Un granjero amish enfrenta un proceso por producción insalubre desde el gobierno Trump

“22.8.2022 | Gobierno globalista de Biden obliga a agricultor de la comunidad amish a dejar de producir alimentos y le impone multas de más de USD300,000, por ‘no ajustarse a los requerimientos regulatorios de producción’”, dicen publicaciones acompañadas por un fragmento del programa televisivo Tucker Carlson Tonight, de Fox News, y que han sido compartidas más de 400 veces en Twitter (1, 2) y Facebook (1, 2). El contenido también circula en inglés (1, 2).

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Captura de pantalla de un tuit publicado el 26 de agosto de 2022

En la secuencia, aparece el presentador de Fox News Tucker Carlson, quien se refiere al caso del granjero de Pensilvania Amos Miller y asegura, como se puede leer en los subtítulos: “Agentes de la administración Biden, armados, han decidido atacar a los amish (...) Los federales dicen que Amos no está haciendo caso a los requisitos regulatorios para producción de alimentos: ‘No hay suficientes químicos interruptores endócrinos. No estás usando esos transgénicos’. Agentes federales irrumpieron en su granja y están demandando que deje de sembrar”.

Los amish son un grupo religioso asentado principalmente en América del Norte (Estados Unidos y Canadá). Son cristianos que viven del trabajo en el campo aferrados a costumbres tradicionales.

A través de una búsqueda en YouTube con las palabras clave “Tucker Carlson” y “amish”, AFP Factual halló la secuencia completa publicada el 22 de agosto de 2022 en el canal Rebel News, donde trabaja el periodista que aparece entrevistado por Carlson y que cubrió los hechos.

Mediante la revisión de documentos judiciales, asistidos por el buscador Pacer, y búsquedas en medios de comunicación, AFP halló que Amos Miller se ha visto envuelto en dos investigaciones del gobierno federal. La primera ocurrió en 2016, durante el gobierno de Barack Obama (2009-2017), cuando se reportaron dos casos provenientes de un brote de listeria que, según los análisis de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés), se originaron en un lote de producción de leche sin pasteurizar de su granja. Las dos personas infectadas, una en California y otra en Florida, fueron hospitalizadas y una de ellas falleció. Esta investigación fue cerrada.

Acuerdos incumplidos

El segundo proceso contra el granjero se inició en noviembre de 2019, durante el gobierno de Donald Trump, cuando investigadores del Servicio de Inspección de Seguridad Alimentaria (FSIS, por sus siglas en inglés), adscrito al Departamento de Agricultura (USDA), hallaron cerca de 900 kilos de carne de res recientemente faenada y sin procesamiento en la granja de Miller. Esto ocurrió después de que en noviembre de ese año una corte distrital de Pensilvania dictó un mandato ordenando que Miller deje de comercializar productos que no contaban con inspecciones de la autoridad sanitaria federal, requisito indispensable para la producción y comercialización de carne a escala interestatal.

De acuerdo con un registro de noviembre de 2019 de una corte de Pensilvania, el productor habría manejado un modelo de negocio que funcionaba con base en membresías privadas a escala interestatal. En su página web, Miller detalla que hace envíos, a través de lo que llama “clubes de comida”, a 11 estados. Este sistema funciona bajo un modelo de suscripción.

En abril de 2020, el granjero firmó un acuerdo con la justicia de Pensilvania en el que reconoció haber obstruido inspecciones del Departamento de Agricultura a sus procesos de producción y comercialización cárnica.

En junio de 2021 un documento judicial aseguraba que “Miller ha estado operando su negocio de carne y aves de corral sin un visto bueno federal de inspección de USDA-FSIS y, con raras excepciones, sin llevar su ganado y aves de corral para su sacrificio y procesamiento a ninguna instalación inspeccionada por el gobierno federal”, por lo que se le prohibió sacrificar animales y procesarlos para su venta.

Pero en agosto de 2022 la fiscalía aseguró que los acuerdos habían sido incumplidos. Por este motivo la multa que Miller debía pagar, y que inicialmente era de aproximadamente 100.000 dólares, pasó a ser de más de 300.000 dólares. Además, el Departamento de Justicia busca que se aplique una sentencia de prisión en contra del productor. Para eso está programada una audiencia para el 23 de septiembre.

Marco legal

En Estados Unidos, la FDA se encarga de supervisar la producción de leche, mientras que la USDA controla los mataderos para la producción de carne. La comercialización de carne requiere de inspecciones más periódicas que los productos lácteos.

Michael T. Roberts, director ejecutivo del Centro Resnick para Ley y Política Alimentaria de la Universidad de California en Los Ángeles, aseguró a la AFP que las normas que regulan la producción cárnica se remontan al año 1906, con la aprobación de la Ley Federal de Inspección de Carne. Esta establece que los productores de carne deben someterse a inspecciones regulares por parte del Departamento de Agricultura.

“La carne es riesgosa. Tienes que hacerlo bien [su producción], porque es el ambiente perfecto para la proliferación de microbios que podrían causar enfermedades”, dijo David Acheson, quien trabajó varios años tanto en la FDA como en el Departamento de Agricultura y quien actualmente dirige una consultora sobre seguridad alimentaria y salud pública.

Si Amos Miller hubiese querido producir esta comida “para alimentar a su familia, no hubiera habido problemas. Pero una vez que la pones a la venta y cruzas las fronteras estatales, lo cual es muy fácil de hacer, entras en la jurisdicción del gobierno central. Nadie va a llegar a la casa de Miller y decirle: ‘No puedes hacer esto’, si solo va a alimentar a su esposa y a sus hijos, pero el gobierno tiene el derecho y la obligación de intervenir si empieza a venderla”, sostuvo Roberts.

El Departamento de Agricultura “tiene varios poderes de ejecución si un establecimiento se niega a la inspección. Puede confiscar y retener la carne que crea razonablemente que está adulterada o mal clasificada o que infringe la ley federal. Dado que la ley federal no permite la venta de carne en el comercio sin inspección, negarse a una inspección sería motivo de incautación y detención”, explicó Brian Fink, abogado litigante en temas de seguridad alimentaria consultado por la AFP.

¿Y qué puede ocurrir cuando un productor se niega a pagar multas impuestas por el gobierno federal por el incumplimiento de estas normas? “El USDA puede pedir ayuda a los tribunales. Los tribunales pueden tomar diferentes medidas para cobrar, como el embargo de salarios y la incautación de bienes. Sería extremo, pero no imposible”, agregó Fink.

Inclusive, agregó Acheson, algunas infracciones pueden resultar en una pena de cárcel, en casos puntuales y graves. El hecho de que Miller estuviera involucrado en un caso anterior de comercialización de leche sin pasteurizar podría ser un agravante, según el consultor.

AFP Factual consultó a la FDA y al Departamento de Agricultura sobre estos hechos. Ambos organismos aseguraron que la entidad a cargo es el Departamento de Justicia, institución que a su vez expresó que -al ser una investigación en curso- no daría un pronunciamiento público.