Registros oficiales contabilizan 197 desaparecidos víctimas del Estado uruguayo entre 1968 y 1985

“Cuando te hablen de desaparecidos recordales. El informe final de la Comisión para la Paz (10/04/2023), conformada por la Iglesia, partidos políticos (Blanco, Colorado, Frente Amplio), Serpaj y el Pit-CNT, daba cuenta que el total de desaparecidos en URUGUAY entre 1973 y 1985, fue de 32 personas (31 confirmados y 1 parcialmente). Todo lo demás es curro”, dicen publicaciones compartidas desde el 19 de mayo de 2023 en Twitter y Facebook.

“¡Se ha comprobado que varios ‘desaparecidos’, no lo eran!”, se lee en otros contenidos (1, 2).

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Captura de pantalla de un tuit hecha el 25 de mayo de 2023

El contenido comenzó a circular en mayo, mes en el que se conmemora anualmente la Marcha del Silencio, que recuerda a los desaparecidos durante las acciones ilegítimas del Estado uruguayo entre 1968 y 1985.

El origen de la cifra 32

El número 32 surgió del informe final de la Comisión para la Paz (Comipaz), instancia previa a la actual Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente. Esa Comisión fue creada el 9 de agosto del 2000, durante el gobierno de Jorge Batlle (2000-2005), con el objetivo de determinar la situación y el destino de los detenidos desaparecidos víctimas de los aparatos represivos del Estado uruguayo en esos años, dentro y fuera de las fronteras uruguayas.

La Comipaz estuvo integrada originariamente por monseñor Nicolás Cotugno; el presbítero Luis Pérez Aguirre, sacerdote jesuita fundador de la sección uruguaya del Servicio Paz y Justicia (SERPAJ); el señor José D'Elía, cofundador del opositor Frente Amplio; y los doctores José Claudio Williman, del oficialista Partido Nacional; Gonzalo Fernández, también del Frente Amplio, y Carlos Ramela Regules del Partido Colorado, integrante de la coalición oficialista. Tras el fallecimiento de Aguirre, lo reemplazó el presbítero Jorge Osorio.

Entre las conclusiones del informe, se explica que se recibieron 38 denuncias referidas a personas presuntamente desaparecidas en el territorio uruguayo, de las cuales 32 involucraban a ciudadanos uruguayos y seis a ciudadanos argentinos.

En 2003, el Poder Ejecutivo firmó un decreto en el que aceptó el informe final de Comipaz como “versión oficial” de los descubrimientos hasta ese entonces; sin embargo, en el correr de los años, la investigación continuó y se amplió.

A 2023 se contabilizan 197 desaparecidos

Ya en junio de 2022, cuando se viralizaron mensajes similares, AFP Factual se comunicó con el historiador Álvaro Rico, coordinador entre 2005 y 2016 del equipo de investigación histórica sobre detenidos desaparecidos y asesinados políticos bajo la responsabilidad del Estado uruguayo.

Para el especialista, la cifra de 32 se utiliza como una “semiverdad” para “minimizar la cantidad de víctimas y responsabilidad del Estado uruguayo y confundir a los actuales lectores”, dijo.

A la fecha de esta verificación se registran 197 desapariciones entre 1968 y 1985, de acuerdo con el listado de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente de Presidencia de la República, entidad que continuó y amplió la tarea de la Comipaz y que, a 2023, sigue trabajando. El número no responde solo a las desapariciones producidas en Uruguay, sino todas aquellas donde el Estado uruguayo tuvo responsabilidad.

A diferencia del número 197, la cifra 32 “nunca tuvo en cuenta las desapariciones de uruguayos en el exterior (...) como resultado de las coordinaciones represivas comprobadas y el Plan Cóndor”, así como tampoco “los probables traslados ilegales de grupos de prisioneros desde Argentina a Uruguay, desaparecidos finalmente en Uruguay”, explicó Rico.

Esta cifra fue confirmada a la AFP por el fiscal uruguayo de Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe: “32 es absolutamente mentira; el número que hoy se maneja de manera oficial, ya sea por la Secretaría de Derechos Humanos del Pasado Reciente, los familiares [de los detenidos desaparecidos] y la Fiscalía, es de 197”.

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Marcha del Silencio, que recuerda a los desaparecidos durante la última dictadura en Uruguay, en Montevideo, el 20 de mayo de 2023 ( AFP / Pablo Porciúncula)

Otras publicaciones que circulan en redes (1, 2) señalan erróneamente que el dato de 32 desaparecidos en Uruguay fue “firmado” por Tabaré Vázquez durante uno de sus períodos de presidente (2005-2010 y 2015-2020).

En 2006 Vázquez firmó una resolución en la que daba por culminada la primera etapa de la investigación sobre desapariciones forzadas en Uruguay. Un año después, presentó a la ciudadanía cinco volúmenes de la investigación histórica sobre detenidos desaparecidos, coordinada por Rico.

El estudio, que volvió a publicarse en 2008 con “elementos de juicios adicionales”, detalla que la lista de los detenidos desaparecidos fue confeccionada con base en los datos del informe final de la Comipaz, y aclara que el listado es “parcial y posible de ampliar” con la obtención de nueva información con el avance de investigaciones históricas y arqueológicas o causas y sentencias judiciales. En ese entonces, se contabilizaron 172 casos de personas detenidas desaparecidas.

Una investigación que continúa

En julio de 2015, ante datos erróneos que se difundieron en medios de comunicación, la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente aclaró que en ese entonces el registro era de 192 personas.

Ya en 1985, el informe de la Comisión Investigadora sobre Situación de Personas Desaparecidas y Hechos que la Motivaron había planteado una cifra de 165 detenidos desaparecidos.

“La lista de detenidos desaparecidos es una construcción que no termina (...) porque en la medida que la investigación se profundiza y se amplía, va quedando más claro el tipo de dinámica represiva desplegada por el Estado uruguayo, entonces, también aparecen nuevos casos”, señaló en 2022 a AFP Factual la politóloga Fabiana Larrobla, coordinadora del equipo de investigación histórica entre 2017 y 2020.

Si bien la cifra oficial es 197, esta puede variar, pues el fenómeno de la desaparición forzada “no está determinado”, explicó Larrobla. “Hay casos cuyas denuncias nunca fueron descartadas, pero tampoco nunca fueron corroboradas porque no se continuaron con los trámites de indagación sobre personas presuntamente desaparecidas. Yo, que conozco la lista y la he estudiado, puedo decir que hay una cantidad considerable que, a mi entender, configuran casos de desaparición forzada. Con todo esto, diría que extraoficialmente podríamos estar hablando de 220-230 desaparecidos por responsabilidad del Estado uruguayo”, agregó.

Referencias

• Informe final de la Comisión para la Paz
• Decreto de 2003 (1, 2)