La guardia indígena de Colombia vigilaba a hombres armados acusados de asesinato

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Una imagen ha sido compartida al menos 5.700 veces desde el 17 de agosto pasado con la afirmación de que muestra a indígenas custodiados por disidentes de la disuelta guerrilla de las FARC en Colombia. Sin embargo, retrata todo lo contrario: miembros de la guardia indígena del departamento del Cauca (suroeste) vigilaban a hombres señalados por esa autoridad como disidentes de ese grupo armado acusados del asesinato de un miembro de una comunidad local. 

“No jodas, ahora los indígenas del #Cauca son custodiados por las disidencias de las #FARC... La hipocresía en una foto”, dicen estas publicaciones en Facebook (1, 2, 3) y Twitter que comparten la imagen.

Captura de pantalla tomada el 21 de agosto de 2020 de una publicación en Facebook

Justicia indígena

Una búsqueda inversa de la foto en Google mostró entre los resultados varios registros de prensa (1, 2, 3) según los cuales el pasado 13 de junio la guardia indígena -organismo ancestral que actúa en defensa del territorio- inició la persecución y capturó a siete hombres fuertemente armados”, por el presunto asesinato de un comunero en el Cauca (suroeste).

Los chalecos azules que usan algunas personas en la fotografía tienen la insignia Çxhab Wala Kiwe, que pertenece a la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (también llamada ACIN). En su página web, esa asociación publicó el pasado 13 de junio un comunicado en el que informaba sobre la detención.

En Colombia, de acuerdo con el artículo 246 de la Constitución, “las autoridades de los pueblos indígenas pueden ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución y leyes de la República”.

Comparación hecha el 21 de agosto de 2020 entre una de las publicaciones virales (izquierda) y una foto tomada el 17 de julio de 2018 donde se ve a miembros de la guardia indígena en Caloto, Cauca

De acuerdo con el documento de ACIN, el hecho ocurrió tras el asesinato de Jesús Antonio Rivera, de 32 años, indígena del resguardo de Huellas, en el municipio de Caloto en Cauca y la guardía indígena inició la “persecución de los asesinos”.

“Tres horas después se dio alcance a los responsables que fueron capturados (7 hombres fuertemente armados), los cuales están ahora en disposición de la jurisdicción indígena local”, indica el comunicado.

El mismo documento fue replicado por el Consejo Regional Indígena el Cauca (CRIC), una asociación a la que pertenece una amplia mayoría de los cabildos y comunidades de ese departamento.

AFP Factual se comunicó vía telefónica con Mauricio Capaz Lectamo, coordinador de derechos humanos de los cabildos indígenas, ACIN, quien confirmó la información del comunicado y explicó el origen de la foto.

“En la foto se ve a miembros de la guardia indígena, que son nuestro apoyo operativo,  haciéndole un cerco de custodia a estos jóvenes y que dijeron ser de la estructura [subgrupos de ese grupo armado] ‘Dagoberto Ramos’ de las disidencias de las FARC [Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia] (...)  Generalmente en este tipo de persecuciones se cuenta 100 miembros o más de la guardia contra los perseguidos. Además, se cierran todas las vías de acceso. No hay una acción operativa si no se empieza un proceso de diálogo para quitarle las armas y/o hacerlo entrar en razón. Eso puede durar una hora o más hasta que las entregan”, explica Capaz. 

Y agrega que en el caso de la foto el cerco se hizo con un doble objetivo: “El primero se dio porque ese día fue compleja la situación y la comunidad quería tomar justicia por mano propia, entonces se estaba evitando eso. Y el otro es que la guardia debe llevar a los responsables ante la Justicia Especial Indígena, que fue lo que sucedió posteriormente”.

El coordinador explica que en este caso todas las condiciones jurisdiccionales estaban dadas para la aplicación de la justicia indígena: “El hecho sucedió en territorio indígena, la víctima era comunero del resguardo y los victimarios también eran miembros de la comunidad indígena, al servicio de un grupo armado”, señaló.

Tres días después los siete presuntos guerrilleros fueron presentados ante las autoridades indígenas que los condenaron de acuerdo con sus costumbres, según relató Capaz.

En efecto, el pasado 16 de junio el CRIC publicó un comunicado dando a conocer los “remedios”, como se denomina a la condena en la justicia indígena. Varios medios nacionales registraron la noticia (1, 2, 3).

En ese documento se afirma que los detenidos eran integrantes de la “estructura Dagoberto Ramos”, de las FARC.

Los dos jóvenes que fueron encontrados responsables de accionar el arma fueron condenados a 25 años en patio prestado, que es la privación de libertad en cárceles de la justicia ordinaria, y nueve latigazos. Otros dos recibieron como condena cinco años de prisión y el resto fue sometido a 41 latigazos y tres años de trabajo comunitario.  

Esa guerrilla, la más antigua de América Latina, firmó en 2016 un acuerdo de paz que la convirtió en un grupo político. Si bien el grueso del grupo armado se desmovilizó, unos 2.300 combatientes distribuidos en varias facciones conforman las llamadas disidencias, que según inteligencia militar se dedican mayoritariamente al narcotráfico y la minería ilegal. 

La foto y el mensaje circulan en momentos en que al menos cinco indígenas han perdido la vida en circunstancias violentas. El pasado 18 de agosto, tres indígenas fueron asesinados en el departamento de Nariño (suroeste).

El 13 de agosto, otros dos indígenas habían muerto en medio de enfrentamientos con la fuerza pública en el municipio de Corinto, Cauca, durante un desalojo. 

La Organización Nacional Indígena de Colombia denunció que al menos 167 indígenas han sido asesinados desde que el presidente Iván Duque asumió el poder el 7 de agosto de 2018. Los indígenas representan cerca del 4% de los 50 millones de colombianos. 

En resumen, la imagen no muestra a disidentes de la disuelta guerrilla de las FARC custodiando a indígenas colombianos; por el contrario, son miembros de la guardia indígena del departamento del Cauca vigilando a un grupo de hombres acusados de la muerte de un comunero.