Ley de Illinois que elimina la fianza en efectivo sí prevé prisión preventiva para delitos graves

“DEMÓCRATAS DE ILLINOIS ELIMINARON SISTEMA DE FIANZA PARA DELITOS GRAVES Asesinato en 2do. Grado. Agresión agravada. Incendio premeditado. Secuestro. Homicidio inducido por drogas y saqueo. Ahora cuando los capturen se van a casita a esperar el juicio”, asegura una publicación en Twitter. Entradas en Facebook también contienen una narrativa similar.

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Captura de pantalla de un tuit realizada el 22 de septiembre de 2022

El gobernador de Illinois, el demócrata J.B. Pritzker, firmó en enero de 2021 la Ley de Seguridad, Responsabilidad, Justicia y Equidad (SAFE-T, por sus siglas en inglés).

Los defensores de esa legislación afirman que sus disposiciones -incluida la eliminación de la fianza en efectivo para el 1 de enero de 2023- ayudarán a reformar la responsabilidad policial, las sentencias y la supervisión electrónica. Esto responde al movimiento nacional por la equidad en el sistema de justicia penal estadounidense, que afecta desproporcionadamente a las comunidades desfavorecidas y deja a muchos esperando en una cárcel sin condena porque no pueden pagar la fianza.

Muchos republicanos se opusieron a la ley por motivos de seguridad pública. Ahora, cuando se acercan las elecciones de medio mandato, que se celebrarán el 8 de noviembre de 2022, la ley ha vuelto a ser un punto de controversia.

En septiembre, las autoridades de Illinois alertaron sobre una serie de periódicos no oficiales que se han repartido en el estado. La ley SAFE-T fue uno de los temas más atacados por estos suplementos propagandísticos que se camuflaban como informativos.

Lo que dice la ley

Las afirmaciones que circulan en redes sociales se refieren a la Ley de Equidad Previa al Juicio (PFA, por sus siglas en inglés), un componente de la Ley SAFE-T que cambia los procesos de las audiencias de liberación y detención previas al juicio.

Aunque la legislación prevé la eliminación de la fianza en efectivo, que muchos tribunales utilizan como garantía para que los acusados vuelvan para ser juzgados, esto no impediría a los jueces encarcelar a las personas señaladas por delitos graves mientras esperan el juicio.

Sharone Mitchell, defensora pública del condado de Cook, Illinois, dijo al equipo de verificación de la AFP en un correo electrónico que la legislación crea "una audiencia de detención en la que el juez debe considerar las pruebas aportadas por la Fiscalía y luego tomar una decisión sobre la detención preventiva".

"En el caso de delitos graves y violentos, los fiscales pueden argumentar la detención basándose en normas de seguridad pública o de riesgo de fuga", dijo. "Los fiscales también pueden solicitar la detención si la persona violó los términos de su liberación o sentencia en un caso anterior", apuntó.

Los delitos enumerados en las publicaciones viralizadas -como homicidio en segundo grado y agresión con agravantes- son faltas por las que los jueces podrían denegar a los acusados la libertad provisional, según la PFA.

En su artículo 109.1, la legislación establece que “una persona detenida con o sin orden judicial por un delito por el que se puede denegar la libertad provisional en virtud de la Sección 110-6.1 serán llevados sin demora innecesaria ante el juez más cercano y accesible en ese condado”.

Esto incluye los siguientes delitos: “Traición, asesinato en primer grado, asesinato en segundo grado, asalto sexual criminal predatorio de un niño, asalto sexual criminal agravado, asalto sexual criminal, robo, robo con allanamiento de morada, incendio agravado, incendio provocado, secuestro agravado, secuestro, agresión agravada con resultado de gran daño corporal o discapacidad permanente o desfiguración y cualquier otro delito grave que implique el uso o la amenaza de fuerza física o violencia contra cualquier individuo”.

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El Departamento Correccional del Condado de Cook (CCDOC), que alberga una de las mayores cárceles del país, se ve en Chicago, Illinois, el 9 de abril de 2020 ( AFP / KAMIL KRZACZYNSKI)

David E. Olson, codirector del Centro de Investigación, Política y Práctica de la Justicia Penal de la Universidad Loyola de Chicago, explicó a la AFP que las afirmaciones que circulan en redes sociales "ofrecen una imagen incompleta" de la legislación.

"Parte del argumento de la ley es que si alguien representa un peligro para la sociedad, y se le acusa de un delito grave, entonces debemos retenerlo para proteger a la sociedad", dijo. "No deberíamos supeditar la seguridad pública a que ellos o sus amigos o familiares puedan reunir el dinero suficiente para sacarlos", completó.

Alexa Van Brunt, directora de la Clínica del Centro de Justicia MacArthur de la Facultad de Derecho Pritzker de Northwestern, precisó a la AFP que los jueces "siempre han tenido la capacidad de retener a las personas sin fianza si presentan una amenaza real para la seguridad que se demuestra con pruebas claras y convincentes".

"Y eso no va a cambiar", dijo. "La diferencia ahora es que los jueces no pueden usar fianzas en efectivo en lugar de pruebas de una amenaza para retener a las personas", matizó.

"Las disposiciones de la reforma de la fianza de la Ley SAFE-T facultan a los jueces para centrarse únicamente en las amenazas de los acusados a la seguridad pública y en mantener a los delincuentes peligrosos fuera de las calles", expuso también a la AFP el miembro de la Cámara de Representantes estatal de Illinois Justin Slaughter, un patrocinador demócrata del proyecto de ley, en un correo electrónico.

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