Los escaños "de paz" en el Congreso de Colombia no representan zonas definidas por las FARC

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El acuerdo de paz firmado en 2016 entre el Estado colombiano y las FARC estableció la creación de 16 escaños o "curules de paz" en el Congreso para las víctimas del conflicto armado. Sin embargo, un tuit publicado el 30 de julio de 2022 y compartido cientos veces en redes sociales afirma que esos cupos legislativos que ocupan representantes tras los comicios de marzo de 2022 "no son de las víctimas", porque se eligieron en territorios "escogidos por las FARC". Pero es incorrecto. Las circunscripciones transitorias especiales de paz fueron determinadas por entes gubernamentales y aprobadas por el Legislativo por ser las zonas más afectadas por la guerra, la pobreza y la ausencia del Estado, señalaron expertos a la AFP.

"Decir que las 16 curules de los territorios escogidos por las Farc son curules de VICTIMAS, es una de las cosas más falsas y agresivas contra la Verdad y los derechos de las víctimas de las Farc. Usted se prestó para esta farsa @IvanDuque", dice el mensaje compartido también como captura de pantalla en Facebook (1, 2).

Captura de pantalla de un tuit realizada el 2 de agosto de 2022

El 13 de marzo de 2022, fueron elegidos por primera vez los 16 legisladores de las "Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz" en la Cámara de Representantes colombiana (Cámara baja). Más de 530.000 personas votaron en esas 16 zonas del país.

La creación de estos escaños fue acordada en el punto 2.3.6 del Acuerdo Final con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en 2016; y reglamentada por el Acto Legislativo No.02 de 2021.

En el acuerdo, escrito en conjunto por negociadores del Gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018) y de la guerrilla, se establecieron esas curules especiales con el objetivo de "garantizar una mejor integración de zonas especialmente afectadas por el conflicto" y lograr una "mayor inclusión y representación política de estas poblaciones".

Pero en el texto de 2016 no se definieron las zonas o subregiones priorizadas para elegir las circunscripciones.

Estos territorios quedaron establecidos después, en el Acto Legislativo de agosto de 2021 aprobado por el Congreso de la República, donde se tuvieron en cuenta criterios como el nivel de victimización durante el conflicto, informó a AFP Factual en agosto de 2022 Juan Carlos Vargas, entonces consejero presidencial para Estabilización y la Consolidación del Acuerdo de Paz.

"Tras el acuerdo se seleccionaron los municipios según su nivel de pobreza, su afectación en mayor medida por hechos de violencia y su mayor debilidad institucional (con escasos recursos y poca o cero capacidad de gestión). Fue un trabajo en el que participó el DANE [Departamento Administrativo Nacional de Estadística] , el Departamento de Planeación Nacional, la Unidad de Víctimas y otras entidades", señaló Vargas.

Así lo explicó también a la AFP Irina Cuesta, investigadora de la Fundación Ideas para la Paz, que hace seguimiento a la implementación del acuerdo: "Las 16 subregiones tienen una justificación técnica para ser las zonas priorizadas, no fue una elección de las FARC. Se definieron a partir del cruce de diferentes variables de afectación del conflicto armado, de su situación económica, de su situación de vulnerabilidad, a partir de datos de las entidades del Estado, como [el Departamento de] Planeación Nacional".

Captura de pantalla de un informe de la Registraduría Nacional (autoridad electoral) colombiana sobre las “circunscripciones transitorias especiales de paz”, realizada el 2 de agosto de 2022

"No es correcto decir que estas zonas fueron elegidas por las FARC. Se definieron finalmente en el Acto Legislativo, tras tomar información oficial sobre los municipios o zonas con mayor afectación durante el conflicto. De estas poblaciones hay datos concretos que sustentan la selección", comentó también a la AFP Mauricio Vela, coordinador del Observatorio Político Electoral de la Misión de Observación Electoral, MOE.

Se trata de 167 municipios de 19 departamentos del país, agrupados en 16 subregiones. Y son los mismos que se definieron para la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), que también nacieron del Acuerdo de Paz y que buscan llevar la atención del Estado a las poblaciones "más afectadas por la violencia, la pobreza, las economías ilícitas y la debilidad institucional".

En estos territorios habita al menos un tercio de las víctimas del conflicto en Colombia, y allí reside la cuarta parte de la población rural del país, según cifras de la Unidad de Víctimas.

"Son zonas que coinciden con la geografía de la guerra en Colombia, son representativas del mapa de la violencia que nos ha golpeado. Decir que estas zonas terminan favoreciendo la representación de algún sector o tipo de víctima versus otra, no es justo", dijo a la AFP Luis Alfonso Castillo, vocero del Movimiento Nacional de Víctimas del Estado (Movice).

Familiares de víctimas del conflicto armado asisten a una audiencia organizada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en Ocaña, Colombia, el 27 de abril de 2022 ( AFP / Schneyder Mendoza)

Prioridad a las víctimas

Para postularse a las circunscripciones de paz los candidatos debían ser reconocidos como víctimas del conflicto armado, certificados así por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.

"Se consideran víctimas aquellas personas que individual y únicamente hasta el tercer grado de consanguinidad y primero de afinidad o colectivamente hayan sufrido un daño como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones a las normas internacionales de derechos humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno", precisó esta entidad a la AFP.

Además, debían ser avalados por organizaciones de víctimas u organizaciones campesinas o sociales reconocidas. También podían ser postulados por resguardos o territorios indígenas cuando la zona de la circunscripción coincidiera con una comunidad de ese tipo.

Los candidatos no podían representar a partidos políticos tradicionales que ya tuvieran representación en el Congreso ni a Comunes, el movimiento creado por las FARC tras su desarme.

De los 16 representantes elegidos por estas circunscripciones, cinco pertenecen a asociaciones de víctimas, cuatro fueron postulados por organizaciones sociales, cuatro por consejos comunitarios, dos por juntas campesinas y una se presentó por un "grupo significativo de ciudadanos", es decir, avaló su candidatura por recolección de firmas.

Varios de los elegidos fueron víctimas directas del conflicto. Entre ellos, John Jairo González, de la Asociación de Desplazados de Briceño, Antioquia; y William Ferney Aljure, de la asociación Asocamproariari, en el Meta. Ambos sufrieron el desplazamiento forzado por acciones de grupos armados.

Cuestionados

Sin embargo, algunos de los elegidos fueron cuestionados por presuntamente haber recibido apoyo de partidos tradicionales, y otros incluso por tener el respaldo de grupos paramilitares.

"La reglamentación del proceso de inscripción permitió que se postularan personas que no reunían todos requisitos para representar a las víctimas. Permitió que se favorecieran intereses de partidos políticos tradicionales o de los clanes politiqueros", contó Castillo.

Al respecto, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, concluyó que al menos ocho de los 16 representantes a la Cámara elegidos tienen algún cuestionamiento, en su mayoría por sus relaciones con políticos o autoridades locales de partidos tradicionales.

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