Los beneficiarios de las subvenciones otorgadas en la región española de Aragón deben ser residentes

“Sube la luz, el gas, quieren que pagues por usar las carreteras.... y el Gobierno de PSOE-Podemos en Aragón aprueba por ley una paga de 522 euros al mes para los inmigrantes que se empadronen en la región”, dice una de las publicaciones que difunden el pantallazo en Facebook (1, 2, 3) y en Twitter (1, 2). 

Todas ellas aluden a un artículo del periódico español ABC fechado el 25 de mayo con el mismo titular y con el siguiente subtítulo: “Esta nueva ley aragonesa, que ha entrado en vigor este martes y a la que ningún partido ha votado en contra, no exige que el inmigrante deba tener legalizada su situación en España”.

Una afirmación similar también se viralizó en este tuit, que a su vez circula en formato de captura de pantalla en Facebook (1, 2).

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Captura de pantalla de una publicación en Facebook, realizada el 27 de mayo de 2021

La nueva prestación

Los contenidos viralizados hacen referencia a la Prestación Aragonesa Complementaria del Ingreso Mínimo Vital (PACIMV), un subsidio previsto para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad que fue aprobado el pasado 20 de mayo, sin ningún voto en contra, en las Cortes de Aragón. Tras su publicación en el Boletín Oficial de Aragón (BOA), se estima que en dos meses estará terminada la plataforma informática para su gestión. La propia norma fija en cuatro meses el desarrollo completo de dicha ley. 

La Ley 3/2021 señala en su capítulo II entre los requisitos para recibir este subsidio que los beneficiarios deben estar empadronados y con residencia efectiva en Aragón. Allí no se hace mención alguna a nacionalidad o situación migratoria.

“Los posibles beneficiarios pueden ser españoles o no, pero para todos se exige no solo el empadronamiento, también una residencia habitual y estable en el domicilio correspondiente”, se aseguró a la AFP desde el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno regional.

El organismo detalló que “en el caso de las personas extranjeras [que quieran obtener esta subvención] deben contar con el permiso de residencia sin el cual no pueden tener derecho a las prestaciones sociales” brindadas en cualquier punto del país, como especifica el artículo 14 de la Ley de Extranjería. 

Además, tal como indica el artículo 18.2 de la Ley de Bases de Régimen Local, “la [simple] inscripción de los extranjeros en el padrón municipal no constituirá prueba de su residencia legal en España ni les atribuirá ningún derecho que no les confiera la legislación vigente”.

El apartado VII del preámbulo de la Ley de Extranjería, que enumera los derechos y libertades de los extranjeros en España, define a una persona residente como aquella con “una situación de estancia o residencia legal, conforme a los requisitos que se establecen que, por tanto, habilitan a la permanencia del extranjero en nuestro país en cualquiera de las situaciones reguladas”.  

La región de Aragón también cuenta con un subsidio llamado Ingreso Aragonés de Inserción (IAI) para personas en estado de necesidad, entre cuyos requisitos figuran estar empadronado y tener la residencia efectiva en la región, al menos con un año de antelación a la solicitud. El Gobierno regional, contactado por la AFP, contó que “nunca se ha dado la circunstancia de que ninguna persona en situación [migratoria] irregular perciba esta prestación”. 

Por su parte, los solicitantes de asilo o refugio mientras están tramitando la solicitud también tendrán la posibilidad de, si cumplen los requisitos, solicitar la PACIMV, ya que “toda solicitud de asilo presentada en territorio español supondrá la autorización de permanencia provisional en España”, explica el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno regional, por lo que la persona tiene derecho a las prestaciones sociales, como también señala el artículo 14 de la Ley de Extranjería. 

El Gobierno de Aragón explicó a la AFP que la Comunidad no va a “ofrecer 522 euros al mes a los [migrantes] ilegales”. También calificó de “falsas” las informaciones que señalan que “no se tiene en cuenta la situación irregular de los inmigrantes”, y descartó que no se excluya del beneficio a las personas que están en situación ilegal en España.

En mayo de 2020 el Gobierno español aprobó el Ingreso Mínimo Vital (IMV), una medida para combatir el impacto de la pandemia del covid-19 y garantizar un colchón de seguridad a los trabajadores más precarios y prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social.