El Congreso de EEUU no tiene la facultad de presentar cargos criminales contra Donald Trump

“Se llevó adelante la última audiencia en el Congreso de Estados Unidos para buscar sentenciar al expresidente Donald Trump. Anuncian cargos contra el expresidente y esto por supuesto podría hundirlo y dejarlo fuera de la competencia electoral de cara a las elecciones presidenciales del año 2024. Una situación complicada para Donald Trump; está siendo acusado de golpista, de insurrecto”, asegura la narración del video que tiene más de 13.000 visualizaciones en YouTube y ha sido compartido más de 500 veces en Facebook (1, 2) desde el 20 de diciembre de 2022.

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Captura de pantalla de un video en YouTube hecha el 9 de enero de 2023

El informe de la comisión legislativa concluyó que Donald Trump no debería poder volver a ocupar cargos públicos tras su papel en el asalto del año pasado al Capitolio de Estados Unidos.

La recomendación encabeza una lista de propuestas del documento de 845 páginas destinado a garantizar que no se repita el mortal motín del que el comité acusa al expresidente de orquestar en un intento fallido por aferrarse al poder tras perder las elecciones de 2020.

También, el informe recomienda al Departamento de Justicia de ese país presentar cargos criminales contra el exmandatario por los hechos suscitados el 6 de enero de 2021.

El informe fue la culminación de 18 meses de trabajo de los investigadores del Congreso, que entrevistaron a más de 1.000 testigos para establecer la causa principal del ataque, del que culparon directamente al multimillonario republicano.

Comités selectos

Al igual que otros órganos legislativos en el mundo, la Cámara de Representantes (Congreso) de Estados Unidos analiza distintos fenómenos a través de comités temáticos, unos permanentes (“standing”) y otros, temporales o selectos. El comité que investigó a Trump forma parte de este segundo grupo.

“Los comités selectos se crean normalmente por un breve periodo de tiempo mediante una resolución aprobada por la Cámara. Y esa resolución especifica cuánto tiempo estará en existencia, cómo los miembros serán seleccionados, qué tipo de poderes tendrá”, aseguró a la AFP Mark Peterson, profesor de política pública, derecho y ciencia política de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA).

“Suele formarse para investigar un problema específico”, como se hizo en el caso Watergate durante la administración de Richard Nixon (1969-1974) o para la revisión de las acciones del gobierno de George W. Bush (2001-2009) respecto al huracán Katrina de 2005 en el estado de Luisiana, explicó a AFP David Holian, profesor asociado de ciencia política de la Universidad de Carolina del Norte en Greensboro.

Pese a que el Congreso sí puede iniciar una investigación, este “no puede procesar a nadie. Solo el Departamento de Justicia puede hacerlo. La comisión sobre el 6 de enero sí emitió un informe en el que recomendaba presentar cargos contra el expresidente Trump. Pero el Departamento de Justicia puede ignorar o no esas recomendaciones”, explicó a la AFP Victoria Nourse, profesora de derecho constitucional en la Universidad de Georgetown.

“Depende del comité hacer alguna sugerencia o recomendación sobre una posible acusación criminal. Pero es sólo una recomendación. No tiene fuerza legal”, agregó Peterson. “Es simbólico, sin embargo, eleva la estatura en el ámbito público. Pone presión adicional sobre el fiscal general, y en este caso [de Donald Trump], sobre el fiscal especial [que investiga el caso] también, para al menos política y públicamente abordar la cuestión de si hay o no suficientes elementos para seguir adelante. Pero todos [en el Congreso] entienden que el comité no es un tribunal de justicia”.

Independencia de poderes

Si el Congreso presentara cargos criminales contra una persona investigada, esto supondría una “violación de la separación de poderes”, dijo Holian.

En Estados Unidos se conoce como “checks and balances” (pesos y contrapesos) la noción de la separación de poderes del Estado. Se reconocen oficialmente tres poderes: ejecutivo, judicial y legislativo.

Bajo esa lógica, no solo existe separación de poderes, sino que “están compartidos, en un sentido en que cada rama del gobierno tiene una pericia particular en cada área”, agregó Holian.

“Así, el Congreso alberga la mayor parte del Poder Legislativo, el presidente tiene la mayor parte del Poder Ejecutivo y la rama de justicia alberga la mayor parte del Poder Judicial. Sin embargo, por ejemplo, el presidente no tiene el 100% del Poder Ejecutivo. Cuando el presidente nomina a jueces federales o funcionarios de la burocracia, el Senado tiene el derecho y la obligación de confirmar, o no, esas nominaciones. En este caso, el Senado tiene una parte del Poder Ejecutivo”, aclaró.