El responsable de limpiar los montes en España no es el Estado, sino el propietario del terreno

España vivió en agosto de 2025 una de las temporadas de incendios más graves de los últimos años, con cuatro fallecidos y más de 300.000 hectáreas calcinadas. En mensajes compartidos más de 3.200 veces en redes sociales, usuarios culparon al Gobierno central del desastre por rechazar, según ellos, la limpieza de los montes, para “alimentar el falso relato del ‘cambio climático’”, además de dejar que empresas se adueñen del terreno para “molinos y placas solares”. Pero la responsabilidad de limpiar el monte es de su propietario. El Estado posee un 1,15% de la superficie forestal en el país.

“Los incendios que estamos viendo han sido PROVOCADOS por el Gobierno, que ha rechazado limpiar estos terrenos por dos motivos: 1. Alimentar el falso relato del ‘cambio climático’. 2. Permitir a multinacionales hacerse con ese terreno para construir molinos y placas solares”, afirma una publicación en X

Mensajes muy parecidos circulan en Facebook e Instagram.

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Captura de pantalla hecha el 5 de septiembre de 2025 de una publicación en X

Los intensos incendios de agosto despertaron manifestaciones de ciudadanos que acusaron a la clase política por dejadez y falta de medios. En redes sociales, además, se difundió desinformación, verificada por AFP Factual (1, 2). Es el caso del mensaje viral sobre la limpieza de los montes.

La responsabilidad de limpiar el monte es de su propietario

La ley de montes española, que data de 2004, busca garantizar la conservación y promover la restauración de los bosques. En el artículo 48.1 deja la creación de planes de prevención y defensa contra los incendios forestales en manos de las comunidades autónomas.

Las planificaciones deben contener “trabajos de carácter preventivo” y, en particular, “tratamientos selvícolas” (artículo 48.4). Este concepto incluye podas y limpias de matorral y ramas, que deben realizar los propietarios de los montes, ya sean públicos o privados

Así lo confirmaron también a AFP Factual, el 9 de septiembre, Antonio Benítez Ostos y Antonio Pérez Valderrama, socio director y director en Administrativando Abogados, respectivamente.

Ambos expertos subrayaron que el papel del Gobierno central en los montes consiste en organizar programas de prevención y subvencionar trabajos de limpieza. “La gestión directa y la regulación de las actividades de limpieza corresponden a las comunidades autónomas”, incidieron.

Por otro lado, en España, la mayor parte de los montes son privados (un 72,3%). Al Estado pertenece un 1,15% del total, mientras que el resto es de comunidades autónomas, entidades locales y otras entidades de derecho público.

En concreto, en el noroeste del país, una de las áreas más afectadas por los incendios del verano de 2025, la mayoría del territorio forestal es de propiedad pública de entidades locales, como ayuntamientos, o privada de propiedad colectiva, pero no estatal.

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Captura de pantalla hecha el 10 de septiembre de 2025 del mapa publicado por Transición Ecológica

Sí hay evidencias científicas del cambio climático

La publicación viral defiende que uno de los objetivos del Gobierno al “provocar” los incendios sería “alimentar el falso relato del ‘cambio climático’”. No obstante, hay numerosas evidencias que respaldan la existencia de este fenómeno.

El consenso científico establecido en las últimas décadas con la recopilación de miles de estudios en todo el mundo es claro y demuestra una relación directa entre el consumo humano de combustibles fósiles, las emisiones de CO2 resultantes, el calentamiento global acelerado y la creciente intensidad de fenómenos meteorológicos como las olas de calor y las inundaciones, recogen sucesivos informes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC).

En el marco de los incendios forestales en España de agosto de 2025, un estudio de la organización World Weather Attribution relaciona “el calor persistente” con el empeoramiento de este tipo de fuegos. Miguel Ángel Villalba, un agente medioambiental que trabaja en el bosque desde hace 30 años, explicó a la AFP que las elevadas temperaturas hacen que el monte esté más seco. Si a esto se suma una ola de calor y falta de lluvia, “se facilita mucho la propagación” de las llamas.

Los incendios aumentan los costes para construir renovables

Los mensajes virales también afirman que “multinacionales” aprovechan el terreno quemado para comprarlo y construir parques eólicos o fotovoltaicos.

El profesor de Energías Renovables y Sostenibilidad en la Universidad a Distancia de Madrid, Adolfo Núñez Sarompas, no ve “ninguna ventaja” en quemar una superficie para construir parques eólicos o fotovoltaicos. “Yo no me iría jamás a un sitio recién quemado [si fuera una empresa constructora] porque voy a tener problemas”, expuso el 9 de septiembre a AFP Factual.

Asimismo, el experto subrayó que el problema de las renovables no es el terreno, del que hay disponibilidad. El mayor inconveniente actual para los parques es dónde verter la energía que producen, ya que la capacidad de la red eléctrica está cerca de la saturación, publicaron medios de comunicación españoles (1, 2).

Por su parte, la Asociación Empresarial Eólica asegura que los incendios aumentan el importe de estas infraestructuras. “A los costes normales de construir el parque eólico se le añadirían los de limpieza del área quemada (...) y de reforestación”, expusieron en un comunicado.

El fuego puede dificultar los permisos de construcción

En caso de incendio, la ley de montes prevé que no se pueda cambiar el uso forestal del suelo “al menos durante 30 años” salvo que el proyecto se haya aprobado con anterioridad o que se acepte su “interés público” por ley.

Así, la quema de un área en la que no había ningún proyecto renovable previsto puede dificultar la concesión de los permisos, ya que se añade el requisito de que la construcción responda a alguna de las excepciones de la ley de montes, confirmó a AFP Factual María Jesús Romero Aloy, profesora titular del Departamento de Urbanismo de la Universidad Politécnica de Valencia, el 11 de septiembre de 2025.

Además, Romero agregó que una zona quemada “seguirá teniendo los mismos condicionantes de protección [ambiental] que tenía antes de su incendio”, pese a que consideró que la planificación territorial actual aún es insuficiente para asegurar totalmente “el respeto a los valores medioambientales”.

Referencias: 

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