)

Por estos motivos, el documento presentado plantea una excepción que no existía en anteriores regularizaciones: “con carácter excepcional”, si la persona no logra obtener su certificado de antecedentes penales dentro de un mes desde que lo solicitó, la Administración española pedirá directamente esa información al país correspondiente.

Si transcurre otro mes sin respuesta, la normativa permitiría que el interesado presente una “declaración responsable de inexistencia de antecedentes penales”, con la que se considerará que carece de los mismos.

Este paso “busca proteger al administrado frente a la ineficacia de terceros países o de la propia administración española en sus gestiones consulares”, valoró el experto. 

Para Caparrós Carretero puede tratarse de un “vacío legal”, aunque queda esperar a cómo se resuelve en la práctica. También advirtió que mentir en una declaración responsable “tiene consecuencias penales”, ya que la falsedad documental o falsificación de un documento público suponen un delito recogido en el Código Penal.

Por su parte, Blasco recalcó que esta alternativa solo se aplicaría “en determinados casos y con carácter excepcional” y que, si pasado el año el migrante quiere extender el permiso de regularización, podrán volver a revisarse los antecedentes “si no los pudo acreditar inicialmente”.

Además, si el país de origen emitiera el certificado pasados los dos meses, “es previsible que en el caso de constatarse la existencia de antecedentes penales, la Oficina de Extranjería de oficio pueda extinguir la autorización de residencia concedida”, explicó Esjaba Messaoud, abogada especializada en Derecho de Extranjería, Migraciones y Protección Internacional, el 6 de febrero de 2026 a AFP Factual.

Más condiciones

La ausencia de antecedentes penales no es el “único” requisito presentado en el proyecto normativo, recordó Blasco. También se exige que el interesado no represente “una amenaza para el orden público, seguridad o salud pública”. Es decir, que “aunque no exista condena penal firme”, las autoridades pueden analizar aspectos como su historial policial en España para denegar su solicitud, incidió la experta.

Messaoud coincidió en esta revisión, que ya ocurre “en todas las autorizaciones de residencia”, aclaró.

Por otro lado, expertos ya explicaron en otras verificaciones que, para la valoración de la solicitud, se deben presentar pruebas que constaten la permanencia continuada en el país, y que la regularización no permite votar en las elecciones generales y autonómicas.

Referencias: 

• Información del Ministerio de Inclusión sobre la propuesta de regularización del Gobierno
• Proyecto de real decreto para regularizar migrantes
• Fechas de la subida a consulta pública de la propuesta de regularización de migrantes
• Perfil de Álvaro Caparrós Carretero, director de Monclar Abogados
• Información sobre la Apostilla de la Haya y la legalización diplomática
• Perfil de María Eugenia Blasco, socia de Inmigración y Movilidad Internacional en AGM Abogados
• Perfil de Esjaba Messaoud, abogada especializada en Derecho de Extranjería, Migraciones y Protección Internacional
• Delitos de falsedad documental o falsificación de documento público, en el Código Penal