Trump no podría haber ordenado un allanamiento a Hillary Clinton, solo un juez puede hacerlo

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Bajo el sistema legal estadounidense, solo un juez tiene la potestad de emitir una orden de allanamiento. Sin embargo, un video que ha sido compartido más de 300 veces en redes sociales desde el 15 de agosto de 2022 asegura que el expresidente Donald Trump pudo haber ordenado una incursión en el domicilio de la exsecretaria de Estado y excandidata a presidenta Hillary Clinton cuando era mandatario. La afirmación es engañosa, pues aunque el Departamento de Justicia, que es una institución que se rige bajo el poder Ejecutivo, puede pedir la apertura de una investigación, este no tiene facultades para disponer redadas.

"Cuando Donald Trump asumió su presidencia en 2017, tuvo la posibilidad de firmar un documento para allanar la residencia de Hillary Clinton, así como lo hicieron con él este 8 de agosto. Sin embargo, Trump decidió no hacerlo", asegura parte de un video difundido en YouTube, Facebook (1, 2), Twitter (1, 2) y sitios web.

Captura de pantalla de una publicación en Facebook realizada el 19 de agosto de 2022

El pasado 8 de agosto de 2022, el expresidente de Estados Unidos Donald Trump informó que su residencia en Florida estaba siendo “allanada” por agentes del FBI, en lo que calificó como un acto de “mala conducta procesal”. El fiscal general Merrick Garland aseguró el 11 de agosto que aprobó “personalmente” la redada. Oficialmente, todavía no se han hecho públicas las razones por las cuales se llevó a cabo dicho procedimiento. Sin embargo, medios estadounidenses tuvieron acceso al inventario de los objetos incautados y hallaron en esa lista, entre otros, documentos clasificados.

Procedimiento legal

AFP Factual conversó con expertos en derecho constitucional e instituciones en Estados Unidos y todos coincidieron en que el sistema legal estadounidense no permite que un presidente “firme un documento para allanar la residencia” de cualquier persona, sea esta una autoridad o exautoridad, o un ciudadano común.

Un presidente no puede firmar una orden de allanamiento. Bajo el sistema de justicia en Estados Unidos, estas deben ser aprobadas por una corte y funcionarios judiciales. Este es el procedimiento inclusive en casos que tienen que ver con seguridad nacional”, dijo a la AFP David Alan Sklansky, profesor de Derecho y codirector del Centro de Justicia Criminal de la Universidad de Stanford, en California.

Ric Simmons, profesor de la Universidad Estatal de Ohio y experto en derecho criminal y procedimientos, añadió que solo jueces y magistrados del poder judicial pueden emitir ese tipo de órdenes. “Ningún presidente puede hacer eso”, aseguró. “El procedimiento adecuado es que el Departamento de Justicia, que es el brazo del poder ejecutivo encargado del cumplimiento de la ley, lleva a cabo una investigación, luego se dirige a un juez o magistrado y pide una orden de allanamiento”. Pero, aunque el Departamento de Justicia forma parte de la rama ejecutiva, este es “independiente de la Casa Blanca”.

Así, el procedimiento legal para solicitar una orden de allanamiento y búsqueda sobre el bien inmueble de una persona investigada es el siguiente:

  1. La autoridad que investiga (Departamento de policía local, FBI u otros organismos federales y estatales) debe entregar una declaración juramentada a un funcionario judicial, juez o magistrado.
  2. Esta declaración juramentada debe ser revisada por el funcionario judicial, quien debe asegurarse de que esta declaración (o afidávit) ofrece una causa probable para pensar que podría hallarse evidencia de un delito en la propiedad a ser allanada.

¿Cuáles son los criterios para determinar que existe una causa probable? Sklansky indicó que no existen parámetros documentados para definirla. “Es difícil decir qué cantidad de pruebas es necesaria para argumentar causa probable, porque la Corte Suprema de Justicia se ha negado a dar una definición precisa en este aspecto. Lo que ha dicho la Corte es que la causa probable es un concepto de sentido común. La idea es que las autoridades deben entregar información que sirva para que se pueda concluir razonablemente que existe una buena posibilidad de hallar evidencias”.

Separación de poderes

En Estados Unidos se conoce como “checks and balances” (pesos y contrapesos) la noción de la separación de poderes del Estado. Este país reconoce oficialmente tres poderes: ejecutivo, judicial y legislativo.

Bajo esa lógica, en Estados Unidos no solo existe separación de poderes, sino que “están compartidos, en un sentido en que cada rama del gobierno tiene una pericia particular en cada área”, dijo a la AFP David Holian, profesor asociado de Ciencia Política de la Universidad de Carolina del Norte en Greensboro.

Así, el Congreso alberga la mayor parte del poder legislativo, el presidente tiene la mayor parte del poder ejecutivo y la rama de justicia alberga la mayor parte del poder judicial. Sin embargo, por ejemplo, el presidente no tiene el 100% del poder ejecutivo. Cuando el presidente nomina a jueces federales o funcionarios de la burocracia, el Senado tiene el derecho y la obligación de confirmar, o no, esas nominaciones. En este caso, el Senado tiene una parte del poder ejecutivo”, aclaró.

Si bien el fiscal general es nominado por el presidente y confirmado por el Senado por mayoría simple, “la idea es que el fiscal general no es el abogado del presidente”, dijo Holian. “No es responsable del bienestar político del presidente. Este representa al pueblo de los Estados Unidos y, así, ha habido una larga tradición, que no está escrita en ninguna ley sino es la manera en que los actores políticos han entendido el Departamento de Justicia a través del tiempo, que este departamento es independiente. Y significa una violación de ese comportamiento normal cuando un presidente presiona a un fiscal general para tomar decisiones en beneficio del presidente por sobre el interés de los ciudadanos”.

Barbara McQuade, profesora de la Universidad de Michigan y experta en derecho criminal, procedimientos y seguridad nacional, coincidió en que no es posible que un mandatario firme una orden de allanamiento. Pero matizó que “no hay estatutos que impidan que un presidente interfiera en el sistema de justicia. Hay una serie de pautas que se han usado desde el escándalo de Watergate, en los cuales el Departamento de Justicia ha actuado de manera independiente y no ha compartido con el presidente detalles de casos que se encuentran en investigación, con el fin de evitar la interferencia política”. Agregó que “si un primer mandatario así lo quisiera, podría cerrar una investigación”.

Según la experta, este tipo de casos se dan sobre todo cuando las relaciones diplomáticas entre países podrían verse afectadas. “La razón por la cual esto es permisible es que detrás hay una pregunta: ‘¿Cuál es el interés mayor de los Estados Unidos?’. Podría ser preferible echar abajo una investigación si se compaginara con el interés diplomático de la nación. Y eso es perfectamente apropiado. Pero si un presidente detuviera un caso para proteger sus intereses personales o políticos, se diría que es algo inapropiado”.

Cuarta enmienda

La mayor garantía de que un presidente no pueda interferir con el trabajo de la justicia y ordenar por cuenta propia un allanamiento se encuentra en la Constitución estadounidense.

El derecho de los habitantes de que sus personas, domicilios, documentos y efectos se hallen a salvo de pesquisas y aprehensiones arbitrarias, será inviolable, y no se expedirán al efecto órdenes judiciales que no se apoyen en un motivo verosímil, estén corroborados mediante juramento o protesta y describan con particularidad el lugar que deba ser registrado y las personas o cosas que han de ser detenidas o embargadas”, dice el texto de la cuarta enmienda a la Constitución, que forma parte de la Carta de Derechos introducida en 1789.

“La cuarta enmienda de la Constitución de Estados Unidos exige que los registros y las incautaciones sean razonables, y la Corte Suprema ha interpretado desde hace tiempo esa disposición en el sentido de que la mayoría de los registros, en particular los domiciliarios, tienen que realizarse en virtud de una orden judicial. Y esa orden tiene que ser emitida por un funcionario judicial, no por un funcionario del poder ejecutivo”, dijo a la AFP Sklansky.

Simmons, en tanto, amplió este concepto y aseguró que existen otras secciones de la Constitución que regulan los posibles abusos del sistema judicial. “Existe una cláusula de debido proceso en la quinta enmienda de la Constitución que limita las acusaciones sin causa probable y los derechos que tienen los ciudadanos ante procedimientos legales”.

Los correos de Clinton

La secuencia viralizada menciona, desde el minuto 1:39, el servidor privado de correo electrónico de la exsecretaria de Estado y excandidata presidencial demócrata Hillary Clinton, un asunto que resultó clave en la campaña de Donald Trump para la presidencia. Durante la misma, Trump expresó en varias ocasiones su intención de llevar a la “cárcel” a Clinton (1, 2).

Los correos de Hillary Clinton provocaron una controversia política desde que ella reconoció en marzo de 2015 que había utilizado una cuenta personal y privada para sus funciones públicas, entre 2009 y 2013. Según sus detractores republicanos, Clinton no usó su cuenta gubernamental para evitar los archivos oficiales. El contenido de algunos de estos e-mails fue recuperado por el comité del Senado que investigaba los hechos ocurridos en la misión diplomática estadounidense de Bengasi, Libia, en 2012.

Hillary Clinton pronuncia un discurso en la Universidad de Columbia, en Nueva York, el 29 de abril de 2015 ( AFP / TREVOR COLLENS)

El atentado de 2012 contra la misión dejó cuatro estadounidenses muertos. Varias investigaciones administrativas y parlamentarias subrayaron los fallos de seguridad y la falta de preparación del gobierno estadounidense para afrontar la situación en Libia mientras Clinton era secretaria de Estado. Convencidos de que la administración Obama intentó ocultar el carácter terrorista del ataque, crearon en la Cámara de Representantes una comisión de investigación especial para Bengasi.

El video asegura, en el minuto 2:12, que Clinton “habría eliminado más de 30.000 e-mails y destruido con ácido las computadoras para que sus discos rígidos fueran irrecuperables”. En su momento, el entonces republicano Trey Gowdy aseguró que el equipo de Clinton había utilizado un programa de código abierto llamado BleachBit para borrar sus correos.

Trump luego se hizo eco (1, 2) de las afirmaciones de Gowdy y sostuvo que usó ese programa para no dejar rastro de los correos eliminados. El republicano reiteró la acusación a lo largo de la campaña y volvió a mencionarlo tras la redada de su residencia en Mar-a-Lago en 2022, según un artículo de The Washington Post. BleachBit es una herramienta utilizada para desfragmentar archivos, liberar espacio en discos sólidos, generar particiones y limpiar memoria RAM, entre otras funcionalidades, para optimizar el funcionamiento de computadores. Su uso forma parte de un conjunto de prácticas para proteger la privacidad.

La grabación viralizada contiene otras alegaciones engañosas. En el segundo 44, asegura que “La BBC informó que cuando [Donal Trump] ganó las elecciones y tenía todo listo para investigar a la ex primera dama, decidió momentáneamente no hacerlo”. El artículo citado no dice que Trump tuviera “todo listo” para investigar a Clinton. Es una noticia que recoge el anuncio del expresidente de no asignar un fiscal especial para investigar sobre los correos electrónicos de la ex secretaria de Estado, a diferencia de lo que había dicho durante la campaña.

La secuencia dice también: “Según informa Sky News, el FBI le dio tiempo a Clinton para borrarlos”, refiriéndose a los correos. La pieza de Sky News es un espacio de opinión llamado “The Bolt Report”, del periodista Andrew Bolt, en donde aparece entrevistada Barbara Heineback, una extrabajadora de la Casa Blanca que anunció su intención de votar por Donald Trump en 2020.

En esta entrevista, Heineback asegura, sin mencionar sus fuentes de información, que Clinton “recibió muchas advertencias para que pudiera tomar sus correos, borrarlos y conservar los correos electrónicos que quisiera; tuvo varios días para hacerlo”. Después, repite la pieza de desinformación antes analizada: “Luego utilizó Bleachbit y ácido para asegurarse de que no pudieran encontrar ninguna información perjudicial o incriminatoria en sus teléfonos y en el ordenador”.

En julio de 2016, el entonces director del FBI, James Comey, dio una declaración pública para presentar el informe de la investigación del caso, en la que dijo: “Como muchos usuarios de correo electrónico, Clinton eliminaba e-mails de manera periódica o algunos e-mails eran purgados cuando los dispositivos eran cambiados. Por el hecho de que no estaba utilizando un correo oficial, o incluso una cuenta comercial como Gmail, no había archivo de los correos (...) Aunque no tenemos visibilidad completa porque no hemos logrado reconstruir por completo el registro electrónico, creemos que nuestra investigación ha sido suficiente para darnos la confianza razonable de que no hubo conducta intencional en conexión con los esfuerzos de filtrar [entre correos oficiales y correos personales al momento de borrarlos]”.

Mal manejo de documentos

El caso de Trump y el de Clinton tienen semejanzas porque ambos están vinculados a un manejo “inadecuado” de documentos clasificados, según McQuade. En el caso de Clinton, el entonces director del FBI, James Comey, dijo que la exfuncionaria y su equipo fueron “extremadamente descuidados” con el manejo de información confidencial. Sin embargo, recomendó no presentar cargos en su contra al no hallar indicios de “intención deliberada”, señaló la académica.

En el caso de Trump todavía no se ha hecho público qué tipo de cargos podrían presentarse en su contra. Sin embargo, consideró McQuade, “aparentemente él ha estado consciente de su posesión de estos documentos clasificados por alrededor de un año y se ha negado a devolverlos”. Añadió que el “factor decisivo” en este caso es si se logra probar que existió la intención deliberada por parte del exmandatario de mantener estos documentos bajo su posesión.

DONALD TRUMP