Sí, la ONG Open Arms puede ser sancionada con multas de hasta 901.000 euros en España

“Salvini no está solo, también en España multan a quienes salvan vidas humanas, y mucho más que en Italia: de 10.000€ a 50.000€ es la amenaza italiana, y de 200.000€ a 901.000€ la española #AntesPresosqueComplices”, dice el tuit de Camps, fundador de la ONG Open Arms, especializada en el rescate de migrantes en alta mar. A finales de junio, los medios informaron que un nuevo decreto de seguridad del Gobierno italiano establece sanciones de 10.000 a 50.000 euros a barcos que rescaten migrantes en el mar Mediterráneo.

Salvini no está solo, también en España multan a quienes salvan vidas humanas, y mucho más que en Italia: de 10.000€ a 50.000€ es la amenaza italiana, y de 200.000€ a 901.000€ la española. #AntesPresosqueComplices pic.twitter.com/Qjk0My6G2S

— Oscar Camps (@campsoscar) 1 de julio de 2019

En una entrevista telefónica con AFP publicada el 28 de junio, Camps afirmó que se arriesgaban a ser multados por entre 200.000 y 900.000 euros por la administración española al haber zarpado la víspera hacia costas libias. "Si tengo que pagar con prisión o una multa para salvar la vida de algunas personas, lo haré", dijo. Publicó una cifra similar en su tuit del 1 de julio, que hasta el momento tiene más de 6.700 interacciones.

El gabinete de prensa del Ministerio de Fomento, del que depende la Dirección General de Marina Mercante (a quien compete el tráfico marítimo), se limitó a señalar a la AFP: “Se ha informado al Open Arms de que todas las navegaciones que pretenda realizar quedan supeditadas a las permitidas por los certificados del buque, su clasificación y finalidad”.

La notificación

Open Arms remitió a AFP Factual una nota el 27 de junio de 2019 por el director general de la Marina Mercante, Benito Núñez Quintanilla, en la que se le comunica a la ONG que: “conocida la situación actual del buque y su pretensión de retomar rescates”, “los incumplimientos durante la navegación del buque (...) constituirán infracciones contra la seguridad marítima o la ordenación del tráfico marítimo, pudiendo sancionarse cada una de ellas con multas de hasta 901.000 euros o 300.000 euros, respectivamente”.

En la nota se cita como origen de la sanción la Ley de Puertos del Estado y la Marina Mercante (artículo 312, sobre multas y sanciones accesorias).

El fotoperiodista Olmo Calvo, a bordo del barco, firmó un artículo con la misma nota al final del texto.

El servicio de prensa del Ministerio no confirmó el envío de la nota, aunque el director general Núñez Quintanilla, entrevistado el 3 de julio en un programa de Radio Nacional de España (RNE), apenas dijo: “Estoy al tanto”, sin referirse explícitamente a la carta.

El buque Open Arms “tiene que cumplir determinada normativa internacional”, afirmó durante la entrevista. “Ese es el condicionante que tiene la embarcación Open Arms, que no opere por su cuenta y riesgo”, concluyó Quintanilla.

Tras la publicación del documento, Open Arms respondió en una nota de prensa el 4 de julio que son “plenamente conscientes” de las consecuencias de las navegaciones del barco, con el que la ONG “dedica todos sus esfuerzos a labores de observación y vigilancia”.

En 2015, más de un millón de personas llegaron a costas europeas, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).  Muchos de estos migrantes cruzaban el mar Mediterráneo para huir de la guerra y la inseguridad. Desde entonces las llegadas han ido disminuyendo, pero el debate migratorio sigue en la Unión Europea (UE). En España han muerto desde 2018 más de 1.000 migrantes cuando intentaban cruzar el Mediterráneo.

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Evolución de la cantidad de personas llegadas cada mes a las costas italianas desde enero de 2014, según la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (Thomas Saint-Cricq, Sophie Ramis/AFP)

Italia cerró recientemente sus puertos a los barcos humanitarios, prohibición desafiada por barcos con objetivo similar al de Open Arms, como el Sea-Watch, cuya capitana, la alemana Carola Rackete, fue detenida durante unas horas por llegar a la isla de Lampedusa con 40 migrantes rescatados a bordo.

El 11 de junio, el Gobierno italiano aprobó un decreto por el que se establecen multas de 10.000 a 50.000 euros a los capitanes o responsables de barcos que incumplan las prohibiciones del Ejecutivo, que afirma querer evitar así los casos de asociación “para favorecer la inmigración ilegal”. A estas sanciones se refiere el tuit de Camps, que compara las cifras italianas y las españolas.

Por tanto, se puede concluir que el barco de la ONG Open Arms se arriesga a sanciones de hasta 901.000 euros por infringir la ordenación del tráfico marítimo, según la legislación española.