El candidato presidencial colombiano Rodolfo Hernández habla durante una conferencia de prensa en Miami, Estados Unidos, el 8 de junio de 2022 ( AFP / Eva Marie Uzcátegui)

La imputación contra Hernández por corrupción no lo inhabilita para ser presidente de Colombia

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Publicaciones en redes sociales afirman que el candidato presidencial colombiano Rodolfo Hernández está inhabilitado para ocupar cargos públicos hasta 2023, por una imputación por corrupción hecha en su contra por la Fiscalía. El contenido, que incluye la captura de pantalla de un documento judicial de 2017, se ha compartido más de 5.300 veces al menos desde el 15 de junio de 2022, cuatro días antes del balotaje electoral. Sin embargo, expertos explicaron a la AFP que no se trata de una medida en firme, sino de la pena establecida para los delitos de los que se lo acusa. Aunque un juicio está programado para el 21 de julio, el proceso podrá ser asumido por otras instancias dependiendo del resultado de los comicios.

“Rodolfo Hernández imputado por corrupción, fue Inhabilitado para tener cargos públicos desde Julio de 2.017 MINIMO 80 meses (6 años y medio) osea hasta el 2.023”, se lee en las entradas en Facebook (1, 2), Twitter (1, 2) y TikTok.

Captura de pantalla de una publicación en Facebook realizada el 17 de junio de 2022

Hernández, exalcalde de la ciudad de Bucaramanga (2016-2019), se enfrentará a Gustavo Petro, exgobernante de Bogotá (2012-2015), en la segunda ronda de los comicios presidenciales del 19 de junio.

Hernández es investigado por el llamado “Caso Vitalogic”, un procedimiento judicial en el que se le acusa de participar en hechos de corrupción en un proceso de contratación de 2016 de la Empresa Municipal de Aseo de Bucaramanga (EMAB). El aspirante ha negado cometer algún delito.

En febrero de 2020, la Fiscalía colombiana lo imputó por “interés indebido en la celebración de contratos” por presuntamente haber “ejercido su poder” para que se empleara a un consultor, el ingeniero químico Jorge Alarcón. Esto con la finalidad de que estableciera una serie de condiciones hechas a la medida para que la firma Vitalogic ganara una licitación.

El contrato, que finalmente no se realizó, contemplaba la gestión de las basuras de Bucaramanga y más de una decena de municipios cercanos durante 30 años, por un costo de más de 145 millones de dólares.

Uno de los elementos de la acusación es que Luis Carlos Hernández Oliveros, hijo del aspirante, habría acordado recibir una comisión de Vitalogic de 1,5 millones de dólares por el negocio.

El juicio contra el postulante está programado para el 21 de julio de 2022, dos semanas antes de la posesión presidencial del 7 de agosto.

Acusación no es juicio

Las entradas difundidas en redes sociales incluyen una captura de pantalla de la página 36 del formato de acusación de la Fiscalía contra Hernández, que fue revelado por varios medios de comunicación colombianos a principios de junio de 2022. La fecha de emisión del documento es el 20 de junio de 2017.

En este apartado, se describe la acusación jurídica contra Hernández, en la que se explica que el delito por el que fue imputado se sanciona con una pena de “prisión de sesenta y cuatro (64) meses a doscientos dieciséis (216) meses, [una] multa de 66.66 a 300 SMLMV [salarios mínimos mensuales legales vigentes] e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 80 a 216 meses”. 

Captura de pantalla de formato de acusación de la Fiscalía colombiana contra Rodolfo Hernández realizada el 18 de junio de 2022

Sin embargo, las sanciones allí descritas solo se aplicarían en caso de que Hernández sea condenado por un juez, dijeron expertos legales a AFP Factual. Hasta entonces se presume su inocencia.

Francisco Sintura, director del Departamento de Derecho Penal de la Universidad del Rosario, en Bogotá, y ex vicefiscal general de Colombia, explicó a la AFP que la imputación de la Fiscalía no implica que hayan entrado en vigor las sanciones presentadas en el documento de acusación, contrario a lo señalado en las publicaciones viralizadas.

“La imputación de cargos es igual a la lectura de cargos en USA [Estados Unidos]. No es una condena. La acusación tampoco”, dijo.

Precisó que “cualquier ciudadano se presume y debe ser tratado como inocente hasta que la autoridad judicial lo declare penalmente responsable mediante decisión en firme”.

Con este concepto coincidió Franciso Bernate, presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, quien señaló que “la imputación es el acto mediante el cual la Fiscalía llama a juicio a una persona”, pero que quien “decide si es culpable es un juez”. Y agregó:

Diana Muñoz, profesora de Derecho Penal de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, en Bogotá, añadió a la AFP: “Desde hace más de diez años, cuando entró en vigencia el sistema penal acusatorio [colombiano], la Fiscalía dejó de ser autoridad frente al tema de responsabilidad penal y se convirtió en un ente acusador. Entonces, mientras sus acusaciones se deben dirimir en un juicio, se preserva la presunción de inocencia”.

Por su parte, Fabio Pulido, director del departamento de la maestría en Derecho Constitucional de la Universidad de La Sabana, afirmó que, de acuerdo con los artículos 197 y 179 de la Constitución política de Colombia, “quienes hayan sido condenados en cualquier época por sentencia judicial a pena privativa de la libertad” están inhabilitados para ocupar la jefatura de Estado, pero los acusados no están inhabilitados.

Consultado por la AFP, el servicio de prensa de la Fiscalía colombiana confirmó que la imputación contra el candidato no lo inhabilita para ejercer cargos públicos hasta 2023.

A finales de mayo de 2022, la Procuraduría, entidad que se encarga de investigar y sancionar a funcionarios del Estado en Colombia, compartió un certificado de antecedentes en el que hace constar que Hernández “no presenta inhabilidades especiales aplicadas al cargo” de presidente de la República.

Un hombre pasa junto a una pancarta del candidato presidencial colombiano Rodolfo Hernández, en Medellín, Colombia, el 17 de junio de 2022 ( (AFP / Joaquín Sarmiento))

Proceso tras la elección

Muñoz explica que debido al fuero constitucional que cobija a los jefes de Estado en Colombia durante su periodo de gobierno, si Hernández gana las elecciones, su proceso podría pasar a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, que evaluaría la validez de los elementos encontrados por la Fiscalía. “En virtud de la acusación del Congreso, se determina si la Corte Suprema de Justicia adelanta el proceso penal”, agregó.

Bernate, por su parte, considera que el proceso “pasaría a la Cámara de Representantes en plenaria [no a la Comisión de Acusaciones] pues como Hernández ya fue acusado, esa acusación se asimila a la que se hace ante la comisión”.

En el caso de que pierda los comicios, Hernández ocuparía una de las curules del Senado al obtener el segundo puesto en las presidenciales, de acuerdo con el Acto Legislativo 02 de 2015. En este caso los expertos consideraron varios escenarios.

[El proceso] podría pasar a la Corte Suprema [de Justicia], pero allí podrían indicar que el hecho no guarda relación con sus funciones [como senador] por lo que se mantendría en el juzgado donde está”, afirmó Bernate.

Por su parte, Muñoz considera que debido a que los senadores sí los investiga la Fiscalía, se “preservarían las etapas procesales que se han surtido, y el Congreso partiría de ese punto para juzgar si es penalmente responsable”.

La AFP ya verificó otras publicaciones que señalaban falsamente que Hernández no podía aspirar a la jefatura de Estado por haber recibido tres sanciones disciplinarias como funcionario, entre otros contenidos relacionados con los comicios generales de 2022 en Colombia.

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