Leyes en California no “prohíben los memes”; regulan la IA para evitar desinformación electoral

El 17 de septiembre de 2024, el gobernador de California, Gavin Newsom, firmó tres leyes que prohíben la distribución de material electoral engañoso generado o manipulado con inteligencia artificial. Desde entonces, usuarios de redes sociales han compartido decenas de veces publicaciones que afirman que la normativa prohibió los memes, la sátira y la parodia. Sin embargo, la legislación regula solo al contenido “intencionalmente engañoso” relacionado con comicios o candidatos y se limita únicamente a los 120 días previos y 60 días posteriores de una elección. 

“¡California acaba de prohibir los memes! - El gobernador Newsom firmó anoche una nueva ley orwelliana”, señalan usuarios en Facebook que comparten titulares sobre la supuesta noticia. Algunas entradas en X mencionan que también fueron prohibidas la sátira y la parodia. 

Publicaciones similares circulan en inglés.

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Captura de pantalla de una publicación en X, hecha el 30 de septiembre de 2024

El gobernador de California, Gavin Newsom, firmó el 17 de septiembre de 2024 las leyes AB 2655, la AB 2839 y la AB 2355 para eliminar contenido engañoso de plataformas en línea, promover la transparencia e informar mejor a los votantes.

Las leyes AB 2655 y AB 2839 buscan ayudar a actores y otros artistas,incluyendo a quienes ya fallecieron, a proteger su imagen digital en producciones de audio y video, “al garantizar el uso responsable de la inteligencia artificial (IA)” y otras tecnologías de medios digitales. 

California no prohíbe los memes

Charmaine Albano Mills, directora legislativa de la asambleísta demócrata Gail Pellerin, e Isabelle LaSalle, asistente de comunicación del legislador demócrata Marc Berman, quienes participaron en la redacción de los proyectos de ley, confirmaron a la AFP que ninguno de los proyectos prohibirá los memes, que contienen excepciones para la sátira y la parodia y que se centran en contenido que intencionalmente busca engañar a los votantes sobre una elección. 

LaSalle explicó en un correo electrónico que la ley AB 2655, que entrará en vigor el 1 de enero de 2025, garantiza el cumplimiento de la Primera Enmienda de Estados Unidos. 

En específico, exigirá a las grandes plataformas en línea que eliminen o etiqueten contenido engañoso, alterado o creado digitalmente relacionado con las elecciones durante períodos específicos, y les exige que proporcionen mecanismos para denunciar dicho contenido. 

También autoriza a los candidatos, funcionarios electos, funcionarios electorales, el Procurador General y un fiscal de distrito o un fiscal de la ciudad a solicitar medidas cautelares contra una gran plataforma en línea por incumplimiento de la ley.

Además, la sección 20519 del proyecto de ley describe las exenciones que incluyen “contenido materialmente engañoso que constituya sátira o parodia”. 

En tanto, la organización Common Cause, patrocinadora de los proyectos y con la que los legisladores trabajaron para redactar las iniciativas de ley, publicó un comunicado el 20 de septiembre de 2024 en el que detalla que la ley AB 2655 aplica únicamente a contenido “deepfake materialmente engañoso” y que los contenidos que son “obviamente falsos, jocosos, caricaturescos o satíricos no son afectados por la ley”. 

Además, solo se aplica dentro de los 120 días anteriores a una elección y, en el caso de las “deepfakes” que involucran a funcionarios electorales, dentro de los 60 días posteriores. 

El comunicado menciona como ejemplo de un “deepfake” político, que sería cubierto por el proyecto de ley, una publicación en TikTok que muestra a un alcalde local “grabado en video” aceptando un soborno, justo antes de las elecciones. Otro ejemplo sería una publicación en X con un video o audio de un funcionario electoral afirmando que las máquinas de votación fueron manipuladas, justo después del día de las elecciones.

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Un votante coloca su boleta en una urna en una mesa electoral en Nashville, Tennessee, el Súper Martes, 5 de marzo de 2024 (AFP / SETH HERALD)

Por su parte, Albano Mills añadió que la Ley AB 2839 exige que los “deepfakes” engañosos de funcionarios electorales, electos y de candidatos que se creen con fines de parodia o sátira estén etiquetados como alterados digitalmente, para que los votantes comprendan mejor que no están viendo o escuchando una grabación real.

El comunicado de Common Cause indica que se prohíben los deepfakes políticos que presenten a un candidato, funcionario electo o funcionario electoral haciendo o diciendo algo que no hizo o dijo, o que presenten equipos electorales y lugares de votación de una manera sustancialmente falsa.

Algunos ejemplos, añadió Albano Mills, son una llamada automatizada imitando al presidente estadounidense Joe Biden, instando a los votantes a no participar en las primarias de New Hampshire; también un video de la candidata presidencial Kamala Harris en el que el audio generado por Inteligencia Artificial de su voz la desprestigia a ella y a Biden, o las imágenes del candidato Donald Trump con afroamericanos diseñadas para persuadir a los votantes negros a apoyar a Trump.

En resumen, señala el comunicado de Cause Common, “la AB 2839 solo prohíbe las falsificaciones políticas que tienen como objetivo engañar y que son tan sofisticadas que ENGAÑARÍAN a una persona razonable (...) A menos que un usuario de las redes sociales o un actor político esté intentando mentir y engañar a sus conciudadanos estadounidenses y socavar fraudulentamente una elección, la AB 2839 no los afecta”.

Tanto la AB 2839 y la AB 2655 requieren que el contenido se distribuya con malicia. 

Por último, la AB 2355 de la asambleísta Wendy Carrillo exige que los anuncios electorales que utilicen contenido generado por inteligencia artificial o alterado sustancialmente incluyan una declaración de que el material ha sido alterado. 

La Ley autoriza a la Comisión de Prácticas Políticas Justas a hacer cumplir una infracción de estos requisitos de divulgación mediante la solicitud de una medida cautelar para obligar al cumplimiento o mediante la búsqueda de otros recursos disponibles para la comisión conforme a la Ley de Reforma Política.

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