España ha derribado 559 azudes en más de 20 años, pero no es la causa de la sequía

Desde antes del 2000 y hasta el 2021 han sido derribados 559 azudes, pequeñas presas, en España. Un mensaje, compartido miles de veces en redes sociales desde finales de febrero de 2024, vincula la desaparición de estas infraestructuras con la sequía y un posible encarecimiento intencionado del agua. Sin embargo, el Gobierno español lo hace en cumplimiento de la normativa europea y los expertos subrayan que quitar esas barreras fluviales mejora la calidad y el almacenamiento hídrico para uso humano.

Los mensajes virales destacan la cifra de “560 presas, azudes y molinos derribados” y aportan un documento que registra cada infraestructura referida. 

La afirmación fue compartida en Facebook y páginas web, así como en video en X, YouTube, Telegram y TikTok, acumulando decenas de miles de reproducciones. Durante los más de seis minutos de secuencia, un hombre y una mujer desgranan el “escándalo hídrico” que, a su juicio, supone la “auténtica barbaridad” del derribo de presas en España

Los protagonistas afirman, entre otras cosas, que “un 90%” de las infraestructuras derribadas “no ha mejorado el entorno” y a los ecologistas “se les olvida que los seres humanos estamos en el medio y necesitamos agua”. “¿Qué pasa con los agricultores que necesitan azudes para desviar el río?”, se pregunta el hombre que interviene en primer lugar.

Según la otra participante en el video, las autoridades fluviales cumplen “órdenes del Ministerio de Transición Ecológica” dirigidas a cambiar la propiedad del agua. Los planes hidrológicos, por los que se regula el agua en España, “significan quién tiene derecho a hacer negocio con el agua, quién tiene derecho a cobrar por el agua y quién se va a hacer el dueño de nuestra sed”, expresa la mujer.

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Captura de pantalla de una publicación en Facebook realizada el 6 de marzo de 2024

Detrás de la grabación está una organización de usuarios y consumidores de agua que asegura que no existe la sequía y alerta de la posible privatización de los recursos hídricos. 

España sufre una sequía histórica, con olas de calor recurrentes en verano y agravada en el invierno boreal de 2024 con el mes de enero más cálido desde que existen registros. Regiones como Cataluña están ya en situación de emergencia.

La reserva hídrica española se encontraba en el 54,7% de su capacidad a fecha de publicación de este artículo. La situación de los embalses y la producción de energía hidroeléctrica de España puede consultarse aquí.

Azudes y presas obsoletos

El ingeniero español Francisco Flores, vicepresidente de la Sociedad Española de Presas y Embalses (SEPREM), definió para AFP Factual una presa como “cualquier obstáculo que hay en un río” que se construye “para guardar el agua”

Raúl Sánchez Calvo, profesor del departamento de Ingeniería Agroforestal de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas (ETSIAAB), de la Universidad Politécnica de Madrid ayudó a distinguir presas de azudes, ya que estos “son pequeñas presas” cuyo objetivo tradicionalmente era captar el líquido, aprovechando en ocasiones un salto de agua para su construcción. Son lugares en los que “antiguamente había un molino”, por ejemplo, recordó el experto.

En su cuenta en X, el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico defendió en mayo de 2023 la retirada de las estructuras en desuso:

Aunque en el vídeo viral se insiste en que han conseguido en un documento reunir todas las presas y azudes derribados, tal información es pública y está disponible en el sitio web del Ministerio. 

César Rodríguez, secretario general de la Asociación para el Estudio y Mejora de los Salmónidos (AEMS) - Ríos con Vida, subrayó a AFP Factual el 5 de marzo de 2024 que los datos que están disponibles llegan hasta 2021, pero abarcan desde antes del año 2000. 

“Hay que pensar que 560 barreras demolidas en unos 30 años es un récord bastante pobre”, dijo. Además, el dato se refiere únicamente a los azudes, sin contar saltos hidrográficos ni presas.

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Captura de pantalla, realizada el 12 de marzo de 2024, de una página web del Ministerio de Transición Ecológica

“En general son azudes que ya no se usaban, abandonados”, destacó Rodríguez, que amplió: “En origen tampoco servían para formar embalses que almacenasen agua, sino solamente para derivar el agua hacia algún uso”.

Las presas y azudes “pueden cumplir funciones útiles, pero si resultan abandonadas ya nadie se ocupa de su mantenimiento, y entonces pueden ocasionar diversos problemas, empezando por la seguridad” e “impidiendo el libre movimiento de diversas especies” animales, en palabras del experto. 

“Las presas y azudes que siguen en uso se seguirán manteniendo”, pero la interposición de estas barreras en las cuencas fluviales “ocasiona otros muchos perjuicios” como “el retroceso de deltas y estuarios, con salinización y pérdida de tierras agrícolas”, entre otros.

El departamento de prensa del Ministerio de Transición Ecológica subrayó a AFP Factual el 5 de marzo: “Somos un país que, por tradición, desde hace siglos ha venido acumulando pequeñas instalaciones, pequeñas infraestructuras, incluso para el uso de molinos de agua, que con el tiempo caen en desuso”. Entonces “se convierten en un riesgo para que el agua pueda circular, para que no haya una acumulación de residuos” y que el río “pueda fluir naturalmente”, por lo que se van retirando tales barreras.

Los Planes Hidrológicos, dentro de la normativa europea

“Los Planes Hidrológicos no constituyen una arbitrariedad del Gobierno de España ni de ningún otro gobierno nacional” en la Unión Europea (UE), señaló la fuente ministerial, recordando que esa normativa es una “obligación legal” por la Directiva Marco del Agua, destinada a “establecer normas para detener el deterioro del estado de las masas de agua de la UE y lograr un buen estado para los ríos, lagos y aguas subterráneas”, a nivel químico y ecológico. 

En el vídeo viral hay una referencia a los “derechos históricos del agua”, sobre la que César Rodríguez advirtió: “En España, las aguas superficiales son públicas al menos desde 1879 y, desde entonces, el Estado concede derechos de uso de esa agua a particulares o entes públicos para determinados usos mediante concesiones administrativas, a las que asocian infraestructuras específicas”, como pueden ser los azudes en ciertos casos.

La planificación hidrológica española comenzó a principios del siglo XX, recordó Rodríguez, pero el agua en el país no tiene “propietarios” sino “concesionarios con derechos” para “usos determinados”. Lo que sí hay son “empresas públicas o privadas que gestionen los sistemas de abastecimiento urbano”. La “semiprivatización”, como refirió Rodríguez, “sí puede suscitar las apetencias de inversores privados”, y a ella “en general se oponen prácticamente todas las organizaciones ambientalistas, conservacionistas o ecologistas en España”.

“En los próximos años caducarán por extinción del plazo otorgado numerosas concesiones, incluyendo algunas presas cuya continuidad no resulta rentable o viable”, apuntó Rodríguez, y destacó al respecto que los “grandes concesionarios, como las grandes compañías eléctricas (...) quieren ahorrarse el coste de la restauración de los ríos”.

Para César Rodríguez: 

“El problema de la agricultura de regadío y de la hidroeléctrica no es que no haya embalses, sino que estos se vacían y no se llenan porque no llueve. Lo que puede contribuir a encarecer el precio del agua puede ser la falta de la misma”.

La fragmentación de los ecosistemas fluviales es “uno de los factores de deterioro más importantes”, que contribuye a la “alarmante pérdida de biodiversidad en las aguas continentales europeas”, según Rodríguez, siendo España uno de los países con mayor número de barreras artificiales en ríos.

Referencias:

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