Alberico Piedras no figura entre los detenidos desaparecidos de Uruguay

“Falleció Alberico Piedras...uno de los famosos desaparecidos...resulta que estaba vivito y coleando en Francia... cobrando 3100 euros dé las pensiones a ex Tupamaros... en fin, somos un país rico que nos damos el lujo de dar subsidios a ex Tupamaros y asesinos...”, se lee en publicaciones que circulan en Facebook (1, 2).

El contenido también llegó al WhatsApp de AFP Factual, al que los usuarios pueden enviar publicaciones para su verificación.

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Captura de pantalla de una publicación en Facebook hecha el 20 de agosto de 2024

El contenido, que se ha compartido más de 2.000 veces entre 2021, 2022 y 2023, volvió a difundirse de cara a las elecciones uruguayas de octubre de 2024, y luego de que el 15 de agosto se confirmara que los restos óseos hallados en un predio militar corresponden a un hombre desaparecido entre 1968 y 1985. Ese período abarca la aplicación de medidas de excepción por la violencia política y social en el país y la posterior dictadura.

Se espera conocer la identidad de la víctima dentro de “un mes y poco”, indicó Ricardo Perciballe, fiscal especializado en delitos de lesa humanidad.

De acuerdo con datos oficiales, al menos 197 personas desaparecieron por acciones del Estado uruguayo en ese período. La mayoría fueron detenidos en Argentina en el marco de la colaboración entre los regímenes de facto. Los restos de una treintena ya fueron encontrados, siete de ellos en Uruguay.

Sin embargo, “Alberico Piedras” no figura en los listados de detenidos desaparecidos y de asesinados políticos y fallecidos por responsabilidad del Estado, elaborados por la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente de Presidencia de la República. Tampoco se hallan resultados sobre su persona al buscar su nombre entrecomillado en Google.

Consultado por la AFP, el abogado uruguayo especializado en Derechos Humanos y también asesor jurídico del Observatorio Luz Ibarburu, Pablo Chargoñia, dijo desconocer ese nombre y, al buscarlo en el Tomo II de la Investigación Histórica sobre la dictadura y el terrorismo de Estado en Uruguay, que se centra en los datos de las víctimas, no lo encontró en la lista de procesados por la justicia militar. Tras revisar el estudio en cuestión la AFP tampoco lo halló. 

¿Pensiones a extupamaros?

Consultado por la supuesta pensión de “3.100 euros”, Chargoñia mencionó la existencia de la Pensión Especial Reparatoria (PER), establecida en la Ley 18.033, y descartó que la causal para percibirla sea “haber sido ‘extupamaro’”. 

La PER está dirigida a personas que fueron privadas de su libertad y procesadas por la justicia civil y/o militar después del 9 de febrero de 1973, a quienes estuvieron detenidas por más de un año sin haber sido procesadas, o a aquellas que fueron recluidas en centros clandestinos de detención fuera del país durante operativos de los servicios represivos uruguayos.

Según figura en el sitio web del Banco de Previsión Social (BPS), la PER, que no se acumula con otras prestaciones sociales, es de 8.5 BPC (Base de Prestaciones y Contribuciones), lo que equivale a 52.504 pesos uruguayos nominales a la cotización actual, unos 1.170 euros.

Si el beneficiario demuestra que cumple con los requisitos de la Ley 18.033, podría recibir la pensión en cuestión incluso si vive en el exterior, explicó Chargoñia. Las viudas y viudos de beneficiarios también reciben un pago, aunque menor, aclaró.

“Los familiares de los detenidos desaparecidos no tienen derecho a recibir la PER”, confirmó a la AFP Gastón Grisoni, presidente de Crysol, organización de expresos políticos de Uruguay. Y agregó que así como “quienes cobran la PER deben renunciar a sus propias jubilaciones y pensiones para hacerlo”, lo mismo sucede con las viudas o viudos de los expresos políticos: “Son los únicos en el sistema previsional uruguayo que tienen que renunciar a sus propias jubilaciones y pensiones para cobrar la pensión de sobrevivencia”, explicó. 

Chargoñia comentó que existe otra normativa, la Ley 18.596, que regula una reparación distinta por daños causados por el terrorismo de Estado, y que no es una pensión. Esta ley otorgó, por única vez, una indemnización de 500.000 unidades indexadas (unos 67.700 euros) a los familiares de las personas detenidas desaparecidas que la solicitaron.

En la actualidad unas 1.725 personas perciben la PER, según cifras del BPS accedidas por Grisoni.

Referencias:

• Datos sobre los detenidos desaparecidos por la Secretaría de Derechos Humanos del Pasado Reciente
• Tomo II de la Investigación Histórica sobre la dictadura y el terrorismo de Estado en Uruguay
• Ley 18.033
• Pensión Especial Reparatoria
• Ley 18.596
• Perfil de Pablo Chargoñia