Usuarios tergiversan la posición de la ONU sobre las relaciones sexuales entre adultos y menores

En marzo de 2023, la Comisión Internacional de Juristas elaboró un informe en el que se pide que el derecho penal refleje “los derechos y la capacidad” de los menores de edad para tomar decisiones sobre actividades sexuales consentidas. El documento ha sido malinterpretado, y medios y usuarios difunden en publicaciones compartidas miles de veces en redes sociales desde el 15 de abril que la ONU pidió la despenalización de la pedofilia. Pero el texto es una guía para la aplicación de las leyes penales y la ONU dijo a la AFP que no ha tomado tal posición.

“ÚLTIMA HORA: Informe de la ONU pide la despenalización de la PEDOFILIA y el Lobby LGBTIQ+ en toda actividad sexual, incluso entre adultos y niños (...) ¿Qué opinas de esta ABERRACIÓN?”, asegura un usuario en Twitter, en una publicación que ha sido compartida más de 3.000 veces. “La ONU ¿promueve la pedofilia?”, dice un texto superpuesto sobre un fotomontaje que muestra a niños amordazados y con moretones, viralizada en Instagram.

Usuarios que se identifican como periodistas han difundido esta misma narrativa, en publicaciones compartidas miles de veces en TikTok, Twitter (1, 2, 3), Instagram, YouTube y Facebook (1, 2). Varias de estas publicaciones hacen mención a un documento que, dicen, fue “copatrocinado” por la ONU, pero que en realidad redactó la Comisión Internacional de Juristas (CIJ).

Dicha información también llegó a modo de consulta al WhatsApp de AFP Factual, al que los usuarios pueden enviar dudas sobre contenidos vistos en internet para que analicemos su veracidad.

Publicaciones en inglés, portugés e italiano también han sido compartidas.

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Captura de pantalla de un tuit hecha el 24 de abril de 2023

Las afirmaciones se basan en teorías conspirativas de larga data sobre la pedofilia, retórica a menudo de naturaleza discriminatoria contra el colectivo LGBT (1, 2, 3).

Pero los artículos y publicaciones distorsionan las orientaciones del informe redactado por la Comisión Internacional de Juristas, una organización no gubernamental mundial formada por 60 abogados y jueces dedicada a la defensa de los derechos humanos.

Los principios del 8 de marzo

El informe, titulado: "Los Principios de 8 de marzo para un enfoque del derecho penal basado en los derechos humanos que proscriba las conductas asociadas con el sexo, la reproducción, el consumo de drogas, el VIH, la falta de vivienda y la pobreza", ofrece un marco jurídico y asesoramiento sobre la aplicación de las leyes penales a las conductas asociadas con el sexo y la salud, incluidas las "actividades sexuales consentidas".

El documento fue elaborado en respuesta a una reunión de 2018 entre la CIJ, el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH y el SIDA (ONUSIDA) y la oficina de derechos humanos de la ONU. Fue redactado por la CIJ, no por la ONU, confirmó ONUSIDA a AFP.

En una declaración del 20 de abril, la CIJ rechazó las afirmaciones que circulaban por internet.

“El compromiso de las Naciones Unidas de luchar contra la explotación sexual de los niños y el contenido de los Principios del 8 de marzo se han tergiversado gravemente en varios medios sociales y sitios web”, declaró la CIJ. Los Principios del 8 de marzo no piden la despenalización de las relaciones sexuales con niños, ni la abolición de una edad mínima de consentimiento sexual prescrita a nivel nacional. De hecho, la CIJ subraya que los Estados tienen la clara obligación, en virtud del derecho internacional, de proteger a los niños de todo tipo de abusos”.

Uno de los apartados del documento afirma que la conducta sexual consentida nunca debe penalizarse, independientemente de factores como el tipo de actividad sexual o el sexo, género, orientación sexual o estado civil de las personas implicadas.

“Con respecto a la aplicación del derecho penal, cualquier edad mínima prescrita para el consentimiento sexual debe aplicarse de forma no discriminatoria. La aplicación no puede estar vinculada al sexo/género de los participantes o a la edad de consentimiento para contraer matrimonio”, dice el documento, y añade: “Las conductas sexuales en las que participen personas por debajo de la edad mínima de consentimiento sexual prescrita en el país pueden ser consentidas de hecho, aunque no de derecho. En este contexto, la aplicación del derecho penal debe reflejar los derechos y la capacidad de las personas menores de 18 años para tomar decisiones sobre la participación en conductas sexuales consentidas y su derecho a ser escuchadas en los asuntos que les conciernen”.

Esa sección se convirtió en la base de los artículos y publicaciones que acusaban erróneamente a la ONU de apoyar leyes que permiten a los adultos mantener relaciones sexuales con niños.

Pero esas afirmaciones son “representaciones malintencionadas”, declaró el portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric, durante una conferencia de prensa celebrada el 18 de abril.

La sección tiene que ver con la actividad sexual consentida entre adolescentes de edades similares, dijo Christine Stegling, directora ejecutiva adjunta para la división de Política, Defensa y conocimiento de ONUSIDA.

“En la aplicación de la ley, se reconoce que las sanciones penales no son apropiadas contra adolescentes de edades similares por actividad sexual consentida sin explotación”, dijo Stegling a la AFP el 21 de abril de 2023. “Igualmente, se reconoce que no se debe impedir a los adolescentes el acceso a los servicios de salud que los protegen. La ONU está decidida a luchar contra la explotación sexual de los niños, sostiene que la explotación y el abuso sexual de los niños es un delito y apoya a los países para que protejan a los niños”, añadió.

Aziza Ahmed, profesora de Derecho en la Universidad de Boston, declaró a la AFP que los términos usados en torno a la edad de consentimiento y la aplicación no discriminatoria de las leyes trata de proteger a los menores, no de ponerlos en peligro.

“Este informe no pide el sexo entre adultos y menores o la despenalización del sexo con niños”, dijo Ahmed, codirectora del programa de justicia reproductiva de la universidad, en un correo electrónico. “El informe afirma que los estados deben garantizar que los jóvenes no se enfrenten a cargos penales por participar en actividades consentidas”.

Ahmed agregó que un país con “leyes duras contra las personas LGBT” podría, por ejemplo, procesar a jóvenes por mantener relaciones sexuales consentidas si la edad de consentimiento es alta o sus leyes no impiden que se juzgue a los menores.

“Si los tribunales actúan de forma justa y siguiendo este informe, deberían garantizar que se tiene en cuenta la verdadera capacidad de los jóvenes para dar su consentimiento, en lugar de someter a esos niños a duras sanciones penales”, afirmó.

Rajat Khosla, del Instituto Internacional para la Salud Global de la Universidad de Naciones Unidas, aseguró a la AFP que bajo el derecho internacional, se consideran niños o menores todas las personas con menos de 18 años. Por otro lado, el Comité de los Derechos de los Niños“reconoce que la adolescencia no se define fácilmente”. Es así que un adolescente puede tener mayoría de edad, según distintas definiciones (1, 2) y legislaciones de los países. El documento difundido por el CIJ se refiere específicamente a las relaciones sexuales de adolescentes.

Esto, señaló Khosla, “es consistente” con el Comentario General 20 del Comité de los Derechos de los Niños (párrafo 40), que recomienda a los Estados miembros “tener en cuenta la necesidad de equilibrar la protección y la evolución de las capacidades, y definir una edad mínima aceptable a la hora de determinar la edad legal para el consentimiento sexual. Los Estados deben evitar criminalizar a adolescentes de edades similares por actividades sexuales consentidas y sin explotación”.

En cuanto al abuso sexual de menores, el sistema de Naciones Unidas cuenta con otros protocolos y recomendaciones, como el artículo 34 de la Convención de los Derechos de los Niños, que recomienda a los Estados miembros tomar medidas contra la inducción y coerción hacia los niños para “actividad sexual ilegal” y la explotación sexual de menores en sus diversas formas.

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Referencias

  • Documento de la Comisión Internacional de Juristas.
  • Comunicado de la CIJ sobre las malas interpretaciones del texto.
  • Declaraciones a la prensa del portavoz de la ONU Stéphane Dujarric.

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