Un hombre vota mediante urna electrónica durante elecciones locales en el estado de Hidalgo, México, el 18 de octubre de 2020 (Blanca Gutiérrez / AFP)

Las urnas electrónicas no representan un riesgo de fraude en México, según expertos

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Meses antes de que se realicen las elecciones intermedias de 2021 en México, miles de usuarios han denunciado en redes sociales que las urnas electrónicas aprobadas por parte del Instituto Nacional Electoral (INE) son tecnologías para “poder hacer un fraude, sin dejar huella”. Sin embargo, los expertos consultados afirman que este mecanismo de votación es seguro y que no implica un riesgo de fraude.

CUIDADO!! EL INE NOS QUIERE CHAMAQUEAR..!! APROBÓ LA UTILIZACIÓN DE URNAS ELECTRÓNICAS PARA LA PRÓXIMAS ELECCIÓNES. QUIERE CAMBIAR LA FORMA DE VOTAR,CAYENDO EN UNA TOTAL ILEGALIDAD. Y DE ESA FORMA PODER HACER UN FRAUDE,SIN DEJAR HUELLA”, señala una publicación compartida más de 4.000 veces en Facebook.

El texto, que ha sido replicado en otras entradas en esa red social (1, 2, 3) y en Twitter, agrega que “EL INE ES UN ORGANO AUTÓNOMO SIN ATRIBUTOS PARA LEGISLAR, PUES YA QUE PARA QUE SE DE LO DE LA VOTACIÓN ELECTRÓNICA DEBE PASAR POR UNA CONSULTA DEBATIDA Y VOTADA, PARA SER AGREGADA A LA CONSTITUCIÓN”.

Algunas publicaciones incluyen una imagen con el logotipo del INE de México y la frase “No al voto electrónico”. 

Captura de pantalla realizada el 8 de marzo de 2021 de una publicación en Facebook

La urna electrónica es un mecanismo de votación que sustituye a la boleta impresa por un dispositivo computarizado que recibe y cuenta los votos emitidos por los ciudadanos durante la jornada electoral. Este sistema permite registrar de forma automática el total de votantes, así como los votos que cada partido y candidato obtengan.

El pasado 3 de febrero, el Consejo General del INE aprobó los lineamientos para la instalación de 100 casillas o puntos de votación con urnas electrónicas en dos estados mexicanos -50 en Coahuila y 50 en Jalisco- para las elecciones del 6 de junio de 2021, en las que se elegirá al Legislativo federal y otros cargos locales en los 32 estados del país.

Jaime Rivera, consejero electoral del INE, dijo a AFP Factual que el uso de estas urnas es seguro y que no hay posibilidad de que puedan ser alteradas o hackeadas, pues “no están conectadas a internet”.

Además, Rivera explicó que antes de la jornada electoral las urnas son auditadas por el INE, los institutos electorales de los estados donde se instalarán y por un equipo especializado en informática del Instituto Politécnico Nacional (IPN), universidad mexicana que verificó la confiabilidad de estos dispositivos en dos elecciones estatales en 2020.

En total, en las próximas elecciones en México se estima que habrá más de 164.000 casillas, de las cuales, alrededor de 10.000 estarán en Jalisco y 3.800 en Coahuila.

Pamela San Martín, asesora electoral y exconsejera del INE, coincidió con Rivera en que la urna electrónica “no es un mecanismo que propicie fraude”, porque hay instrumentos que permiten controlar su funcionamiento, como por ejemplo la impresión de un recibo físico que puede contrastarse con el voto.

Este tipo de dispositivos se ha implementado de manera local desde 2005 en las elecciones en Coahuila, desde 2009 en Jalisco y Ciudad de México, y en 2020 en Hidalgo.

No existe un solo tipo de urna electrónica en México, su creación depende de los institutos electorales y de especialistas involucrados en cada estado donde se instalarán. Sin embargo, la verificación de su seguridad corresponde a auditores internos del INE y externos, como académicos y grupos universitarios expertos en informática.

Consultada por AFP Factual, Lidia Prudente, docente e investigadora en Seguridad Informática y Tecnologías de la Información por el Instituto Politécnico Nacional (IPN), explicó que antes de las elecciones se realizan dos auditorías a las urnas, una funcional y otra para garantizar la seguridad de la información que recibe. 

“En la parte funcional nos referimos a pruebas que permiten corroborar el funcionamiento de las urnas respecto a la normativa que deben cumplir, se les llaman pruebas de caja negra (...) En la auditoría de seguridad, se realizan pruebas de software y hardware de cada una de las urnas, se diseñan pruebas que nos permiten auxiliar en el caso de que existiera algún tipo de fallo y se pueda remediar”, indicó Prudente.

Entre la normativa que se debe cumplir para garantizar la correcta instalación de las urnas electrónicas, así como para identificar posibles riesgos de seguridad, se encuentran el Plan de Seguridad, el Plan de Continuidad y el Plan de Verificación, los cuales conforman algunos de los lineamientos operativos (Anexos punto 11) determinados por el INE para cada proceso electoral.
 

En el Plan de Seguridad se especifica que cada urna debe emitir un comprobante físico de configuración, al inicio de la jornada electoral y de resultados, así como un testigo o comprobante por cada voto emitido. Estos últimos “deberán incluir un código de integridad impreso, mismo que se debe generarse a través de algoritmos de Hash Seguro [encriptados, NDLR], que garantiza la huella digital del documento y la información contenida en él, cuyos elementos garantizan que es un documento oficial, único e irrepetible”.

Asimismo, las urnas deben tener una fuente de energía eléctrica independiente que garantiza su funcionamiento ante un apagón; deben arribar a las casillas con los sellos de seguridad y solo pueden generar votos cuando un funcionario de casilla da acceso al ciudadano a través de una llave activadora.

“Al concluir con el Proceso Electoral se deberá realizar una verificación en todas las urnas electrónicas de la correspondencia de los resultados computados electrónicamente y el número de testigos impresos de los votos emitidos para verificar que coincidan”, puntualiza el INE en su Plan de Seguridad.

Un hombre revisa la primera boleta electoral impresa en Ciudad de México el 8 de marzo de 2006 para las elecciones presidenciales (Alfredo Estrella / AFP)

Aunque destacó que no existe un sistema seguro al 100%, Prudente indicó que en las pruebas en 2020 “se pudo verificar que los resultados de las urnas fueron confiables” y que los dispositivos utilizados en esas elecciones pasaron las pruebas de seguridad de manera aceptable. 

Sobre lo anterior, el consejero Rivera descartó que en elecciones pasadas se hayan registrado anomalías o denuncias de fraude por el uso de estas urnas: Hubo un par de casos [en los que hubo problemas técnicos, NDLR], en uno de ellos, los funcionarios de casillas no pudieron echar a andar la urna (...) y otra en la que la urna falló y en 20 minutos se sustituyó. No hubo un solo incidente o falla que no se pudiera reparar al momento”.  

¿Total ilegalidad?

Además de alertar sobre supuestos fraudes vinculados a urnas electrónicas, las publicaciones virales aseguran que su uso es ilegal.

De acuerdo con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en el artículo 32, inciso a, párrafo V, el INE establece “las reglas, lineamientos, criterios y formatos en materia de resultados preliminares; encuestas o sondeos de opinión; observación electoral; conteos rápidos; impresión de documentos y producción de materiales electorales”.

Aunque en la ley no hay referencia al término urna electrónica”, eso no implica que el INE no tenga la competencia para decidir sobre su implementación, explicó a AFP Factual César Astudillo, especialista en derecho electoral del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). La ley le otorga esa atribución de forma genérica y por lo tanto no requiere estar de manera expresa, agregó. 

No es que el INE no tenga ninguna base legal para utilizar estas urnas y esto quiera decir que está fraguando un fraude”, indicó Astudillo.

Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) consideró en la sesión del 28 de agosto de 2020 que la regulación en materia de las urnas electrónicas es una atribución exclusiva del INE, así como de los materiales pertinentes para las elecciones.

La AFP ya ha verificado en varios países sospechas o denuncias de fraude mediante el uso de urnas electrónicas.

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