No, Coca-Cola y Nestlé no privatizarán la mayor reserva de agua de Sudamérica

Según estos artículos que fueron compartidos decenas de miles de veces, si sumamos sus versiones en distintas lenguas, las dos multinacionales estarían intentando apoderarse de esta reserva de 1,2 millones de km², que comparten Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, con la ayuda del actual presidente conservador brasileño, Michel Temer.

Sin embargo, esta noticia es falsa. Data de 2016 y vuelve a circular con frecuencia, como ya lo señaló en enero de 2017 el portal brasileño e-farsas.com.

El acuífero guaraní "nunca integró" la lista de proyectos que podrían ser privatizados o cedidos como concesiones, dijo a la AFP un portavoz del amplio Programa de Asociaciones para las Inversiones (PPI), lanzado en septiembre de 2016 en el sector minero, de infraestructura y transportes y que busca sacar al país de la recesión y rescatar las finanzas del Estado.

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Un manifestante brasileño llena una botella de agua el 13 de julio de 2014 en Rio de Janeiro (AFP / Yasuyoshi Chiba)

Durante el último Foro Mundial del Agua, celebrado en Brasilia del 18 al 23 de marzo pasado, el gobierno negó la posibilidad de privatizar el acuífero y reiteró que esta reserva de agua está protegida por acuerdos internacionales.

"La legislación determina que el agua es de dominio público y por eso no puede ser explotada por la iniciativa privada", afirmó el gobierno en un comunicado. "Los cuatro países que son abastecidos por el Guaraní -Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay- firmaron un documento" que establece "normas de conservación y uso sustentable" del mismo.

Nestlé también desmintió en un comunicado los rumores , aclarando que no tenía "planes de realizar extracción en el acuífero". 

Según investigaciones citadas por el gobierno, el acuífero guaraní puede abastecer a la población brasileña durante los próximos 2.500 años.

En el marco del Mercosur (Mercado común del Sur), existe un acuerdo de 2010 sobre el Sistema Acuífero Guaraní (SAC), que aprobó el Senado brasileño en 2017 pero que todavía no fue promulgado y que define estas reservas de agua como una "fuente que supera las fronteras geográficas y que integra el territorio soberano" de Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, y cuyo uso debe hacerse siguiendo "criterios racionales y sustentables", cuidando siempre no perjudicar a los demás países ni al medio ambiente.

Finalmente, la oficina de la AFP en Brasil recuerda que una privatización del acuífero o una concesión sólo se podría obtener con una reforma constitucional, puesto que la Constitución brasileña considera las aguas superficiales y subterráneas como bienes de los estados brasileños administrados por el Estado federal. Una reforma constitucional requiere el apoyo de 3/5 de la Cámara y del Senado, algo que no tiene a la fecha el presidente Michel Temer.