“Africanos en situación ilegal” no reciben ayuda estatal en España, precisan documentos en regla
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- Publicado el 5 de julio de 2023 a las 16:38
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- Por Adrià LABORDA, AFP España
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“ME HIERVE LA SANGRE: Puede alguien explicarme qué el sueldo mensual medio de un policia y guardia civil sea de de 1.500.-€ y algunos africanos EN SITUACION ILEGAL esten cobrando del estado 2.000.-€/mes? No tengo palabras. Es alucinante”, se lee en este tuit.
El mensaje también se ha difundido en formato de captura de pantalla en Facebook (1, 2) para criticar las supuestas prestaciones que reciben, según los usuarios, los migrantes en España.
Prestaciones sociales en España
En mayo de 2020 el Gobierno español aprobó el Ingreso Mínimo Vital (IMV), una medida para combatir el impacto de la pandemia del covid-19 y garantizar un respaldo a los trabajadores más precarios para prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social.
Esta prestación, cuya duración se puede prolongar mientras persista la situación de vulnerabilidad económica, exige como requisito de acceso que las personas beneficiarias deben tener “residencia legal y efectiva en España y haberla tenido de forma continuada e ininterrumpida durante al menos un año inmediatamente anterior a la fecha de presentación de la solicitud”, estipula el artículo 10 de la Ley 19/2021.
Según el artículo 36 de la misma norma, otra de las obligaciones de las personas beneficiarias es figurar como demandante de empleo si la persona perceptora no está trabajando y es mayor de edad o es un menor emancipado.
Para figurar como solicitante de empleo hay que acudir a las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) de la comunidad autónoma donde resida el demandante. Para llevar a cabo el trámite se necesita el documento de identificación (DNI) o, en el caso de ser extranjero, el permiso de residencia o trabajo, además de proporcionar la cartilla de la seguridad social y los justificantes de titulación académica o profesional de los que se disponga. Por ello, una persona en situación irregular no podría acceder al IMV.
Las prestaciones no alcanzan los 2.000 euros mensuales
Las cuantías establecidas en 2023 de esta prestación oscilan entre los 565,37 euros al mes para un adulto en una unidad no monoparental hasta los 1.368,21 euros al mes para un adulto y cuatro o más menores en una unidad monoparental. En ninguno de los supuestos se alcanzan los 2.000 euros mensuales.
También existe una ayuda de 200 euros, en un pago único para personas con bajo nivel de ingresos y patrimonio que durante 2022 fueran asalariados, autónomos o beneficiarios de la prestación o subsidio por desempleo, aunque los que ya perciben el IMV no pueden recibir esta cantidad.
Los ciudadanos en situación de vulnerabilidad económica también pueden solicitar la Renta Activa de Inserción (RAI), una prestación destinada a personas en búsqueda activa de empleo (BAE) que no tengan derecho a la prestación contributiva (paro), ni al subsidio por desempleo, y cuyos ingresos mensuales propios no superen el 75% del salario mínimo interprofesional español, de 1.080 euros al mes a fecha de publicación de este artículo. Los ingresos propios máximos para tener derecho a la RAI ascienden a 810 euros mensuales en 2023.
De nuevo, una persona sin la documentación en regla en España no podría acceder a esta prestación.
La RAI se concede durante 11 meses como máximo y la cuantía mensual es del 80% del Indicador Público de la Renta de Efectos Múltiples (IPREM), que supone unos 480 euros en 2023.
A diferencia de la ayuda de 200 euros, esta prestación sí es compatible con el IMV, pero “el importe de la misma computa como ingresos previos a la hora de establecer la cuantía del IMV”, detalló en Twitter la cuenta de atención a la ciudadanía del ministerio español de Inclusión. Por tanto, tampoco se alcanzarían los 2.000 euros mensuales.
Consultado por AFP Factual, el gabinete de prensa del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones aseguró que desde dicha cartera “no se abona ninguna prestación a ciudadanos en situación administrativa irregular”. En ningún caso son ayudas que excluyen a los españoles de percibirlas.
La comparación con policías y guardias civiles
Las publicaciones virales equiparan la supuesta prestación con el salario que reciben los policías nacionales y guardias civiles en España. Sus honorarios se calculan a través de esta tabla de retribuciones del personal funcionario.
El gabinete de prensa de la Guardia Civil aseguró el 30 de junio de 2023 a la AFP que el sueldo medio neto de una agente recién salido de la academia es de 1.700 euros al mes. La entidad también informó que ese sueldo base va en aumento con el paso de los años y nuevas responsabilidades.
Por su parte, en diciembre de 2021, el gabinete de prensa del Ministerio de Hacienda y Función Pública envió a la AFP datos de los salarios de policías nacionales en 2020: en la escala básica, el sueldo bruto anual de un agente del cuerpo fue de 37.427,85 euros, mientras que un comisario principal, por ejemplo, cobró 85.286,27 euros anuales. Estas cifras se han incrementado ligeramente con la subida del 3,5% del sueldo de los funcionarios en 2023.
A fecha de publicación de este artículo, la AFP no había obtenido respuesta del Ministerio de Hacienda para actualizar los datos de 2020.
AFP Factual ha verificado otros contenidos referidos a la situación de migrantes en España (1, 2, 3).
Referencias
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