Un video difunde datos incorrectos sobre indemnizaciones a favor de “terroristas” en Perú
- Publicado el 22 de octubre de 2025 a las 18:12
- Modificado el 22 de octubre de 2025 a las 18:26
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- Por Carla DIAZ, AFP Perú
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) no ordenó al Estado peruano indemnizar con cinco millones de dólares a personas condenadas por terrorismo, como afirman publicaciones compartidas más de 10.000 veces en redes sociales desde septiembre de 2025. Ese monto estuvo dirigido también a personas que no fueron halladas culpables o que fueron víctimas de violaciones de derechos humanos durante el periodo del conflicto armado en Perú (1980-2000). Las entradas, además, presentan como “terroristas” a ciudadanas que no tienen cargos por ese delito.
“Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado peruano ha pagado más de 5 millones de dólares en indemnizaciones a terroristas”, se lee en un texto con el que se comparte un video en Facebook y TikTok (1, 2)
En la grabación, de casi un minuto de duración, se oye a una voz afirmar: “¿Sabías que la Corte IDH estableció indemnizaciones con más de cinco millones dólares a favor de principales personajes terroristas en nuestro país? Lori Berenson y familia, más de 200.000 dólares. María Loayza Tamayo, más de 160.000 dólares. Jaime Castillo Petruzzi y familia, más de 50.000 dólares. Y Moya Solís, 70.000 dólares”.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) puede ordenar a los Estados que realicen el pago de reparaciones o la devolución de gastos cuando se comprueba la vulneración de derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
En una verificación anterior, de septiembre de 2023, el entonces Procurador Público Especializado Supranacional, Carlos Reaño Balarezo, indicó que ese organismo ha ordenado a Perú realizar reparaciones por 5,7 millones de dólares por 15 casos judiciales.
Pero ese monto incluye compensaciones a personas cuyo vínculo con organizaciones subversivas nunca se comprobó. Es decir, no se trata de “terroristas”, como indica el video viralizado.
Por ejemplo, abarca seis casos donde Perú tuvo responsabilidad por “ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, afectación a la integridad, libertad o la vida” de personas que no tenían sentencias por el delito de terrorismo.
“Hay personas que tuvieron alguna vinculación o se cree que la tuvieron con actos de terrorismo, pero nunca se comprobó esa situación”, explicó Reaño el 22 de septiembre de 2023.
Hasta esa fecha, Perú había abonado 1,45 millones de dólares de los 5,7 ordenados por la Corte IDH.
AFP Factual preguntó en octubre de 2025 a la Procuraduría General del Estado si ese valor había cambiado, pero hasta el momento de esta publicación no obtuvo respuesta.
La Corte ha advertido sobre incumplimientos en el avance de esas reparaciones durante el gobierno de Dina Boluarte, que inició en diciembre de 2022.
Berenson y Castillo Petruzzi
El video difundido en redes contiene imprecisiones sobre los casos judiciales que cita.
Respecto a Lori Berenson, una ciudadana estadounidense que recibió una condena en Perú a 20 años de prisión por colaborar con el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), afirma que recibió 200.000 dólares.
Sin embargo, la Corte IDH no ordenó que se le entregue dicho monto de dinero.
En la sentencia de noviembre de 2004, el organismo concluyó que el Estado violó sus derechos a la integridad personal, a las garantías judiciales y otros, y ordenó el pago de 30.000 dólares en favor de los padres de Berenson por los gastos del proceso.
En ningún apartado de la sentencia se le asignó 200.000 dólares ni a ella o a sus familiares.
Por su parte, Jaime Castillo Petruzzi, un exmilitante del MRTA que fue condenado a 23 años de prisión en 2003 por el delito de terrorismo, no fue beneficiado con 50.000 dólares. En realidad, su familia recibió 2.500 dólares por los gastos del proceso. Esto luego de que, en mayo de 1999, la Corte IDH determinara que el país violó sus derechos a las garantías judiciales, al principio de legalidad, entre otros.
Loayza Tamayo
En el caso de María Loayza Tamayo, en efecto, la Corte IDH ordenó que el Estado peruano le abone una reparación de 167.190 dólares repartidos entre ella y sus familiares. Sin embargo, ella no tuvo una sentencia firme por el delito de terrorismo.
En su decisión de 1997, la Corte anuló el proceso judicial que había sentenciado a Loayza Tamayo por terrorismo al encontrar irregularidades en el proceso y que se vulneró sus derechos. Además de ordenar su liberación y el pago de una reparación, el tribunal supervisó que no quedaran antecedentes por terrorismo en su contra, de acuerdo con los registros de cumplimiento de sentencia.
Norka Moya Solís
El caso de Moya Solís, mencionado también en la secuencia viral, no tiene ninguna vinculación con hechos sobre terrorismo. Su proceso, según figura en la decisión de la Corte IDH, se remonta a cuando fue removida de manera irregular y arbitraria de su cargo como secretaria judicial en 1982.
En su decisión de 2021, la Corte IDH concluyó que Perú violó el debido proceso en la ratificación del cargo de Moya Solís y ordenó al Estado pagar 85.000 dólares por concepto de daño material, inmaterial y por gastos.
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