El video de una médica sobre la ley de vacunas contra el covid-19 en Argentina es engañoso

El video, de poco más de 3 minutos, fue compartido cientos de veces en Facebook (1, 2 y 3), Twitter y YouTube. En él, una mujer que se presenta como Pamela Más, médica matriculada en la provincia de Buenos Aires, advierte sobre la inminente aprobación de “un proyecto de Ley de Vacunación Obligatoria contra el covid-19” que, asegura viola varias leyes y tratados de bioética internacionales. “Nos pueden inyectar cualquier cosa que no lo sabremos”, asegura además sobre las futuras vacunas, y sostiene que con esta ley, los laboratorios obtendrán “inmunidad legal” frente a posibles efectos adversos de estos desarrollos.

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Captura de pantalla realizada el 12 de noviembre de un video en YouTube

La médica también pone como ejemplo de la desconfianza sobre estas vacunas el caso de Perú, que, “ya le dijo que no a [la vacuna del laboratorio]  AztraZeneca”. Efectivamente, en octubre pasado el gobierno de ese país rechazó un acuerdo para adquirir las que está desarrollando este laboratorio por considerar que la información al respecto era “insuficiente”. Sin embargo, a principios de noviembre las autoridades anunciaron la realización en Perú de ensayos clínicos de la vacuna que AstraZeneca prepara junto a Johnson & Johnson. Por otra parte, como verificó AFP Factual, su aplicación no será obligatoria. 

A continuación, la verificación de las principales afirmaciones contenidas en este video viral:

1. Se debatió en Diputados un proyecto de ley de Vacunación Obligatoria contra el covid-19. Falso

El 7 de octubre pasado, los diputados argentinos dieron media sanción a un proyecto de ley que declaraba de interés público la investigación, desarrollo, fabricación y adquisición de estas vacunas y busca habilitar al gobierno a ofrecer condiciones favorables a las farmacéuticas en las negociaciones para adquirirlas.

Ese proyecto se convirtió finalmente en ley el 29 de octubre. Ni el proyecto aprobado en Diputados, ni la ley sancionada por los senadores hacen mención a la supuesta obligatoriedad de la aplicación de una eventual vacuna contra el covid-19.

A continuación un detalle de los principales puntos de la norma:

* Los contratos de compra de vacunas contra el covid-19 pueden incluir cláusulas que atribuyan competencia a tribunales arbitrales y judiciales extranjeros, y en las que se renuncie a "oponer la defensa de inmunidad soberana" (el principio por el cual un Estado no puede ser demandado sin su consentimiento), exclusivamente para estos casos.

* Un ciudadano potencialmente damnificado por la vacuna podrá reclamar ante “tribunales locales o federales del país”. 

* Se permiten cláusulas que garanticen la indemnidad patrimonial respecto de indemnizaciones relacionadas con y en favor de quien participe en algún punto del desarrollo de las vacunas, salvo en caso de maniobras fraudulentas, conductas maliciosas o negligencia.

* Se autoriza al Ministerio de Salud “a incluir cláusulas o acuerdos de confidencialidad” en los contratos que se firmen, y detalla que esto deberá hacerse “de conformidad con las leyes 27.275, de Acceso a la Información Pública, 26.529, de Derechos del Paciente, y normas concordantes, complementarias y modificatorias”.

Estas condiciones son similares a las acordadas por la Unión Europea y Estados Unidos con los fabricantes de vacunas contra el covid-19. 

En agosto pasado, la diputada Beatriz Ávila presentó un proyecto que sí propone un “plan nacional de prevención y vacunación contra el covid-19”, pero a la fecha no ha sido tratado en el recinto.

Al 9 de noviembre, Argentina había anunciado la compra de 25 millones de dosis de la vacuna Sputnik V desarrollada por el Instituto Gamaleya de Rusia, y la firma de un acuerdo con el laboratorio AstraZeneca para la entrega de más de 22 millones de dosis. 

Además, el presidente Alberto Fernández detalló que continúan las negociaciones con otros laboratorios cuyas vacunas también están en fase 3 de las pruebas. "Podríamos llegar a vacunar a 750.000 personas con la vacuna de Pfizer que en diciembre podría llegar a estar en Argentina y podríamos a partir de marzo contar con la vacuna de AstraZeneca y Oxford", dijo.

2. Los laboratorios pueden “obviar” declarar los excipientes de las vacunas. Falso

La ley aprobada autoriza a Argentina a “incluir cláusulas o acuerdos de confidencialidad acordes al mercado internacional”, siempre y cuando éstas respeten “las leyes 27.275, de Acceso a la Información Pública, 26.529, de Derechos del Paciente, y normas concordantes, complementarias y modificatorias”. 

Consultada por el alcance de estas cláusulas, la diputada del partido opositor PRO Carmen Polledo, vicepresidenta de la Comisión de Acción Social y Salud Pública de la cámara baja, dijo a AFP Factual: “No es que nosotros no vamos a saber qué tienen las vacunas. No lo vamos a poder contar [al público], que es distinto”. 

El artículo 8º del texto establece que las vacunas contra el covid-19 deberán ser aprobadas por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat).

“Lo que la industria exige a todos los países del mundo es que los ministerios y organismos de control que tienen acceso a la fórmula no la publiquen”, aseveró el diputado oficialista Pablo Yedlin, impulsor del proyecto y presidente de la Comisión de Acción Social y Salud Pública. Polledo, por su parte, aseguró que “los controles están preparados” y destacó que “la confidencialidad no es no saber de qué está hecho sino no difundirlo”.

Con estas cláusulas, según Carla Mitelman, abogada e integrante del Instituto de Derecho Sanitario del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, “los laboratorios buscan proteger las fórmulas que les ha llevado tanto esfuerzo desarrollar y que no sean copiadas por otras empresas”. 

3. El gobierno le otorga inmunidad legal a los laboratorios. Engañoso

“Nuestros gobernantes le otorgan a estos laboratorios inmunidad legal en caso de que haya algún efecto adverso propiciado por la vacuna. Si a mí me agarra un cáncer de acá a tres años, el laboratorio no me paga, sino que me paga el Estado los daños”, asegura Más en el video viralizado.

La norma no brinda inmunidad legal a los laboratorios, sino que habilita al gobierno a resolver eventuales litigios con estas empresas ante tribunales extranjeros. Por otra parte, los residentes en Argentina quedan habilitados a acudir a los tribunales provinciales o federales por cuestiones que se susciten o deriven de la aplicación de los contratos.

Sin embargo, la ley sí habilita al gobierno a ofrecer cláusulas “de indemnidad patrimonial respecto de indemnizaciones y otras reclamaciones pecuniarias relacionadas con y en favor de quienes participen de la investigación, desarrollo, fabricación, provisión y suministro de las vacunas, con excepción de aquellas originadas en maniobras fraudulentas, conductas maliciosas o negligencia por parte de los sujetos aludidos”.

Consultada en octubre por el proyecto aprobado en Diputados, cuyo texto en este punto es idéntico al de la ley aprobada, Mitelman aseguró que no es posible afirmar que esto implique necesariamente dar inmunidad a los laboratorios frente a los reclamos por sus vacunas.De acuerdo con la especialista, si se otorga o no esa inmunidad dependerá de lo que finalmente acuerde el gobierno con cada laboratorio.

En el mismo sentido, Yedlin destacó: “Lo que queremos es darle las herramientas al Ministerio [de Salud] para que pueda usar en el marco de la contratación”. 

“Hoy el mundo está contratando vacunas bajo estas condiciones. (...) Hay una competencia mundial para conseguir estas vacunas y se requieren estas herramientas”, sostuvo Yedlin. “Se necesita ser rápido en la contratación”, añadió.

El video de Más también fue verificado por Chequeado.

En conclusión, los diputados argentinos no debatieron “una ley de vacunación obligatoria contra el covid-19”. Los senadores sí sancionaron una ley sobre vacunas proveniente de la cámara baja, pero que no hace referencia alguna a la supuesta obligatoriedad. Además, su contenido no es el que Pamela Más describe en el video.