Jack Smith fue nombrado para investigar a Trump por el fiscal general, no por Biden

“Como en una república bananera, Biden designa a un fiscal especial para que investigue a Trump, dos días después de anunciar su candidatura a presidente”, asegura una de las publicaciones que circulan en Twitter y Facebook (1, 2) y que han sido compartidas más de 140 veces.

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Captura de pantalla de un tuit hecha el 23 de noviembre de 2022

El Departamento de Justicia de Estados Unidos nombró el 18 de noviembre de 2022 a Jack Smith como fiscal especial para supervisar las investigaciones penales sobre Donald Trump, tres días después de que el expresidente (2017-2021) anunció una nueva postulación a la Casa Blanca en 2024.

El fiscal general, Merrick Garland, anunció ante la prensa el nombramiento de Smith, quien fue fiscal en jefe en el tribunal de La Haya encargado de investigar los crímenes de guerra de Kosovo. Smith prometió en un comunicado actuar en forma "rápida y minuciosa" y de manera "independiente" y ajustada "a la ley y a los hechos". Trump tachó de "política" e "injusta" la designación de Smith.

Trump es investigado por guardar documentos gubernamentales que fueron descubiertos en una redada del FBI en su mansión en Florida cuando ya había dejado la Casa Blanca y por su implicación en el asalto de 2021 al Capitolio por una turba de sus seguidores que pretendía anular los resultados de las elecciones de 2020.

Figura legal

David Alan Sklansky, profesor de Derecho y codirector del Centro de Justicia Criminal de la Universidad de Stanford, en California, aseguró a AFP Factual que el presidente de Estados Unidos no tiene la potestad de nombrar a un fiscal especial. Quien tiene ese poder es el fiscal general.

Un fiscal especial, dijo Sklansky, se designa “cuando hay razones para pensar que la imparcialidad de la investigación podría ponerse en duda o que el público podría perder la confianza en la objetividad e imparcialidad de la investigación si ésta no estuviera aislada de los canales normales de influencia política en el Departamento de Justicia”.

“Como con cualquier presidente con su fiscal general, Joe Biden está indirectamente involucrado [en el nombramiento de Jack Smith], en el sentido en que nominó a Merrick Garland para ser fiscal general y esta candidatura fue confirmada por el Senado. Y el jefe de Merrick Garland es Joe Biden”, dijo a la AFP David Holian, profesor asociado de Ciencia Política de la Universidad de Carolina del Norte en Greensboro.

“Por tradición, el presidente hace todo lo posible, en circunstancias normales, para no interferir en los asuntos del fiscal general porque el fiscal general no es el abogado del presidente. El fiscal general es el abogado del pueblo. Es el máximo responsable de la aplicación de la ley en Estados Unidos, no el abogado”, agregó Holian.

Sklansky aseguró que el rol que toma el Departamento de Justicia en estos casos es distinto al que desempeña en investigaciones criminales comunes. “Normalmente hay una cadena de mando en el Departamento de Justicia y las decisiones críticas subirán por esa cadena de mando”, sostuvo. Cuando se nombra a un fiscal especial, todas las decisiones sobre la investigación son hechas por este y los investigadores están bajo su supervisión.

Agregó que “el reglamento del Departamento de Justicia establece que las decisiones clave del caso serán remitidas al fiscal general para que este tenga la capacidad de anular al fiscal especial con respecto a las decisiones clave de la investigación. Pero en el curso normal de la investigación, todas las decisiones que son tomadas por el fiscal especial están por fuera de la cadena de mando en el Departamento de Justicia”. En otras palabras, la única persona a la cual responde un fiscal especial es al fiscal general.

Historia de los fiscales especiales

La figura del fiscal especial para casos de alto perfil político no es nueva. Sklansky comentó que “hay muchos” precedentes históricos, “especialmente si se incluyen también los casos en los que se nombraron fiscales independientes”.

En 1978, el Congreso de Estados Unidos aprobó la figura de los fiscales independientes para casos en los cuales “la objetividad del Departamento de Justicia podría ser cuestionada y esos nombramientos no fueron hechos por el fiscal general, sino por un tribunal”, aseguró Sklansky. Los fiscales independientes solían tener aún más poderes que los fiscales especiales, pero aquella figura fue eliminada en 1998 y, con ello, se retornó al nombramiento de fiscales especiales.

Sklansky mencionó que, por ejemplo, para la investigación del caso Watergate, en el cual Richard Nixon (1969-1974) se vio implicado, se nombró un fiscal especial. David Holian agregó que, durante el transcurso del caso, Nixon pidió al fiscal general que despidiera a los fiscales especiales que lo investigaban. Este se negó y renunció, por lo cual Nixon repitió el pedido al fiscal general encargado, que también se negó y renunció.

Posteriormente, una vez que se aprobó la ley de fiscales independientes, se usó esta figura para investigar el caso Irán-Contra, en el que “la administración [de Ronald] Reagan [1981-1989] desvió fondos que debían ser destinados a Irán para armar a los contras en Nicaragua”. Inclusive se nombró a un fiscal independiente para investigar la relación de Bill Clinton (1993-2001) con Monica Lewinsky, en ese entonces pasante de la Casa Blanca.

Separación de poderes

En Estados Unidos se conoce como “checks and balances” (pesos y contrapesos) la noción de la separación de poderes del Estado. Se reconocen oficialmente tres poderes: ejecutivo, judicial y legislativo.

Bajo esa lógica, no solo existe separación de poderes, sino que “están compartidos, en un sentido en que cada rama del gobierno tiene una pericia particular en cada área”, aseguró David Holian.

“Así, el Congreso alberga la mayor parte del Poder Legislativo, el presidente tiene la mayor parte del Poder Ejecutivo y la rama de justicia alberga la mayor parte del Poder Judicial. Sin embargo, por ejemplo, el presidente no tiene el 100% del Poder Ejecutivo. Cuando el presidente nomina a jueces federales o funcionarios de la burocracia, el Senado tiene el derecho y la obligación de confirmar, o no, esas nominaciones. En este caso, el Senado tiene una parte del Poder Ejecutivo”, aclaró.

Si bien el fiscal general es nominado por el presidente y confirmado por el Senado por mayoría simple, dijo Holian, “no es responsable del bienestar político del presidente. Este representa al pueblo de los Estados Unidos y, así, ha habido una larga tradición, que no está escrita en ninguna ley sino es la manera en que los actores políticos han entendido el Departamento de Justicia a través del tiempo, que este departamento es independiente. Y significa una violación de ese comportamiento normal cuando un presidente presiona a un fiscal general para tomar decisiones en beneficio del presidente por sobre el interés de los ciudadanos”.