Ley SB-5599 de Washington no permite a ese estado “separar” a menores transgénero de sus padres

Una ley aprobada en abril de 2023 en el estado de Washington, Estados Unidos, aborda, entre otros aspectos, la protección de adolescentes transgénero en situación de calle que buscan techo y servicios de salud. Pero publicaciones compartidas miles de veces en redes sociales aseguran que la norma permite “separar legalmente” a los hijos de sus padres, cuando estos no estén de acuerdo con su transición de género. Expertos independientes y portavoces políticos explicaron a la AFP que esta interpretación es errónea y dieron contexto sobre la nueva legislación.

“Washington ha aprobado un proyecto de ley que permite separar legalmente a los niños de sus padres si éstos se oponen a que sus hijos sean mutilados y sometidos a tratamientos para ‘cambios de género’”, aseguran publicaciones compartidas miles de veces en Twitter, Facebook (1, 2) y TikTok desde el 15 de abril de 2023.

“El estado de Washington propone retirar la custodia a los padres que se nieguen al cambio de sexo de sus hijos”, titula un sitio web en un artículo en el cual se menciona la ley recientemente aprobada.

Mensajes similares también circulan en inglés.

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Captura de pantalla de un tuit hecha el 27 de abril de 2023

La Ley SB-5599, titulada "Apoyo a los jóvenes y adultos jóvenes que buscan servicios sanitarios protegidos", fue aprobada el 21 de abril de 2023 por el Congreso de Washington y espera la ratificación del gobernador demócrata Jay Robert Inslee.

Dicha ley facilita a adolescentes que huyeron de sus hogares por situaciones de violencia y abuso y a aquellos que huyeron en busca de apoyo sanitario, como atención de afirmación de género y cuidados de salud reproductiva, acceder a alojamiento y a una serie de servicios que pueden incluir atención médica y psicológica.

La norma permite a los albergues o centros de acogida que reciben a estos menores, notificar a las autoridades estatales sobre su paradero, en lugar de a sus padres.

Sin mención a “retirar la custodia”

En su sección 2, el texto de la ley establece: “Si un centro autorizado de acogida nocturna para jóvenes (...) acoge a un menor y sabe (...) que el menor se encuentra fuera de una residencia u hogar (...) sin el permiso de sus padres, debe ponerse en contacto con los padres (...) en un plazo de 72 horas, pero preferiblemente en un plazo de 24 horas”. Esto también aplica para los albergues sin licencia para recibir menores, hogares particulares que reciben jóvenes que escapan de sus casas, y programas para adolescentes sin hogar.

La normativa señala que la notificación a los padres debe incluir la ubicación del adolescente y una descripción física del mismo. Los albergues están obligados a averiguar con la policía del estado si el menor se encuentra en la base de datos de personas desaparecidas.

La subsección (b) detalla que “si hay razones de peso para no notificarlo [al adolescente] a los padres, el centro de acogida u organización debe notificarlo al Departamento de la Infancia, la Juventud y la Familia, que intentará reunificar a la familia si fuera viable.

A través de un correo electrónico enviado el 19 de abril de 2023, Erin Hut, encargada de comunicaciones del bloque demócrata en el Senado de Washington, dijo a la AFP que “esta legislación trata simplemente del acceso a un refugio seguro y estable y de garantizar que los menores no acaben sin hogar en la calle”.

Hut agregó: “Nuestra ley actual dice que los refugios autorizados deben notificar a los padres si un menor entra en su cuidado, a menos que haya una razón de peso (como signos de abuso). El proyecto de ley 5599 del Senado permite a los centros de acogida ponerse en contacto con el Departamento de Infancia, Juventud y Familia de Washington en lugar de con los padres en determinados casos, como cuando un menor solicita servicios de salud reproductiva o atención para la afirmación de su sexo”.

En ninguna instancia la ley menciona “separación legal” o “retiro de la custodia” de los padres. Tampoco elimina la obligación de notificarlos, pero esta notificación irá ahora de la mano del estado a través de un trabajador social; no directamente del albergue.

“Sería inconstitucional”

Para Deirdre Bowen, profesora de derecho y directora del Centro de Derecho Familiar de la Universidad de Seattle, las publicaciones viralizadas malinterpretan en dos sentidos la ley recientemente aprobada. Primero, aseguró, “el proyecto de ley no autoriza en modo alguno al estado a apartar a los menores de sus padres” por negarles atención de afirmación de género. Hacerlo sin el debido proceso, dijo, “sería inconstitucional”, pues violaría los principios de autonomía familiar, tanto de la Constitución estadounidense como de la Constitución de Washington.

Un segundo aspecto tiene que ver con la idea de que “el estado está ofreciendo en este proyecto de ley servicios reproductivos y de afirmación de género”. Esto, aseguró Bowen, no es así. El proyecto “es bastante limitado para una población en particular (...), jóvenes sin hogar que se han escapado o han sido expulsados de casa y se presentan en un centro de acogida autorizado y ahora cuentan con protecciones específicas”.

Aunque con el reciente proyecto de ley, el albergue certificado pueda decidir no notificar a los padres del menor, “de todas formas los padres se van a enterar (...) Aquí es donde entra en juego el estado para prestar apoyo y servicios de reunificación familiar”.

“Es fundamental tener en cuenta que los centros de acogida no ofrecen servicios médicos y, en la mayoría de los casos, la atención para la afirmación del género no es quirúrgica. Puede ser tan sencillo como hablar con un terapeuta, llevar ropa diferente o que te llamen por otro nombre”, agregó en este sentido Erin Hut, del bloque demócrata a la AFP.

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Manifestante participa en la Marcha por la Autonomía Queer y Trans en Capitol Hill, Washington, DC, el 31 de marzo de 2023 ( AFP / Andrew Caballero-Reynolds)

Condiciones para retirar la custodia en Washington

De acuerdo con Bowen, existen regulaciones en Washington a tener en cuenta con respecto a la custodia de menores. “Hay una sección del Estatuto del Estado que dice que hay informadores obligados (...) Son personas que trabajan en asistencia sanitaria,o profesores, que están en el cuidado directo y observación de los menores” explicó. Estas personas pueden dar aviso al estado, en caso de sospechar abuso o negligencia, y este, a su vez, iniciará un proceso de revisión del caso. Esto no necesariamente quiere decir que los padres perderán la custodia, pero el estado tiene la obligación de iniciar una investigación.

Los Servicios de Protección de Niños del Departamento de Servicios Sociales son los encargados de revisar estos procesos. “Si hay una determinación en la cual el estado cree que se necesita quitar la custodia del niño, la vara es sumamente alta. Deben existir circunstancias de daño serio e inminente que afecte al desarrollo del menor, con evidencia sustancial de estos hechos. Eso tiene que ser demostrado en una audiencia y los padres tienen el derecho a ser representados por un abogado”.

“Existe una excepción muy limitada”, aseguró Bowen. Se refiere a casos en los que un oficial de policía, durante sus labores, encuentra a un niño, sospecha abuso “y puede ver en ese instante que, si al niño se le dejara solo, sufriría lesiones”. En ese caso el oficial tiene una limitada potestad de llevarlo a custodia protegida.

Un “ejemplo típico” de este nivel de negligencia, dijo Bowen, radica en los crecientes niveles de consumo de metanfetamina en el estado. Algunos padres adictos a esta sustancia “no solo no son capaces de cuidarse a sí mismos, sino que no son capaces de suplir las necesidades básicas de sus hijos, como su alimentación, bañarlos, llevarlos a la escuela, lavar su ropa (...) Cuando la situación llega a ese nivel, inclusive con asistencia social, allí es cuando hablamos de un escenario de cambio de custodia”.

En cuanto a situaciones de abuso físico, “en la mayoría de la jurisprudencia, cuando hablamos de lesiones, nos referimos a una lesión física en la que hay pruebas de algún daño físico corporal al menor”. En el caso de abuso emocional, se debe evidenciar que el niño se está causando autolesiones, o que ha intentado suicidarse en repetidas ocasiones.

En todos los casos, dijo Bowen, el estado va a buscar primero mecanismos de mediación, para asegurarse de que el niño “reciba primero las intervenciones sanitarias adecuadas antes de cambiar la custodia”. El estado de Washington, aseguró, “tiene una política clara que favorece el soporte y la reunificación familiar”.

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