No hubo una sentencia judicial que culpó a Pablo Iglesias de muertes en geriátricos en España

“Una juez exculpa a Ayuso y señala al Estado - es decir, a Iglesias - por las muertes en las residencias”, reza el titular de una captura de pantalla que incluye un logotipo del sitio La Nación Digital y añade: “La justicia ha hablado. Las residencias eran competencia de Pablo Iglesias”. El mensaje sigue siendo compartido en mayo de 2023 en Facebook, Instagram, Twitter y TikTok.

El artículo de La Nación Digital ya no está publicado, pero puede consultarse una versión archivada aquí. El titular coincide con el que comparten los usuarios, y el subtítulo amplía: “La titular del Juzgado de Instrucción 5 de Leganés establece que las competencias sobre residencias de ancianos corresponden al Estado”. “La competencia de estos servicios corresponde al vicepresidente del Gobierno del Frente Popular, es decir, a Pablo Iglesias”, se agrega en el artículo.

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Captura de pantalla de una publicación en Facebook, realizada el 30 de mayo de 2023

Una búsqueda por las palabras clave “covid auto judicial juzgado instrucción 5 leganés” llevó, entre otros resultados, a este documento judicial. El artículo de La Nación Digital habla del Juzgado de Instrucción 5 de Leganés y de una querella firmada por 11 familias en mayo de 2020, lo que coincide con el auto.

Esa sentencia no indica como responsables de la gestión de las residencias ni al gobierno de España, dirigido por Pedro Sánchez, ni al entonces vicepresidente segundo y ministro de Asuntos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, quien dejó la política en mayo de 2021.

Las residencias de ancianos en España registraron miles de defunciones “atribuibles” al coronavirus en los primeros meses de la pandemia, lo que provocó la apertura de investigaciones penales en todo el país. Muchas de las denuncias se interpusieron en la región de Madrid, donde el entonces consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, consideró que los centros no estaban “suficientemente preparados” para afrontar una crisis sanitaria de esas dimensiones. Reyero, que dimitió en octubre de 2020, explicó que la mayoría de las residencias de ancianos no tenían equipos médicos, a lo que se sumó la dificultad para aislar a los contagiados.

Amnistía Internacional denunció la situación y estudios sobre el impacto de la enfermedad en las residencias subrayaron la poca preparación de los centros para la pandemia.

Lo que dice la sentencia

La querella, según la sentencia, alude “a la actuación a su entender negligente de la Comunidad de Madrid, y en concreto de su presidenta y de dos de sus consejeros”, en referencia a Isabel Díaz Ayuso, Enrique Ruiz Escudero (titular de la Consejería de Sanidad) y Enrique López López (Justicia).

El documento refiere a la falta de equipos de protección individual (EPI) y añade que “tampoco el Estado español, autoridad suprema en la materia desde la declaración del Estado de Alarma el 14 de mayo de 2020, garantizó esas dotaciones” (página 5).

“Se apunta a una actuación tardía, insuficiente y no ejecutada de manera conveniente” en las residencias de ancianos, sigue en la página 6 el texto.

Según esa sentencia, se pretende “imputar a los tres miembros de la Comunidad de Madrid querellados un actuar doloso con la intención de causar un mal, sin prueba ni indicio de ningún tipo al respecto”. El texto judicial estableció, por tanto, la no admisión a trámite de la querella criminal de las 11 familias, “por no ser los hechos relatados constitutivos de ningún tipo de infracción penal”, y declaró archivada la causa, lo que fue recurrido por abogados de los demandantes.

Causa reabierta

Una de las denunciantes de las familias de Leganés, miembro de la plataforma Marea de Residencias (que lucha por “condiciones de vida dignas en las residencias”), resumió el 2 de junio de 2023 a AFP Factual: “Las querellas siguen vivas”.

“Este auto [al que refieren las publicaciones virales] se recurrió ante la Audiencia Provincial y la Audiencia Provincial ordenó reabrir las diligencias para investigar”, comentó la integrante, que prefirió no dar su nombre.

La denunciante explicó que la demanda va contra los directores de las residencias y “los dirigentes de la Comunidad de Madrid como corresponsables de la gestión”.

Este y otros casos similares, en otras ciudades madrileñas, “no están cerrados en absoluto”, ya que si se archivasen en la Audiencia Provincial, los implicados podrían acudir al Tribunal Constitucional.

Una fuente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJ) confirmó el 2 de junio de 2023 que la Audiencia Provincial ordenó reabrir el caso. Sin embargo, el tribunal considera que los políticos regionales madrileños contra los que se dirige la querella “no deben ser investigados”.

También el Tribunal Supremo, que tiene jurisdicción en todo el territorio español, “determinó que no había causa penal contra los administradores públicos” que ejercieron durante la pandemia, resumió la fuente del TSJ. Y así lo dispuso el Supremo en un auto de la Sala Penal del 18 de diciembre de 2020.

Una fuente del gabinete de prensa del Tribunal Supremo, explicó a la AFP el 2 de junio de 2023 que en ese documento “se inadmiten las querellas y denuncias formuladas hasta entonces contra miembros del Gobierno y también la presidenta de la Comunidad de Madrid”. “Las resoluciones posteriores han seguido la misma línea”, añadió.

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Un médico atiende a una residente de un centro geriátrico en Madrid, aislada para evitar contagios de coronavirus, el 24 de abril de 2020 ( AFP / Óscar del Pozo)

Según la nota de prensa enviada por el Tribunal Supremo con ocasión del auto de 2020, las denuncias y querellas se remiten a juzgados ordinarios (como el de Leganés), que sí podrán investigar las muertes en las residencias de la tercera edad. Pero, sobre la responsabilidad de los cargos políticos, “no es suficiente la mera atribución competencial de la gestión al departamento, ministerio o consejería dirigido por uno de los querellados para imputarles por estos hechos”, según la nota de prensa.

El auto dice que habría que esclarecer si “esos fallecimientos estuvieron asociados a decisiones políticas, administrativas o de gestión y si aquéllas son susceptibles de reproche penal”. Y agrega que sería necesario indagar “la autoría de resoluciones prohibitivas que impidieron que esas personas fueran trasladadas a centros sanitarios”.

La gestión sanitaria en España es regional

Aunque en ningún caso se menciona específicamente a Pablo Iglesias, ¿pudo tener el entonces vicepresidente segundo del Ejecutivo responsabilidad sobre las residencias? La ley que declaró el estado de alarma el 14 de marzo de 2020 establece que para las funciones a las que hace referencia la norma, bajo la dirección del presidente del gobierno, las autoridades competentes serían los ministerios de Defensa, Interior, Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y Sanidad, al frente de los cuales no estuvo Iglesias.

Por otra parte, la Constitución española establece en su artículo 148 que las Comunidades Autónomas tienen las competencias sanitarias, entre otras, circunstancia que no cambió durante la pandemia. Aunque el Ministerio de Sanidad fue capacitado para adoptar medidas en todo el territorio español por el decreto del estado de alarma, la gestión se mantuvo en las regiones. De hecho, la Comunidad de Madrid anunció en marzo de 2020 un “plan de choque” en residencias de mayores.

El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, dirigido entonces por Iglesias, recibió, dentro de las medidas extraordinarias aprobadas por el Ejecutivo, un fondo de refuerzo para, “mediante transferencias a las autoridades competentes de las Comunidades Autónomas, Ceuta y Melilla (...) financiar las prestaciones básicas de los correspondientes servicios sociales”.

Referencias

• Auto del Juzgado de Instrucción número 5 de Leganés (Madrid)
• Estudio sobre el impacto del covid-19 en residencias españolas
• Real decreto por el que se declara estado de alarma el 14 de marzo de 2020
• Constitución Española
• Nota de prensa de la Comunidad de Madrid, marzo de 2020
• Decreto de medidas urgentes para hacer frente al impacto del covid-19