Una imagen difunde datos incorrectos sobre pagos a favor de "terroristas" en Perú

“La #CIDH apoya a que los terrucos anden cobrando indemnización”, dice una de las publicaciones difundidas en Facebook (1, 2, 3). Este contenido replica un informe del programa Panorama transmitido el 3 de septiembre de 2023 y difundido en TikTok (1, 2).

Las entradas circulan luego de que se conociera el 30 de agosto pasado que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos admitió a trámite la demanda interpuesta por Víctor Polay Campos, líder de la guerrilla Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), contra el Estado peruano por presuntamente haber violado sus derechos a la integridad personal, a la legalidad, las garantías judiciales y la protección judicial.

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Captura de pantalla de una publicación en Facebook, realizada el 24 de septiembre de 2023 

El contenido viralizado indica que la Corte IDH indemnizó con más de 5 millones de dólares a sentenciados por terrorismo. Sin embargo, este organismo no tiene potestad para abonar dinero directamente, sino que ordena a los Estados que realicen el pago de reparaciones o la devolución de gastos cuando se comprueba la vulneración de derechos.

Respecto al monto que Perú debe pagar, tampoco es preciso.

Consultado por AFP Factual, el Procurador Público Especializado Supranacional, Carlos Reaño Balarezo, indicó que se llega a ese monto considerando 15 casos que tienen algún tipo de vinculación con actos terroristas, pero no todos corresponden a personas sentenciadas, ya que se incluyen seis casos de investigados, procesados o sospechosos de ese delito.

“Hay personas que tuvieron alguna vinculación o se cree que la tuvieron con actos de terrorismo, pero nunca se comprobó esa situación”, explicó Reaño el 22 de septiembre.

El total por indemnizaciones y pagos de costos de esos 15 casos asciende a 5,7 millones de dólares, dijo el funcionario. De ese monto, al momento, Perú ha pagado 1,45 millones.

Berenson y Castillo Petruzzi

La gráfica difundida en redes también contiene imprecisiones sobre los ejemplos que cita.

Respecto a Lori Berenson, ciudadana estadounidense condenada en Perú a 20 años de prisión por colaborar con el MRTA, se afirma que recibió 200.000 dólares. Sin embargo, la Corte IDH no ordenó que se entregue directamente dinero a Berenson en su sentencia de noviembre de 2004, donde concluyó que el Estado violó sus derechos a la integridad personal, a las garantías judiciales y otros.

Lo que ordenó fue que el Estado pague 30.000 dólares a los padres de Berenson por los gastos del proceso. En ningún apartado de la sentencia se le asignó 200.000 dólares a ella o sus familiares.

Por su parte, Castillo Petruzzi, exmilitante del MRTA que fue condenado a 23 años de prisión en 2003 por el delito de terrorismo, no fue beneficiado con 50.000 dólares, sino que su familia recibió 2.500 dólares por los gastos del proceso. Esto luego de que, en mayo de 1999, la Corte IDH determinó que el país violó sus derechos a las garantías judiciales, al principio de legalidad, entre otros.

Loayza Tamayo

En el caso de María Loayza Tamayo, en efecto, la Corte IDH ordenó que el Estado peruano le abone una reparación de 167.190 dólares repartidos entre ella y sus familiares. Sin embargo, no puede considerarse que ella tiene una sentencia firme por el delito de terrorismo.

En su decisión de 1997, la Corte anuló el proceso judicial que había sentenciado a Loayza Tamayo por terrorismo al encontrar que ese proceso vulneró sus derechos. Además de ordenar su liberación y el pago de una reparación, el tribunal supervisó que no quedaran antecedentes por terrorismo en su contra, de acuerdo con los registros de cumplimiento de sentencia.

Referencias:

• Caso Lori Berenson (1, 2)
• Sentencias relacionadas al Caso Castillo Petruzzi y otros (1, 2)
• Sentencias relacionadas al caso Loayza Tamayo (1, 2, 3, 4, 5)