Integrantes de la extinta guerrilla de las FARC durante una ceremonia en un campamento en las montañas de Colombia, el 18 de febrero de 2016 ( AFP / LUIS ACOSTA)

La despenalización del aborto en Colombia no incluye los casos forzados en el conflicto armado

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Publicaciones difundidas decenas de veces en redes sociales desde el 21 de febrero de 2022 afirman que el fallo de la Corte Constitucional colombiana que despenalizó el aborto hasta la semana 24 de gestación también legalizó los abortos forzados por las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) durante el conflicto armado. Pero no es así. La Corte modificó un artículo del Código Penal referido específicamente a la interrupción voluntaria del embarazo, pero continuaron vigentes los artículos que tipifican el aborto forzado y no consentido.

"Esta es la verdadera razón del fallo sobre el aborto. (...) Rosa blanca denunció a las FARC ante la CPI por los abortos obligados a las niñas reclutadas. Pero con ese fallo de la CConstitucional, el delito de las FARC desaparece", dicen las entradas en Facebook (1, 2). Una versión similar se difundió en Twitter.

Con "Rosa Blanca", los contenidos se refieren a una organización que reúne a mujeres y hombres víctimas de violencia sexual cometida por excombatientes de las FARC.

Captura de pantalla de una publicación en Facebook tomada el 2 de marzo de 2022

Una afirmación similar a la de los mensajes virales hizo la senadora colombiana María Fernanda Cabal, del partido gobernante Centro Democrático, en una entrevista publicada el 1 de marzo de 2022 por el diario El Tiempo, en la que comentó: "Hoy la polarización sobre la decisión de la Corte Constitucional es enorme. Y un permiso de veinticuatro semanas, uno no sabe si es que le están sirviendo a las FARC para limpiarles los crímenes".

Tras sus palabras, la periodista preguntó: "¿O sea, ninguna sanción para los abortos obligatorios de las FARC si fueron antes de seis meses?”, y Cabal contestó: “Así es, ninguna sanción".

Sin embargo, en el Código Penal colombiano continúan vigentes los artículos que tipifican el aborto forzado y no consentido, contrario a lo que afirman la congresista y las publicaciones virales.

Fallo de la Corte

Con la sentencia de la Corte Constitucional proferida el 21 de febrero de 2022, las mujeres en Colombia pueden decidir sobre la interrupción del embarazo por cualquier motivo hasta las 24 semanas de gestación, sin ser castigadas por ello.

Hasta entonces, el aborto sólo se permitía en caso de violación, si la salud de la madre estaba en riesgo o cuando el feto tenía una malformación que comprometiera su supervivencia, excepciones fijadas en 2006.

Fuera de esas excepciones, tanto las mujeres como quienes realizaran el procedimiento médico con su consentimiento eran castigados con penas de hasta tres años de cárcel, pues se configuraba un delito contemplado en el artículo 122 del Código Penal colombiano.

La sentencia del 21 de febrero pasado se refirió solo a ese delito: "La Corte decide la demanda de inconstitucionalidad presentada en contra del artículo 122 de la Ley 599 de 2000, que establece el delito de aborto consentido, a partir de seis cargos de inconstitucionalidad", se lee en su comunicado.

Y resolvió "declarar la exequibilidad condicionada del artículo 122 de la Ley 599 de 2000 (...) en el sentido de que la conducta de abortar allí prevista solo será punible cuando se realice después de la vigésimo cuarta (24) semana de gestación y, en todo caso, este límite temporal no será aplicable a los tres supuestos en los que la Sentencia C-355 de 2006 dispuso que no se incurre en delito de aborto".

Mujeres a favor de la despenalización del aborto en Colombia celebran la decisión de la Corte Constitucional, en Bogotá, el 21 de febrero de 2022 ( AFP / Raúl Arboleda)

Aborto forzado y no consentido

El aborto forzado y el no consentido son delitos contemplados en otros artículos del Código Penal, que no fueron modificados ni mencionados por la sentencia del Constitucional colombiano.

El artículo 123 del Código tipifica el "aborto sin consentimiento" y advierte: "El que causare el aborto sin consentimiento de la mujer o en mujer menor de catorce años, incurrirá en prision de cuatro (4) a diez (10) años".

Y el artículo 139E, adicionado por el artículo 10 de la ley 1719 de 2014, describe: "Aborto forzado en persona protegida. El que con ocasión y en desarrollo del conflicto armado, a través de la violencia interrumpa u obligue a interrumpir el embarazo de persona protegida sin su consentimiento, incurrirá en prisión".

Así lo explicó a AFP Factual la abogada penalista María Camila Correa Flórez, profesora de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario: "Sobre lo que se pronunció la Corte Constitucional fue el artículo 122, del delito de aborto voluntario o consentido. En cambio, el artículo 123, del aborto no consentido, no se tocó bajo ninguna circunstancia porque entre otras cosas ese delito atenta contra la autonomía de las mujeres y su capacidad de decidir".

Respecto a los abortos forzados cometidos en el marco del conflicto, añadió: "Las conductas de abortos forzados como de las que se tiene noticia que se practicaron por parte de las FARC en el marco del conflicto armado se trata de abortos contra la voluntad de la mujer, niña o persona gestante, y por ello mismo estarían enmarcados o en el artículo 123, o en el artículo 139E".

En ello coincide la abogada Cristina Rosero Arteaga, asesora legal del Centro de Derechos Reproductivos y una de las autoras de la demanda que determinó el fallo de la Corte, quien aclaró a la AFP:

Y agregó: "El aborto forzado sigue sin ninguna modificación en el articulo 123 del Código Penal; y en el caso de abortos realizados en el marco del conflicto, en el artículo 139E".

Abortos forzados en las FARC

En septiembre de 2020, el máximo líder de la extinta guerrilla, Rodrigo Londoño, alias "Timochenko", reconoció en una entrevista en radio que ocurrieron interrupciones forzadas a embarazos en ese grupo armado, desmovilizado en 2016, aunque advirtió que no era una "política" del movimiento.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal que juzga crímenes del conflicto colombiano, ha informado que el 42,6% de las investigaciones por violencia sexual y de género en menores de edad, en el marco del conflicto, se han acreditado por prácticas de aborto forzado, con corte a febrero de 2022.

En 2017, España extraditó a Colombia a Héctor Albeidis Arboleda, alias "El enfermero", señalado de interrumpir a la fuerza el embarazo de "cientos de integrantes de los grupos armados ilegales", entre ellos, de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), según la Fiscalía colombiana.

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