Electores esperan para votar durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Lima, el 6 de junio de 2021
(Luka Gonzales / AFP)

Autoridades electorales de Perú y misiones observadoras no tienen reportes de fraude

  • Este artículo data de hace más de un año.
  • Publicado el 10 de junio de 2021 a las 21:59
  • Modificado el 11 de junio de 2021 a las 23:27
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  • Por Valentina DE MARVAL, AFP Chile
Durante el conteo de votos del balotaje presidencial en Perú, la candidata Keiko Fujimori denunció el 7 de junio irregularidades y acusó al partido de su oponente Pedro Castillo, Perú Libre, de “boicotear la voluntad popular”. El 9 de junio anunció que solicitaría la nulidad de 802 mesas en todo el país. Sin embargo, ni las autoridades electorales ni misiones observadoras externas, como la OEA y la Uniore, tienen registros de un posible fraude.

“Hemos notado que ha habido una estrategia de parte de Perú Libre para distorsionar o dilatar los resultados de la voluntad popular, y me estoy refiriendo al proceso de impugnación de actas, donde la mayoría de estas impugnaciones sobre todo tratan de evitar que las actas que tienen mayor votación para Fuerza Popular, no sean contabilizadas”, denunció Keiko Fujimori durante una conferencia de prensa el 7 de junio pasado, un día después del balotaje.

Luego se refirió a “indicios de fraude en la mesa” y que existió una “clara intención de boicotear la voluntad popular”.

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Keiko Fujimori durante una conferencia de prensa en Lima, el 7 de junio de 2021 (Luka Gonzales / AFP )

El 9 de junio, cuando la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ya llevaba el 99,1% de las actas procesadas, Fujimori y miembros de su equipo anunciaron en una conferencia de prensa que solicitarán la nulidad de 802 mesas al Jurado Nacional Electoral (JNE). Algunos de los argumentos para solicitar la nulidad son presuntas falsificaciones de firmas y sumas erradas de votos.

El JNE y la ONPE indicaron a la AFP que por el momento no se pronunciarán sobre la solicitud de nulidad presentada por Fujimori.

El JNE había informado que al 7 de junio se habían registrado 148 incidentes durante las votaciones, que incluían propaganda ilegal, marcas a favor de candidatos dentro de las cámaras secretas y electores que se negaron a ser miembros de mesa, entre otros. Pero en este informe no se refieren a fraude. 

Sobre fraude no [hay denuncias]. Hay incidencias que se reportan pero que no significan fraude en absoluto”, señaló el 9 de junio a AFP Factual una encargada de comunicaciones del JNE, y agregó:

El fraude electoral no se encuentra tipificado como delito en el Código Penal peruano, aunque varios artículos sí castigan procedimientos que atentan contra los procesos electorales.

Casos reportados

Durante los comicios varios usuarios se volcaron a las redes sociales para denunciar irregularidades, como el caso (1, 2) de un representante de Perú Libre que habría marcado 87 cédulas a favor de Castillo y fue detenido en un local de votación del distrito de Carabayllo (Lima). 

Al respecto, la ONPE publicó ese día que el involucrado fue detenido, y que las cédulas que encontraron en su poder fueron reemplazadas por papeletas de reserva, es decir, hojas nuevas que se guardan por eventuales inconvenientes. El 7 de junio la ONPE precisó que finalmente esos votos no estaban marcados en el casillero de Perú Libre. 

El Ministerio Público aseguró que la persona marcó “87 cédulas de sufragio con inscripciones fuera de los símbolos y fotografías de los candidatos” y que será investigado en libertad.

Asimismo, medios peruanos informaron que en la ciudad de Tumbes una representante de Fuerza Popular habría marcado tres cédulas de votación a favor de Fujimori. Al igual que en el caso anterior, la ONPE aseguró que estas cédulas fueron reemplazadas por las papeletas de reserva, que la mujer fue detenida y que su caso será investigado por la Fiscalía. 

También en redes sociales, se reportó otro caso de cédulas marcadas a favor de Perú Libre, esta vez en la ciudad de Chiclayo. Para este caso, también se llevó a cabo el mismo procedimiento. 

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Una mujer vota en la comunidad de Capachica, cerca de la frontera con Bolivia, el 6 de junio de 2021 ( Juan Carlos Cisneros / AFP)

Qué dicen las autoridades

Susana Vital, subgerente de comunicaciones de la ONPE, confirmó a la AFP que los casos denunciados en la prensa están en manos de la Fiscalía: “Los personeros, que fueron detenidos por supuestamente marcar cédulas de sufragio o tener estos documentos en su poder, fueron puestos a disposición de la Policía Nacional y Ministerio Público para las investigaciones del caso".

Al cierre de esta nota, con un 99,9% de las actas procesadas, el JNE seguía revisando 684 actas observadas enviadas por el ONPE. Miembros del Jurado Electoral Especial (JEE) revisan y resuelven cada acta observada. Hasta ahora, se han anulado 134 actas por resolución de dicho jurado. 

Respecto de la solicitud de nulidad, de acuerdo al reglamento, cada acta será revisada y resuelta por el JEE. 

A su vez, estas elecciones fueron observadas por equipos de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore) y por la organización civil Transparencia Perú. En sus respectivos reportes ninguno evoca indicios de fraude. 

La OEA, por ejemplo, mencionó que tuvo conocimiento de incidentes aislados sobre votos marcados, pero destacó el actuar de las autoridades al respecto. La Uniore hizo sugerencias sobre formación para los integrantes de mesa y accesibilidad para personas con discapacidad.

Transparencia Perú, en tanto, detalló todos los incidentes observados. De un total de 175 eventos, 10 corresponden a cédulas de ejemplo marcadas a favor de un candidato; tres casos de cabinas secretas con marcas favorables a un partido y una situación en que “se halló una cédula de votación con marcas de lapicero”.

Este 10 de junio, la división anticorrupción del Ministerio Público peruano solicitó prisión preventiva contra Fujimori, en el marco de una investigación por lavado de activos entre 2011 y 2016, en una de las aristas del caso Odebrecht. 

La candidata de Fuerza Popular, que debe ir a juicio por este caso si no gana la Presidencia, permaneció 16 meses en total en prisión preventiva, entre octubre de 2018 y mayo de 2020.

Edit 11/6/2021: reemplaza "subgerente" en lugar de "gerente" en párrafo 15.

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