A junio de 2022, el candidato del PSOE a presidir la Junta andaluza no es investigado por corrupción

“Un recordatorio al candidato del PSOE a la Junta de Andalucía. El juez instructor de los ERE [Expediente de Regulación de Empleo] le está investigando por 21 Millones € de los andaluces que ‘se perdieron’ en EGMASA, la empresa pública que dirigió y presidió Juan Espadas entre 2004 y 2008”, se lee en un tuit que se ha difundido días antes de los comicios andaluces del 19 de junio. 

Contenido similar se ha difundido en formato de captura de pantalla en Facebook (1, 2) e Instagram (1, 2), y también en formato texto. Los usuarios vinculan a Espadas con un entramado de corrupción que ya afectó a varios miembros de su partido.

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Captura de pantalla, realizada el 15 de junio de 2022, de un tuit

El caso de los ERE

El caso ERE hace referencia a una macrocausa de corrupción cuya instrucción arrancó en 2011, en plena crisis económica en España, y que dio lugar a un juicio oral de un año de duración.

El eje central de la trama fue el manejo de un fondo público en Andalucía dotado de 854 millones de euros y que fue destinado a financiar despidos colectivos de trabajadores por parte de empresas en dificultades, en los llamados Expedientes de Regulación de Empleo (ERE). Los hechos ocurridos se prolongaron durante una década, de 2000 a 2010. 

Sin embargo, el dinero se concedió discrecionalmente, “eliminando los mecanismos de control legalmente establecidos”, según la sentencia publicada, de 1.821 páginas. “No fue fiscalizado ni uno solo de los expedientes de concesión de ayudas sociolaborales y ayudas a empresas”, especificó la sentencia, que habló de “descontrol absoluto” en la gestión de esos fondos públicos. La fiscalía llegó a cifrar el fraude en 741 millones de euros, un monto que en sus conclusiones definitivas se redujo a 680 millones.

La consecuencia de todo este mecanismo clientelar es que recibieron ayudas para prejubilarse personas ajenas a las empresas beneficiarias, se abonaron comisiones irregulares a mediadores y se perjudicó a muchos otros trabajadores que sí precisaban esas prestaciones.

A finales de 2019, diecinueve ex altos cargos socialistas del gobierno regional de Andalucía, en manos del PSOE durante 36 años ininterrumpidos hasta enero de ese mismo año, fueron condenados por la Audiencia Provincial de Sevilla en uno de los mayores escándalos de corrupción en España. 

Sin embargo, las publicaciones hacen referencia a un procedimiento en curso contra nueve personas investigadas en una pieza separada del caso ERE, por ayudas de 21,6 millones de euros a Egmasa, una empresa pública de gestión medioambiental ya extinta, que estaba adscrita a la Consejería de Medio Ambiente. El magistrado precisó que esas prestaciones se concedieron “de forma injusta y arbitraria”.  

El 28 de septiembre de 2021, el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla consideró que los hechos podrían ser constitutivos de presuntos delitos de malversación y prevaricación administrativa. 

El juez explica en el auto que Egmasa presentó una solicitud de ERE el 30 de junio de 2003 para la extinción de 373 contratos de trabajadores por causas productivas y organizativas para renovar la plantilla. El 9 de septiembre de ese año, se firmó el acuerdo para la tramitación de esos expedientes que afectó a 348 empleados.

El magistrado apuntó que “tampoco hubo control administrativo ni fiscalización a través del Gabinete Jurídico de la Junta o de la Intervención Delegada de la Consejería de Empleo”.

Tras el anuncio, Espadas subrayó que no tuvo “conexión directa” ni “ninguna vinculación” con dicha cuestión, aunque, como dicen las publicaciones en redes, fue viceconsejero de Medio Ambiente entre 2004 y 2008, años en los que también presidió Egmasa. 

“Juan Espadas no está siendo investigado en el caso ERE que investiga el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla”, confirmó a la AFP la oficina de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla.

Entre los investigados en este caso se encuentran el ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, Daniel Alberto Rivera, cinco representantes y directivos de Egmasa, un representante del sindicato Comisiones Obreras (CCOO), y dos responsables de la mediadora Vitalia.