Varios países optaron por la prisión domiciliaria para reducir el contagio de COVID-19 en las cárceles
- Este artículo data de hace más de un año.
- Publicado el 7 de mayo de 2020 a las 20:46
- 8 minutos de lectura
- Por AFP Argentina, Nadia NASANOVSKY, Rafael MARTI
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Las entradas se multiplican en Facebook (1, 2, 3, 4, 5 y 6) y en Twitter (1, 2, 3, 4, 5 y 6). Aseguran que Argentina es el único de estos países en el que se han liberado prisioneros para prevenir brotes del COVID-19 en las cárceles y algunas publicaciones concluyen: “Por eso estamos como estamos. Tenemos lo que nos merecemos”.
El caso argentino
El 13 de marzo de 2020, mediante una acordada, la Cámara Federal de Casación Penal argentina solicitó “la adopción urgente y conjunta de un protocolo específico para la prevención y protección del Coronavirus en contextos de encierro en resguardo del derecho a la salud de las personas privadas de la libertad”. En las semanas siguientes, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y la Cámara Nacional en lo Criminal y Correcional de la Ciudad de Buenos Aires emitieron acordadas similares.
En abril, varios jueces otorgaron prisión domiciliaria (1 y 2) a detenidos, incluyendo al exvicepresidente Amado Boudou. Estas decisiones generaron protestas y críticas contra el gobierno en general y el presidente Alberto Fernández en particular.
La prisión en detención domiciliaria, de acuerdo con las leyes argentinas, es un beneficio que puede otorgar el juez de ejecución o competente para que el detenido continúe cumpliendo la pena en su domicilio, fuera de la penitenciaría. Es decir, no es una liberación, como circula en redes sociales.
Uno de los casos más resonantes fue el del juez Víctor Violini, quien el 8 de abril de 2020 concedió un habeas corpus colectivo en la ciudad de La Plata, que otorgó “el encierro domiciliario en favor todas las personas privadas de libertad que queden comprendidas en los grupos de riesgo” mientras durara el confinamiento obligatorio dictado por el gobierno nacional. El magistrado sustentó su decisión en pos de “resguardar la vida de los internos y detenidos, pero también de garantizar la seguridad de la sociedad toda”.
Violini apeló a otorgar este beneficio en primer lugar a quienes “se encuentran en situación de riesgo por edad o por patologías preexistentes, como así también a las mujeres embarazadas o madres alojadas con sus hijos en las Unidades Penitenciarias, y que se encuentran condenadas o imputadas en orden a delitos leves”. Para los detenidos por delitos graves, en tanto, dejó librada la decisión a cada juzgado correspondiente.
Hasta el 30 de abril de 2020, según el procurador general de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, 800 presos habían obtenido arresto domiciliario en la provincia, de 2.900 solicitudes. La ministra de Justicia argentina, Marcela Losardo, dijo en entrevista: “A nivel federal [...], desde marzo, de un total de 12.579 [presos], se han excarcelado con pulseras 320 personas” y agregó: “Hay un volumen de cifras sueltas, derramadas... Yo he escuchado ‘salieron 2500 personas, no hay tobilleras, salieron a la calle', y tampoco es así”.
El 5 de mayo de 2020 la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires suspendió el habeas corpus colectivo otorgado por el juez Violini, en respuesta a un recurso presentado por un fiscal.
¿Y en otros países?
Las medidas tomadas en Argentina, al contrario de lo que aseguran las publicaciones virales, no son excepcionales y, aunque con matices, se han repetido en otros países afectados por la pandemia del COVID-19.
Estados Unidos
En Estados Unidos, donde de acuerdo con las entradas en redes sociales, hay “más de 20.000 muertos” (según otras, 50.000) “y los presos siguen presos”, el fiscal general, William Barr, publicó un memorándum el 26 de marzo de 2020 para “garantizar que se utiliza el confinamiento domiciliario, en los casos apropiados, para proteger la salud y la seguridad del personal de la BOP [Oficina Federal de Prisiones] y de las personas bajo su custodia”.
Siguiendo las instrucciones del documento, la Oficina informaba del confinamiento en casa de 2.144 prisioneros al 6 de mayo. Frente a la pandemia, varios estados, como Delaware, Hawái, California y Nevada, entre otros, también optaron por dar prisión domiciliaria o incluso por liberar a reclusos. Las prisiones locales han reducido su población hasta en un 66%, según estadísticas de la ONG Prison Policy Initiative.
Según la Oficina Federal de Prisiones de Estados Unidos, al 6 de mayo 2.100 presos de las cárceles federales habían dado positivo por el nuevo coronavirus y 42 murieron por la enfermedad. No obstante, según un recuento de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), al 5 de mayo los casos confirmados en las prisiones estatales del país son más de 21.000, con un total de 295 muertes por COVID-19. De acuerdo con la organización sin fines de lucro Centro de Justicia CSG, al 3 de mayo, el ratio de casos de coronavirus en la población carcelaria era 3,75 veces superior que en la población general de Estados Unidos.
Estados Unidos superó las 20.000 muertes por COVID-19 el 12 de abril y las 50.000 que señalan algunas publicaciones el 24 de abril, según un conteo de la AFP basado en cifras oficiales.
Italia
En Italia, entre otras medidas, el gobierno dictó un decreto el 17 de marzo que, en su artículo 123, prevé un sistema de detención domiciliaria especial hasta el 30 de junio de 2020. “El decreto [...] prevé la detención domiciliaria en caso de una pena de prisión de no más de 18 meses. Y la posibilidad está excluida para los delincuentes habituales en serie, para los presos sujetos a un régimen de vigilancia particular [...]", detalló la ministra del Interior, Luciana Lamorgese ante el Senado. El artículo 124 de la norma establece licencias hasta la misma fecha para aquellos reclusos bajo el régimen de semilibertad.
De acuerdo con registros de Prison Policy Initiative, elaborados a partir de datos oficiales, en febrero, la población carcelaria en Italia era de 61.230 reclusos, mientras que al 26 de abril se había reducido alrededor de un 11%. Según informó la oficina del defensor a partir de datos del sistema penitenciario italiano, desde el 1 de marzo de 2020 se otorgaron 2.078 salidas en arresto domiciliario, en 436 casos mediante el uso de brazaletes electrónicos y en 425 mediante la entrega de licencia a detenidos semilibres.
De acuerdo con un reporte de la oficina del defensor nacional de las personas privadas de su libertad, al 26 de abril de 2020 había 138 presos contagiados de COVID-19, de un total de 53.658. Al 2 de mayo, según la prensa italiana, al menos siete reclusos han perdido la vida por esta enfermedad.
Italia, uno de los países más afectados por la pandemia, superó el 13 de abril las 20.000 víctimas fatales por COVID-19 y el 22 de abril, las 25.000, ambas mencionadas en la publicación viral.
España
En España, las prisiones no han estado exentas de contagios y muertes. Una portavoz de Instituciones Penitenciarias detalló a AFP Factual que al 6 de mayo de 2020 había 56 reclusos contagiados de COVID-19, de los cuales 14 habían recibido ya el alta, mientras que dos, ambos de Madrid, habían fallecido a causa de la enfermedad.
Entre otras medidas implementadas por las autoridades penitenciarias españolas frente a la pandemia, como la suspensión de las visitas de familiares y la entrega de teléfonos inteligentes a los internos para comunicarse con sus parientes, desde febrero se habilitó a más de 1.500 presos en tercer grado o bajo régimen de semilibertad (que habitualmente salen de la prisión para trabajar y regresan al final del día) a cumplir sus condenas en confinamiento domiciliario. “[Esta decisión] se explica por la excepcionalidad de las circunstancias”, detalló la portavoz.
España superó la barrera de los 20.000 muertos a la que hacen referencia las publicaciones el 18 de abril.
China
En China, las muertes por COVID-19 reportadas por las autoridades fueron 4.643. No hay fuentes conocidas que reporten una cifra superior a 9.000 decesos, como mencionan algunas de las publicaciones. En las cárceles de Wuhan, donde comenzó el brote del nuevo coronavirus, se registraron al menos 806 contagios al 29 febrero de 2020, según datos oficiales reportados por la prensa estatal. El 25 de febrero, el viceministro de Justicia del país, Xiong Xuanguo, había confirmado 555 casos en cinco cárceles en tres provincias.
Según reportes de la prensa china, el Ministerio de Justicia de ese país hizo en marzo un llamado para “cortar todas las rutas de transmisión del COVID-19 y eliminar la posibilidad de contagio en las prisiones”, pero no hay registros de que se hayan llevado a cabo liberaciones, ni otorgado prisión domiciliaria para reducir la población carcelaria frente a la pandemia.
Entre las medidas específicas para enfrentar al coronavirus en las prisiones, He Ping, de la Administración de Prisiones del Ministerio de Justicia chino, señaló el 21 de febrero que las penitenciarías debían llevar adelante pruebas exhaustivas, aislar de forma estricta cuando fuera necesario, brindar tratamiento médico adecuado y castigar a quienes no cumplan con estas directivas. El 15 de abril, Shi Xiaoming, funcionario del Centro Chino para el Control y la Prevención de Enfermedades, también indicó en conferencia de prensa la necesidad de reforzar los controles de salud y las medidas de aislamiento en las cárceles.
La pandemia del coronavirus ha generado tensiones en penales de varios países de América Latina, provocando fugas masivas, varios motines que dejaron más de 80 muertos y llevaron a varios gobiernos a tomar la impopulares medidas para reducir las poblaciones carcelarias. En Argentina, el 25 de abril hubo un motín en la penitenciaría de Villa Devoto en protesta por un caso de coronavirus.
En resumen, a excepción de China, en todos los otros países mencionados en las publicaciones virales se tomaron medidas para reducir la cantidad de reclusos que permanecen en las cárceles durante la pandemia del COVID-19.
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