El asesinato del líder indígena colombiano Edwin Legarda fue un crimen de Estado, no era guerrillero

“Edwin Legarda, esposo de Aída Quilcué, fue dado de baja por el ejército en 2008 junto con guerrilleros de las farc”, se lee en el texto superpuesto sobre una fotografía del fallecido líder indígena en Facebook (1, 2).

La publicación, en la que se escucha decir que Legarda ”tenía grandes cultivos de coca y era responsable de secuestros y torturas a militares”, también se difunde en X, YouTube, Instagram, TikTok y Threads.

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Captura de pantalla tomada el 13 de abril de 2026 de una publicación en Facebook

Colombia celebrará elecciones presidenciales el 31 de mayo de 2026. El senador oficialista Cepeda es favorito en las encuestas junto con los opositores Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella.

Quilcué, legisladora e integrante del partido del presidente Gustavo Petro, es defensora de derechos humanos de los pueblos originarios del Cauca (suroeste), una región cocalera controlada por disidentes de la guerrilla FARC que se apartaron del acuerdo de paz de 2016.

El 16 de diciembre de 2008, soldados del Ejército colombiano asesinaron a Edwin Legarda, cuando se desplazaba por el municipio de Totoró en una camioneta del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), la organización regional indígena más importante del país, de la que Quilcué era la máxima autoridad en ese entonces. 

Legarda regresaba de una cumbre de autoridades indígenas y se dirigía a Popayán, la capital de ese departamento.

En un comunicado del mismo día, el Ministerio de Defensa lamentó la muerte de Legarda y estableció que tropas del Batallón José Hilario López dispararon contra el vehículo que conducía “sin que hasta el momento haya suficiente claridad sobre cómo ocurrieron los hechos”.

Giovanni Quilcué, hermano de la dirigente indígena, le dijo en ese entonces a la AFP que Legarda fue trasladado a un hospital en la ciudad de Popayán, pero falleció mientras era intervenido.

Decisiones judiciales

El 11 de junio de 2010, una juez condenó a 40 años de prisión a seis militares implicados en la muerte de Legarda por homicidio en persona protegida.

En el juicio, la fiscalía probó que Legarda era un civil no combatiente y una “persona protegida” por el Derecho Internacional Humanitario. Un escolta, que auxilió a Legarda tras el ataque, declaró bajo juramento que la víctima no portaba armas y tampoco las había dentro del vehículo.

El 9 de abril de 2015, un tribunal administrativo ordenó al Ministerio de Defensa y al Ejército reconocer en un evento público su responsabilidad por el asesinato del líder indígena. El Ministerio acató la decisión el 5 de abril de 2018.

En una resolución del 10 de noviembre de 2022, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal que se creó en Colombia luego del acuerdo de paz de 2016, asumió el proceso disciplinario contra 33 militares involucrados en el asesinato de Legarda.

El tribunal enmarcó el asesinato dentro del macrocaso de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate, lo que en el país se conoce como “falsos positivos”.

Este artículo forma parte de El Filtro, una iniciativa colaborativa de El Tiempo y AFP Factual. 

Referencias

• Comunicado del Ministerio de Defensa
• Reportes de prensa sobre decisiones judiciales (1, 2)
• Juicio a militares en YouTube
• Acto de perdón del Ministerio de Defensa en YouTube
• Resolución de la JEP