Boric no tiene facultades para absolver a funcionarios que viajaron con licencias médicas en Chile

La Contraloría de Chile denunció en mayo de 2025 que más de 25.000 trabajadores públicos viajaron irregularmente al extranjero mientras tenían licencia médica. En ese contexto, desde el 5 de junio, más de 2.000 usuarios han afirmado en redes sociales que el presidente Gabriel Boric publicó de “forma inmediata” un “dictamen” para “no acusar” a los trabajadores. Sin embargo, los dictámenes son pronunciamientos de la Contraloría, no del presidente, y el Ejecutivo informó el 27 de junio que tiene más de 7.000 investigaciones en curso.

“El gobierno de Boric acaba de sacar y en forma inmediata, un dictamen para liberar y no acusar a los 25.000 funcionarios de licencias médicas que salieron del país… Esto es una MAFIA!!”, señalan publicaciones en Facebook, X y TikTok.

Image
Captura de pantalla tomada el 3 de julio de 2025 de una publicación en X

La Contraloría General de la República reveló que entre 2023 y 2024, al menos 25.078 funcionarios públicos salieron del país mientras se encontraban con licencias médicas, incumpliendo la obligación de hacer reposo. Estas licencias permiten ausentarse total o parcialmente del trabajo y, en algunos casos, acceder a subsidios.

Tras conocerse los antecedentes, el Ministerio de Hacienda instruyó a las instituciones públicas iniciar sumarios (investigaciones internas) contra los trabajadores involucrados, y en el caso correspondiente exigir la devolución de los recursos. Según la gravedad, las sanciones podrían llegar a la destitución.

Hasta el 4 de julio, Boric no había ordenado un “dictamen”, ni un decreto para exculpar a los funcionarios involucrados.

Una búsqueda en Google con las palabras “Gabriel Boric”, “dictamen” y “licencia médica” no arrojó algún resultado al respecto.

Otra pesquisa en el sitio web de la Biblioteca del Congreso Nacional no mostró resultados sobre algún decreto emitido por Boric en ese sentido.

AFP Factual contactó el 3 de julio a la oficina de comunicaciones de Presidencia, que descartó lo que indican los usuarios: “la información no es efectiva”.

El 27 de junio, varios días después de que empezaran a circular los mensajes en redes, el ministro de Hacienda, Mario Marcel y la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, informaron que había 7.474 investigaciones en curso que involucran a 7.926 empleados de la Administración Central.

De acuerdo con el reporte, la mayoría de los casos se encuentran en el Ministerio de Educación (3.353) y en el Ministerio de Salud (2.428).

Luis Bobadilla, director del Departamento de Derecho Público de la Universidad de Santiago de Chile (Usach), explicó a la AFP que el contenido viral “no tiene ningún sentido”, pues el presidente no tiene potestad para frenar dichos sumarios.

El mandatario tampoco emite “dictámenes”, como afirman las entradas en redes.

“Los dictámenes son una opinión jurídica y experta emanada por parte de la Contraloría General de la República respecto de consultas que servicios o jefes del servicio de la administración pública hacen respecto de la aplicación de una norma de derecho administrativo en un caso concreto”, explicó Bobadilla.

“Los dictámenes no tienen nada que ver con los sumarios administrativos”, recalcó el experto. 

La Constitución establece en su artículo 98 que es la Contraloría General la entidad encargada del “control de la legalidad de los actos de la Administración”. 

En la Ley Orgánica de la Contraloría, el artículo seis establece que son solo sus dictámenes los que forman la jurisprudencia administrativa. 

El sitio web de la Contraloría tiene un Buscador de dictámenes e informes. Al filtrar por “dictámenes” y “2025”, no se encontraron documentos orientados a liberar o absolver a los trabajadores públicos que viajaron al extranjero con licencia médica. 

El equipo de comunicaciones de la Contraloría señaló a la AFP que la entidad no ha recibido por parte del gobierno alguna instrucción similar.

El informe de licencias médicas irregulares también incluye a entidades sobre las que no tiene potestad el gobierno nacional. De acuerdo con la Contraloría, entre las instituciones involucradas están las municipalidades de Arica, Puerto Montt y Temuco; así como la Universidad de Chile y varias corporaciones municipales.

Referencias

¿Duda sobre la veracidad de una información, una foto o un video?

Contáctenos