Lasso no tiene potestad para disolver por decreto el Consejo de Participación Ciudadana de Ecuador
- Este artículo data de hace más de un año.
- Publicado el 17 de mayo de 2023 a las 23:41
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- Por AFP Colombia
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"#URGENTE ¡Otros que se podrían ir a la casa! Guillermo Lasso bajo Decreto podría eliminar al CPCCS por el hecho de haber participado con líneas políticas inclinadas al correísmo", dice un mensaje difundido en Twitter y Facebook (1, 2).
Lasso, quien asumió en mayo de 2021, ordenó activar un mecanismo constitucional conocido como "muerte cruzada", que le permite disolver el Legislativo y llamar a elecciones generales anticipadas en un plazo de tres meses, para completar el mandato de cuatro años.
El mandatario tomó la decisión, contemplada en el Artículo 148 de la carta política ecuatoriana, un día después de comparecer ante el Congreso, donde enfrentaba un juicio político por presunta corrupción en contratos de transporte de petróleo.
Hasta la instalación de la nueva Asamblea Nacional, Lasso podrá gobernar expidiendo decretos-leyes de urgencia económica, siempre y cuando tengan la aprobación de la Corte Constitucional.
El CPCCS
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), conformado por siete miembros, es un organismo que tiene entre sus funciones elegir a los jefes de las entidades de control del Estado, como la Contraloría y la Fiscalía, además de designar a las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE).
El organismo forma parte de la Función de Transparencia y Control Social, uno de los cinco poderes del Estado ecuatoriano y, en virtud de la Constitución, sus miembros solo pueden ser destituidos a través del "enjuiciamiento político" de la Asamblea Nacional.
Por lo tanto, el Presidente no podría "eliminar" por decreto a este organismo, como afirma el mensaje viral.
"El Presidente de la República no puede resolver nada en torno a la estabilidad o continuidad de las otras cuatro funciones del Estado. Lo único que le permite la Constitución es disolver la Asamblea y que inmediatamente se convoque a elecciones", explicó a AFP Factual el abogado Emilio Suárez, miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional.
"La única forma de disolver el CPCCS es a través de un juicio político, y este no se puede tramitar ahora porque se necesita una nueva Asamblea Nacional", añadió el abogado experto en Derecho Constitucional André Benavides.
Así ocurrió en 2019, cuando el Legislativo destituyó a cuatro de los siete consejeros, y en 2020, cuando fue apartado del cargo su entonces presidente.
Los actuales vocales del CPCCS fueron elegidos el 5 de marzo de 2023, en las elecciones regionales, y se posesionaron el 14 de mayo ante la Asamblea.
Solo decretos de "urgencia económica"
La abogada ecuatoriana María Dolores Miño, explicó a la AFP que desde la activación de la "muerte cruzada", Lasso solo puede emitir decretos de "necesidad económica urgente", para lo que necesita el aval de la Corte Constitucional.
Así lo establece la carta política, en su Artículo 148: "Hasta la instalación de la [nueva] Asamblea Nacional, la Presidenta o Presidente de la República podrá, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional, expedir decretos leyes de urgencia económica, que podrán ser aprobados o derogados por el [siguiente] órgano legislativo".
Los decretos que expida Lasso, "no pueden alterar la estabilidad de otras instituciones", precisó el abogado Suárez.
"Sin bloqueos el gobierno expedirá una serie de decretos-ley que cumplirá con el mandato soberanamente expresado por ustedes", señaló al respecto Lasso en cadena nacional.
La Constitución establece que en un plazo máximo de siete días tras la publicación del decreto de disolución, el Consejo Nacional Electoral debe convocar a elecciones legislativas y presidenciales.
Esta es la primera vez que un mandatario en Ecuador aplica la denominada "muerte cruzada", que puede ser ejercida una sola vez durante los tres primeros años del mandato.
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