No existe una ley que exima del pago de reparación civil a sentenciados por terrorismo en Perú

“Tanto escándalo hace la izquierda y demás enemigos políticos del indultado expresidente Alberto Fujimori por el pago de reparación civil. Pero si se callan con sus aliados terroristas y traidores a la patria que ya tienen ley donde les eximen (dejan sin efecto el cobro de reparación)”, se lee en publicaciones compartidas en Facebook (1, 2) y X (1, 2). 

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Captura de pantalla de una publicación en Facebook, hecha el 20 de agosto de 2024 

Las publicaciones circulan luego de que el 1 de agosto de 2024, el Congreso peruano decidió otorgar una pensión vitalicia y vales de combustible al expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), sentenciado por homicidio y corrupción. Esto a pesar de que la Ley N° 26519 anula estos beneficios para exmandatarios acusados constitucionalmente. 

Beneficio para personas inocentes

Las entradas incluyen capturas de pantalla de la Ley N° 27468, expedida en junio de 2001. La norma precisa que se exime del pago de multas o reparación civil a las personas beneficiadas con indultos y derechos de gracia bajo lo establecido por la Ley N° 26655. 

Pero esta última no es una ley que aplique a todos los sentenciados por terrorismo.

La Ley N° 26655, promulgada en 1996, creó la Comisión de Indulto, Derecho de Gracia y Conmutación de Penas para casos de terrorrismo y traición a la patria, debido a que cientos de personas inocentes fueron privadas de su libertad y condenadas sin pruebas suficientes durante el período de violencia interna en Perú (1980-2000). 

“En el marco de la lucha antisubversiva, como resultado de los excesos de la legislación antiterrorista, muchas personas inocentes fueron encarceladas, eso fue reconocido desde el fujimorato. Por ello se creó desde 1996 una comisión para recomendar indultos y derechos de gracia”, explicó en marzo de 2024 a la AFP el abogado y docente de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Piero Vásquez.

El grupo de trabajo, creado con la Ley N° 26655, estuvo encargado de evaluar, calificar y proponer a la Presidencia de la República la concesión del indulto o el derecho de gracia a quienes estaban procesados o sentenciados por los delitos de terrorismo o traición a la patria, “en base a elementos probatorios insuficientes”. 

El Estado peruano emitió normativas adicionales para redimir la situación de este grupo de ciudadanos. Como la Ley N° 26994, que estableció para los indultados con la Ley 26655, el “corte definitivo” de los procesos por los delitos de terrorismo, la anulación de antecedentes policiales, penales y judiciales, y la condonación de multas y pagos de reparación civil. 

El Tribunal Constitucional peruano determinó en una sentencia del 2000 que los ciudadanos que fueron beneficiados con la Ley N° 26655 no accedieron a un “indulto común o general (...) que supone la condonación de la pena respecto de quien efectivamente ha cometido un delito”, sino que se trataba de un “indulto ‘sui generis’” en “casos en que se ha condenado a una persona inocente o respecto de quien se le presume como tal”. 

Reparación para procesados e indultados inocentes

En la misma sentencia, el Tribunal Constitucional anunció que estos ciudadanos incluso tenían derecho a acceder a formas de reparación del Estado, por haber sido víctimas de “error judicial”. 

Así, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUS) emitió en 2002 un decreto para crear la Comisión Especial de Asistencia a los Indultados Inocentes (CEAII) encargada de elaborar un plan de reparaciones en salud, educación y vivienda.

Como parte de las reparaciones acordadas, en 2006, el MINJUS autorizó a través del Decreto Supremo N° 014-2006 la transferencia de un terreno a favor de los indultados y procesados inocentes reconocidos por la CEAII.

En diciembre de 2017, frente a cuestionamientos del Congreso por la donación de este terreno, el viceministerio de Justicia remitió el Informe N° 001165-2017-CMAN. 

En el documento ratificó que las personas beneficiarias no pueden ser calificadas como “terroristas”, ya que habían sido indultadas no por ser culpables, sino por ser “indebidamente juzgadas y condenadas”.

“No son personas que se les haya otorgado el perdón de una pena debidamente impuesta, sino de personas liberadas por haber sido condenadas en mérito a prácticas judiciales manifiestamente erróneas: condenas con pruebas insuficientes”, se lee en el punto 17 de los argumentos del informe. 

Cobro de reparaciones civiles 

Contrario a lo que afirman las entradas, no existe ninguna ley que exima a los sentenciados por terrorismo de pagar con sus obligaciones civiles. 

De hecho, en agosto de 2012, el Tribunal Constitucional peruano indicó que los condenados por delitos de terrorismo no podían acogerse a beneficios penitenciarios y ratificó la obligatoriedad del pago de las reparaciones civiles en delitos graves como terrorismo, según se lee en el argumento 36 de su sentencia. 

La Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Terrorismo ha continuado demandando el cobro de reparaciones civiles a sentenciados por terrorismo. 

En diciembre 2022, informó que obtuvo el pago de la reparación civil a favor del Estado de 51.110 nuevos soles [unos 13.598 dólares] por parte de Martha Huatay Ruiz, sentenciada a 25 años de prisión por el delito de terrorismo.

Un año antes, la Procuraduría obtuvo el cobro de 30.113 dólares de reparación civil a favor del Estado luego de rematar un inmueble embargado a Alberto Gálvez Olaechea, sentenciado por terrorismo y exintegrante del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA). 

Referencias:

• Ley N° 27468 que modifica los beneficios otorgados a indultados por la Ley 26655
• Ley 26655 que crea la comisión para recomendar indultos y derechos de gracia por el delito de terrorismo 
• Ley que crea la Comisión Especial de Asistencia a los Indultados Inocentes
• Sentencia del Expediente 1277-99-AC del TC sobre procesados e indultados inocentes
• Respuesta oficial del viceministerio de Justicia al Congreso
• Sentencia de 2012 del TC
• Cobro de reparación civil de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Terrorismo (1, 2)