La desinformación de un video viral sobre la pandemia en Argentina
- Este artículo data de hace más de un año.
- Publicado el 25 de agosto de 2020 a las 21:34
- Modificado el 27 de agosto de 2020 a las 22:13
- 17 minutos de lectura
- Por Nadia NASANOVSKY, AFP Argentina
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El video fue compartido más de 3.000 veces en Facebook (1 y 2), Instagram (1, 2 y 3), YouTube (1 y 2) y Twitter. También fue enviado al WhatsApp de AFP Factual para su análisis. Su circulación coincidió con los días previos a una protesta contra el gobierno de Alberto Fernández el 17 de agosto pasado.
De poco más de un minuto y medio de duración, el contenido circula también con el audio doblado a varios idiomas como inglés, portugués, alemán, holandés y francés. “Así nos ven en el mundo”, aseguran algunas de estas entradas.
Captura de pantalla realizada el 18 de agosto de 2020 de una publicación en Instagram
A continuación, una verificación de las principales afirmaciones del video viral:
“Los argentinos llevan más de 120 días de confinamiento. No sólo es el más largo del mundo, también el más inútil”. Engañoso
El 20 de marzo pasado, el gobierno argentino estableció el confinamiento obligatorio para hacer frente a la pandemia de COVID-19. Esta medida, que efectivamente lleva más de 120 días, sin embargo, desde entonces se fue flexibilizando y rigió de forma muy diferente en las distintas provincias del país, dependiendo de la situación epidemiológica local.
Medidas de aislamiento preventivo similares, en sus características y en su duración también rigen en otros países. En Colombia el confinamiento obligatorio entró en vigor tan solo cinco días después que en Argentina, y continúa vigente al menos hasta el 30 de agosto. En la vecina Venezuela, el confinamiento que rige desde el 16 de marzo fue extendido por quinta vez a principios de agosto.
El 1 de julio, Perú inició la apertura gradual del confinamiento que había comenzado cinco días antes que en Argentina, el 15 de marzo. Sin embargo, el 12 de agosto el gobierno decidió restablecer las restricciones debido al aumento en el número de casos.
En Chile, las medidas restrictivas comenzaron a aplicarse también a mediados de marzo, en una estrategia de “cuarentena progresiva”, que incluyó el cierre de fronteras, toques de queda, la suspensión de clases, y también el confinamiento total en algunas regiones. El 17 de agosto, tras 143 días de cuarentena, la capital chilena se unió a otros distritos en una fase de reapertura.
En Sudáfrica, el 26 de marzo las autoridades impusieron un confinamiento controlado por las fuerzas militares. La cuarentena en este país, el más golpeado del continente por la crisis del COVID-19, que originalmente estaba prevista para durar tres semanas, se extendió hasta el 1 de junio, y luego fue reimpuesta el 12 de julio ante el aumento en el número de contagios. Algunas de las restricciones, que incluían la prohibición de la venta de alcohol y tabaco, fueron levantadas el 18 de agosto, sin embargo, el país aún está bajo toque de queda nocturno y sus fronteras permanecen cerradas.
En Filipinas, donde la población atraviesa la pandemia bajo confinamiento desde el 16 de marzo, ocurrió algo similar: frente al aumento de casos de COVID-19, a principios de agosto, el gobierno decidió que la capital y otras cuatro provincias volvieran al régimen de confinamiento que había suprimido en junio.
En Argentina, el confinamiento fue administrado en una serie de fases que proponían un avance gradual hacia una mayor flexibilidad.
Mientras los distritos con más contagios permanecen o retroceden a niveles más estrictos de confinamiento, otras han avanzado hacia mayores niveles de apertura. Incluso en la ciudad de Buenos Aires y los 40 distritos que la rodean, área conocida como AMBA, donde se concentran más del 90% de los casos del país, el gobierno también fue implementando la reapertura progresiva de actividades.
“Los casos [de COVID-19] nunca dejaron de crecer”. Verdadero
Según los reportes epidemiológicos de las autoridades sanitarias argentinas, el número de casos confirmados de COVID-19 a nivel nacional no paró de crecer desde el 3 de marzo, cuando se registró el primer contagiado.
La tendencia creciente en la cantidad de contagios se repite en varios países de América Latina y el Caribe, la región con más víctimas de COVID-19 , cuya economía se desploma por efecto de la pandemia.
En comparación con otros países de la región, Chile, Panamá, Perú, Brasil, Bolivia y Colombia superan a Argentina en total de casos por cada millón de habitantes.
“El Congreso y la Justicia están prácticamente paralizados”. Falso
El video viral afirma que "el presidente y muchos gobernadores se aprovechan del coronavirus y gobiernan sin ningún tipo de control”, situación que compara con la vivida en la última dictadura militar (1976-1983).
Si bien desde el inicio de la pandemia el Poder Ejecutivo argentino tomó medidas a través de decretos y resoluciones de sus organismos, esto no implica que “el Congreso esté paralizado”.
Según un informe elaborado por la ONG Directorio Legislativo, durante el primer semestre del período legislativo 2020 el Congreso sancionó seis leyes. Cinco de ellas fueron presentadas por el Poder Legislativo y una por el Ejecutivo. De esas cinco, tres estuvieron vinculadas directamente a la pandemia (1, 2, 3)
El documento señala que “la labor parlamentaria mermó notablemente después de la instalación del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) del 20 de marzo”. Pero, tras dos meses de debate sobre los protocolos necesarios, en mayo, los legisladores comenzaron a sesionar de forma virtual.
Captura de pantalla realizada el 19 de agosto de 2020 del informe de Directorio Legislativo
Según este informe, el ritmo de las sesiones legislativas de los primeros seis meses de 2020 “se mantuvo similar al mismo período de 2019, con 10 sesiones frente a las 9 del año anterior”, aunque “se posicionó por debajo del promedio de los últimos nueve años, que está en 14 sesiones en los primeros semestres”.
El bloque oficialista Frente de Todos tiene mayoría en la Cámara de Senadores, mientras que en Diputados está obligado a conseguir el apoyo de la coalición opositora Juntos por el Cambio, el partido del expresidente Mauricio Macri (2015-2019), para impulsar sus proyectos.
En la actualidad, por ejemplo, el oficialismo no cuenta con el apoyo de la oposición para la aprobación del proyecto de reforma judicial que el Ejecutivo presentó al Congreso el 29 de julio pasado.
La Justicia, en tanto, tampoco está paralizada, como afirman en redes sociales. Lejos de esto, en los tribunales argentinos en estos momentos se dirimen causas de alta relevancia política, como la que tiene procesados a exjefes de inteligencia por espiar a la expresidenta y actual vicepresidenta Cristina Kirchner o la reanudación del juicio contra la exmandataria por presunta corrupción en la concesión de la obra pública durante su gobierno (2007-2015).
En el marco de la pandemia y del confinamiento, además, se tomaron medidas como habilitar el dictado de sentencias en forma remota y el desarrollo integral de juicios orales de forma virtual.
“La policía está asesinando y haciendo desaparecer a personas por el simple hecho de no cumplir con el confinamiento”. Engañoso
En los últimos meses hubo una serie de casos de muerte por supuesto abuso policial vinculados al cumplimiento de la cuarentena obligatoria que conmocionaron a la opinión pública argentina. Sin embargo, los abusos y muertes causados por violencia institucional no son un fenómeno nuevo.
El 30 de abril pasado, Facundo Astudillo Castro, de 22 años, se trasladaba de la localidad de Pedro Luro hacia Bahía Blanca, a unos 120 kilómetros de distancia, a donde nunca llegó. Según el detalle de los hechos provistos por el gobierno a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), fue detenido en dos controles. En el primero, se le labró un acta por violación del aislamiento social preventivo y obligatorio. Luego de la segunda detención, no se supo nada más de él. La sospecha es que se trató de una desaparición forzada.
El 15 de agosto se hallaron restos de un cuerpo que se sospecha pueden pertenecer a Astudillo Castro. La investigación avanza ahora con rastrillajes en el lugar del hallazgo y los restos serán analizados por el Equipo Argentino de Antropología Forense.
Este caso recuerda a otro, de 2017, cuando el país se conmocionó con la desaparición y muerte del activista Santiago Maldonado, tras una represión de la gendarmería en la Patagonia.
En tanto, el 15 de mayo pasado desapareció en Tucumán Luis Espinoza, un trabajador rural cuyo cuerpo fue encontrado una semana después en la provincia de Catamarca. Por su muerte, 10 personas, entre ellas nueve policías, fueron imputadas por "privación ilegítima de libertad seguida de muerte y desaparición forzada de persona”.
Según consignó la agencia de noticias estatal Télam, Espinoza fue atacado por la policía durante un operativo realizado por un festival de caballos cuadreros, actividad prohibida durante el confinamiento obligatorio, en la ciudad tucumana de Simoca, y su cadáver apareció una semana después.
Poco más de un mes antes, el 5 de abril, en la provincia de San Luis, fue hallada muerta Florencia Magalí Morales, quien supuestamente había sido detenida por violar la cuarentena. Su cuerpo fue encontrado en la celda en la que había sido detenida por personal policial. El caso se encuentra bajo investigación.
El CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) elaboró un informe en el que relevó una veintena de casos de prácticas violentas por parte de fuerzas de seguridad provinciales y federales desde el inicio de la cuarentena, incluyendo muertes y la desaparición de una persona. Sin embargo, el documento señala que “si bien algunas de las intervenciones policiales comenzaron como acciones para hacer cumplir el aislamiento obligatorio, aún no es claro cuánto incide este factor”.
“En todo caso, son prácticas abusivas de larga data. (...) Como ocurre con otros aspectos de la desigualdad, la cuarentena permitió que se volviera a ver un problema estructural”, se lee en el informe.
Según estadísticas que el CELS recoge desde 1996, el año pasado 118 personas perdieron la vida en hechos de violencia con participación de las fuerzas de seguridad en Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. En 2018 esa cifra fue de 141.
El incumplimiento del aislamiento preventivo obligatorio en Argentina es penado como “delito contra la salud pública”, previsto en el artículo 205 del Código Penal, que prevé condenas de entre seis meses y dos años de prisión.
Además, distintas penalidades rigen en los distintos distritos del país. En Buenos Aires, por ejemplo, según datos oficiales, a mayo se habían detenido a 1.165 personas por violar la cuarentena; demorado, notificado o llevadas de vuelta a su domicilio a otras 16.144 y secuestrado 266 vehículos en los 394 puestos de control desplegados por la policía.
También se aplicaron 240 multas de entre $10.700 (145 dólares al cambio oficial) y $79.180 (unos 1.000 dólares) por no usar tapabocas en el espacio público.
Un miembro de la Prefectura Naval Argentina solicita el permiso para circular en un puesto de control en Buenos Aires, el 1 de julio de 2020
“La pobreza saltó del 30% al 50% desde que asumió este gobierno.” Engañoso
Según un relevamiento del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) publicado en abril pasado, con datos correspondientes al segundo semestre de 2019, al momento en que Alberto Fernández asumió el 10 de diciembre, un 35,5% de la población argentina vivía bajo la línea de pobreza.
A la fecha no hay estadísticas oficiales de pobreza correspondientes a 2020, pero analistas del sector privado han estimado que como consecuencia del impacto de la pandemia, entre el 45% y el 50% de la población se encuentra bajo la línea de pobreza.
En junio pasado, Pedro Furtado de Oliveira, director de la Organización Internacional del Trabajo en Argentina, advirtió que la pobreza en el país puede llegar a alcanzar el 40,2%.
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo estimó que “la pandemia amenaza con retroceder más de una década de avances” en la reducción de la pobreza en todo el mundo.
Un hombre empuja un contenedor en la Villa 31, en el centro de Buenos Aires, el 9 de mayo de 2020
“Mataron a uno de los arrepentidos que más comprometía a la vicepresidenta, Cristina Kirchner, en sus innumerables procesos judiciales”. Engañoso
El 4 de julio pasado fue hallado sin vida Fabián Gutiérrez, un exsecretario de los expresidentes Néstor y Cristina Kirchner (2003-2015), quien en 2018, tras haber estado un mes detenido y procesado por lavado de dinero, fue admitido como testigo "colaborador" (para morigerar la eventual condena) en un caso por supuestos sobornos en la obra pública durante la gestión kirchnerista, conocida como "la causa de los cuadernos".
Cuatro jóvenes fueron detenidos por el caso, y uno de ellos admitió el crimen, que fue calificado por la oposición como "de gravedad institucional".
El 21 de julio, el juez que investiga el caso, Carlos Narvarte, afirmó que no hubo un móvil político detrás del homicidio. “Por las pruebas que encontré, nada me indicaba que había una cuestión política", detalló. “Había tres chicos jóvenes que se habían hecho la idea de que [la víctima] tenía plata, seguramente podía ser de negocios espurios, pero eso no lo tengo acreditado en el expediente", agregó.
Gutiérrez era uno de los alrededor de 30 “arrepentidos” en la causa de “los cuadernos de la corrupción”, una trama de supuestos sobornos que involucra a Cristina Kirchner y a varios exfuncionarios y empresarios.
Entre los “arrepentidos” se encuentran otros imputados de envergadura, como José López, exfuncionario de los gobiernos kirchneristas atrapado cuando ocultaba bolsos con millones de dólares en un monasterio, y el exchofer Oscar Centeno, quien confesó haber trasladado dinero de sobornos en bolsos y maletas entre 2008 y 2015, dando así inicio a la causa.
De su declaración ante la Justicia, no se desprende que el fallecido Fabián Gutiérrez fuera “uno de los [arrepentidos] que más comprometían” a Kirchner en la causa. Gutiérrez expresó: “Quiero aclarar que si bien nunca vi el contenido de los bolsos que traían las personas mencionadas, mi percepción y el comentario de los secretarios era que traían recaudación. Vuelvo a remarcar que esto es una conjetura mía basada también en comentarios que se escuchaban”.
“Liberaron presos de todo tipo”. Engañoso
Durante la crisis por COVID-19, Argentina otorgó a algunos reclusos la prisión domiciliaria, pero esto no equivale a la liberación del detenido ni está previsto para beneficiar a “presos de todo tipo”. Además, medidas similares se tomaron en varios países.
De acuerdo con un informe del Ministerio Público Fiscal, durante el primer semestre de 2020, “en contexto de pandemia por Covid-19 y con Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO)”, la población carcelaria del sistema penitenciario federal registró una baja de 2.230 personas, es decir un 16% menos, a raíz de “la salida de personas consideradas de riesgo [sanitario] así como al freno de los ingresos a partir del cierre de la recepción de personas en la Alcaidía judicial”.
El 13 de marzo pasado, mediante una acordada, la Cámara Federal de Casación Penal solicitó “la adopción urgente y conjunta de un protocolo específico para la prevención y protección del Coronavirus en contextos de encierro en resguardo del derecho a la salud de las personas privadas de la libertad”. La Cámara solicitó esta medida para aquellas “personas privadas de libertad que conformen el grupo de riesgo en razón de sus condiciones preexistentes”.
En las semanas siguientes, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional de la Ciudad de Buenos Aires emitieron acordadas similares. Éstas también indican que las medidas deben apuntar a beneficiar a personas que forman parte de grupos de riesgo, según lo definido por el gobierno nacional.
El 8 de abril pasado, el juez Víctor Violini concedió un hábeas corpus colectivo para la provincia de Buenos Aires, que otorgó “el encierro domiciliario en favor todas las personas privadas de libertad que queden comprendidas en los grupos de riesgo” mientras durara el confinamiento obligatorio dictado por el gobierno nacional. El magistrado sustentó su decisión en pos de “resguardar la vida de los internos y detenidos, pero también de garantizar la seguridad de la sociedad toda”.
A fines de marzo y abril, medios argentinos reportaron que estas medidas habían beneficiado a detenidos por violación y homicidio.
El 5 de mayo, la Suprema Corte provincial emitió un fallo con el que revocó la decisión de Violini y remarcó que “son los órganos judiciales competentes los que deben revisar y evaluar las peticiones deducidas por los procesados o condenados a su disposición mediante un juicio debidamente motivado, considerando los derechos de las víctimas y en función de una serie de directrices orientadoras relativas a los grupos de mayor riesgo ante el COVID-19”.
A partir de esa decisión de la Corte, el habeas corpus de Violini quedó suspendido, es decir, no se otorgaron más arrestos domiciliarios amparados en él. Se espera ahora que se resuelva la apelación interpuesta ante la Suprema Corte de Justicia para una resolución definitiva.
Desde el fallo de la justicia de la provincia de Buenos Aires, sin embargo, algunos presos que habían sido excarcelados volvieron a prisión. Además, pedidos similares de hábeas corpus colectivos fueron rechazados.
La prisión en detención domiciliaria es un beneficio que puede otorgar el juez de ejecución o competente para que el detenido continúe cumpliendo la pena en su domicilio, fuera de la penitenciaría. Es decir, no es una liberación, como se afirma en la secuencia.
Por otra parte, durante la pandemia medidas similares se han repetido en cárceles de otros países, como Estados Unidos, Italia y Francia.
Reclusos del penal de Villa Devoto en Buenos Aires participan de un motín exigiendo medidas para prevenir la propagación del coronavirus, el 24 de abril de 2020
“La inflación es galopante. (…) Se van empresas multinacionales. Cierran miles de negocios por mes”. Verdadero, pero…
La pandemia, cuyos efectos se harán sentir por décadas en todo el mundo, según la OMS, genera una fuerte presión sobre la economía argentina, que ya estaba en crisis al momento de asumir Fernández la Presidencia en diciembre pasado.
De hecho, el país cerró 2019 con una inflación anual récord, de 53,8%, la más alta desde 1991.
Por su parte, en julio pasado la variación interanual del costo de vida fue de 42,4%, mientras que la acumulada en 2020 se eleva a 15,8%.
Desde el comienzo de la pandemia se conocieron varios casos de multinacionales que dejaron el país a raíz de la crisis económica. La aerolínea chileno-brasileña Latam cerró sus operaciones, así como dos compañías de pinturas para autos, Axalta y Basf. Se sumaron así al listado de otras que ya habían dejado de operar en 2019 y en 2020, antes de la pandemia, como Nike, Norwegian y las marcas de indumentaria Wrangler y Lee (de VF Corporation).
Por su parte, más de 24.000 comercios de la capital argentina se vieron obligados a bajar sus cortinas durante la pandemia, según la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires (Fecoba). A pesar de esa elevada cifra, se trata de una tendencia que ya se registraba en 2019.
En enero y febrero de 2020, según la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la cantidad de locales comerciales inactivos en la ciudad había aumentado un 12% respecto al mismo período de 2019. La CAC informó que entre enero y junio la cantidad de locales comerciales en venta o alquiler en las principales áreas comerciales de la capital aumentó un 203%.
“Militantes del presidente incendian campos sembrados”. Sin pruebas
Confederaciones Rurales Argentinas, organización que agrupa a productores agropecuarios del país, elaboró un mapa de “los delitos cometidos contra el campo” entre enero y junio de 2020, incluyendo incendios intencionales.
La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, expresó su repudio a estos incendios, pero también a otros vandalismos rurales como la rotura intencional de silobolsas y el robo de maquinarias, y prometió la reactivación de "un área específica" dentro de la cartera que lidera para atender esta situación. Además, se creó una comisión interministerial junto con el Ministerio de Agricultura, para abordar esta problemática.
En marzo pasado, Hebe de Bonafini, la presidenta de la asociación humanitaria Madres de Plaza de Mayo, que desde 1977 denuncia las desapariciones y asesinatos cometidos por la última dictadura, llamó a “quemar campos de soja” para que los productores dejen de “tirar glifosato” y fue denunciada penalmente por ello.
AFP Factual no pudo confirmar los rumores que aseguran que quienes estaban detrás de las quemas y las roturas de silobolsas eran militantes del kirchnerismo. Aunque sí se encontraron denuncias formales (1 y 2), al momento no existe un registro unificado a nivel nacional con el cual corroborar uno a uno el supuesto vínculo de los denunciados con el gobierno.
A estas quemas se sumaron los incendios que afectaron la zona del Delta, una región de rica biodiversidad cuya jurisdicción comparten tres provincias: Entre Ríos, Buenos Aires y Santa Fe.
Aunque hubo detenidos, en este caso, tampoco está claro quiénes son responsables de los focos. El gobierno acusa a los productores y éstos a su vez se defienden aduciendo que los incendios también menoscaban su actividad y responsabilizan a las autoridades de "falta de control y desidia".
En conclusión, la mayoría de las afirmaciones del video que asegura que “algo grave está ocurriendo en Argentina” son falsas o engañosas, se basan en elementos verdaderos pero que son exagerados o sacados de contexto.
Edit 27/08: Corrige párrafo 16. América Latina y el Caribe es la región con más víctimas. Y agrega párrafo con estadísticas de cierres de locales comerciales.
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