El gobierno chileno firmó un convenio que destina 14 mil pesos a tres menús diarios por migrante

“Adjudicaron a una persona natural $ 751.842.000 para 'SERVICIO ALIMENTACIÓN POBLACIÓN MIGRANTE' por 6 meses, o sea, 125 millones/mes, 4 millones/dia, a $ 14.000 cada menú”, aseguran publicaciones acompañadas por la captura de una orden de compra estatal, compartidas en Facebook y Twitter, ahora llamado X.

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Captura de pantalla de una publicación en X hecha el 31 de julio de 2023

El gobierno chileno atraviesa una crisis de credibilidad que comenzó tras la publicación, a mediados de junio de 2023, de un reportaje que reveló tres convenios por 426 millones de pesos (aproximadamente 517.600 dólares) firmados entre la Fundación Democracia Viva y el secretario regional del Ministerio de Vivienda en Antofagasta, Carlos Contreras. La investigación expuso que, a pesar de solo tener experiencia en difusión de procesos políticos, la fundación se adjudicó recursos dirigidos a barrios pobres y que ambas partes tenían lazos con Revolución Democrática, partido que integra la coalición oficialista.

Tras ello, una serie de publicaciones informaron sobre otros convenios (1, 2, 3) sostenidos por el gobierno y personas contratadas por el Estado.

Esto llevó a que la Contraloría General de la República (CGR) revisara 34 acuerdos entre instituciones públicas y fundaciones, y que el 29 de julio de 2023 declarara que 30 contratos por un total de 13 mil millones de pesos chilenos (15,4 millones de dólares) no cumplen con los estándares legales de la administración pública.

Desayuno, almuerzo y cena

En este contexto, se ha cuestionado en redes sociales un convenio vinculado a la orden de compra 802970-11-SE23 de la Delegación Presidencial de la Región de Tarapacá (norte). Tras una búsqueda en la plataforma Mercado Público, la AFP accedió al documento que expresa montos pactados con un particular para la entrega de alimentos a “personas migrantes que ingresen y alojen en el refugio transitorio de Playa Lobito emplazado en la comuna de Iquique”, según lo establecido en la Resolución Exenta N°125 del 23 de marzo de 2023, que acompaña el contrato.

Los usuarios en redes sociales calculan que el contrato, firmado por un total de 751.842.000 pesos chilenos, significa que el gobierno pagó 14 mil pesos chilenos por cada menú entregado a los migrantes.

La resolución informa que el gobierno efectivamente gasta 13.685 pesos (16 dólares) al día en alimentos por cada migrante, pero este monto corresponde a tres distintos menús: desayuno, almuerzo y cena. El valor unitario del desayuno, expresa el documento, es de 3.213 pesos chilenos (3.75 dólares); el almuerzo sale 5.236 pesos (6 dólares), y la cena, otros 5.236 pesos.

Según lo dispuesto en la resolución, el contrato empezó a regir el 16 de marzo y se extenderá por seis meses, hasta el 12 de septiembre de 2023. El servicio contratado atenderá 300 personas.

Contactada por la AFP, la Delegación Presidencial Regional de Tarapacá informó, a través de un comunicado, que tuvo que finalizar el contrato con el proveedor anterior del servicio el 2 de marzo de 2023, por lo que se gestionó la autorización de transferencia de fondos para una nueva contratación que diera seguimiento a la entrega de alimentos. Este trámite, afirmó, garantizó “el servicio de alimentación en el Dispositivo ubicado en Playa Lobitos, por un periodo de 6 meses, lo cual aseguraba estándares alimentarios y humanitarios mínimos en la respuesta del Gobierno de Chile a la situación migratoria en dicha localidad”.

Mencionó también que Orozimbo Robledo (el proveedor contratado por el Estado) fue el único oferente y que “ha sido proveedor hace más de una década y con experiencia reconocida dentro del rubro”.

Finalmente, señala que la orden de compra se realiza por el máximo imponible, pero “el pago final se establece en función de las raciones efectivamente entregadas y acreditadas por los funcionarios correspondientes”.

Sobre la iniciativa, el vocero de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes en Chile, Juan Carlos Perez, aseguró a la AFP: “Este tipo de ayudas, que en este caso es muy puntual, sería muy interesante que se convirtiera en una política pública, ya que estamos viviendo una crisis mundial producto de la inflación y el covid-19”.

Referencias

• Orden de compra N°802970-11-SE23
• Resolución exenta N°125, del 23 de marzo de 2023