Fallo de Corte IDH en "Caso Beatriz" no implica que países de Latam cambien sus leyes sobre el aborto

“#CASOBEATRIZ PRETENDEN IMPONER EL ABORTO EN TODA LANTAM ¡FIRMA NUESTRA PETICIÓN: QUE LOS JUECES RESPETEN LA CONVENCIÓN Y RESPETEN LA VIDA!”, señalan publicaciones acompañadas de imágenes de la bandera salvadoreña y un feto, difundidas desde el 13 de marzo de 2023 en Facebook (1, 2, 3).

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El 5 de enero de 2022, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó ante la Corte IDH el “Caso Beatriz”, relacionado a la prohibición absoluta de la interrupción voluntaria del embarazo en El Salvador.

La Corte Interamericana analizará a finales de marzo de 2023 si existe responsabilidad internacional de El Salvador por la violación a los derechos a la vida, integridad y otras garantías de “Beatriz”, nombre que por protección se le dio una joven a quien en 2013 se le impidió interrumpir legalmente su embarazo ante una situación que ponía en riesgo la vida del feto.

Beatriz, de entonces 20 años y en condiciones de pobreza extrema, padecía artritis y lupus, una enfermedad que ataca al sistema inmunitario y que ya había dañado sus riñones (nefropatía lúpica). En 2012 tuvo un hijo por cesárea después de un embarazo de riesgo y, en 2013, se le diagnosticó un segundo embarazo de alto riesgo ya que el feto tenía una malformación congénita que era incompatible con la vida fuera del útero, además de que existía posibilidad de que ella muriera.

Sin embargo, en El Salvador cualquier tipo de aborto está prohibido y no procedió la demanda de su equipo de defensa legal, por lo que fue sometida a labores de parto y el feto anencefálico, sin ciertas partes del cerebro, cerebelo y cráneo, murió cinco horas después, por lo que su familia exige justicia por las violaciones a los derechos que la joven experimentó.

Es la primera vez que la Corte IDH analizará un caso sobre el aborto, pero contrario a lo que afirman las entradas de redes sociales, no necesariamente implica una imposición sobre esta práctica en toda Latinoamérica.

Origen de la desinformación

Una búsqueda inversa en Google de la imagen que acompaña las publicaciones en redes sociales, arrojó que la foto fue originalmente publicada el 11 de marzo de 2023 en una columna de la página web de CitizenGo, una organización que se define como “comunidad de ciudadanos” que defiende “la vida, la familia y la libertad” e integrada por la asociación Hazte Oír. Ambas promueven posturas en contra del aborto y los derechos de la comunidad LGBT.

La columna titulada “#CasoBeatriz: pretenden imponer el aborto en toda Latam” está firmada por Luis Losada, director de campañas de CitizenGo y opositor del aborto y el matrimonio igualitario.

En la misma página de CitizenGo, AFP Factual encontró otra columna firmada por Losada y titulada “CIDH trata de imponer el aborto en toda Latinoamérica”, en la que se cuestiona el “criterio abortista” de la Comisión Interamericana.

De acuerdo con medios de comunicación españoles, CitizenGo ha promovido campañas de desinformación sobre el aborto y la salud reproductiva en Kenia y movilizaciones contra la homosexualidad, el feminismo y el aborto en España, Estados Unidos, México y Chile.

El diario español El País señala en un reportaje que la organización también ha organizado campañas contra la Unicef y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por considerar “que atacan los valores de la familia tradicional”, incitar al aborto y promover programas de prevención de embarazo infantil.

Contrario a lo que se afirma en la columna de CitizenGo, el caso que resolverá la Corte IDH no fue promovido por grupos en favor del aborto, sino por la propia CIDH, que tras concluir que “el Estado de El Salvador es responsable por la violación de los derechos a la vida, integridad personal, garantías judiciales, vida privada, igualdad ante la ley, protección judicial y derecho a la salud y a la progresividad de los derechos establecidos en la Convención Americana”, presentó el caso ante la Corte en enero de 2022.

Alcances de la Corte IDH

La abogada penalista María Villegas, catedrática y especialista en violencia de género, explicó a la AFP que la función de la Corte IDH es proteger e interpretar lo establecido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por lo que los países que la integran, como El Salvador, están obligados a cumplir de cierta manera con los ordenamientos que se dicten.

Pero aclaró que, contrario a lo que se difunde en redes sociales, la Corte “no invade esferas”, ya que los países aceptaron de manera soberana y libre ser parte de la Convención Americana y por tanto cumplir los acuerdos y sentencias.

“La jurisprudencia que emite la Corte IDH para los estados que forman parte es obligatoria, pero ya depende de cada estado las acciones que toma… La idea es generar políticas públicas que eviten continuar con violaciones de derechos humanos”, explicó.

Un ejemplo es el Caso Campo Algodonero, en el que la Corte IDH condenó en 2009 a México por la desaparición de tres mujeres. Este suceso es considerado uno de los antecedentes más importantes para la tipificación y criminalización del feminicidio en este país, lo que no ocurrió hasta 2012. Otras naciones de Latinoamérica también lo hicieron en años siguientes; sin embargo, hay algunas que siguen sin tomar acciones al respecto, como Cuba y Haití.

“No podemos garantizar, desgraciadamente, aunque así debería de ser, que con la emisión de una jurisprudencia de la Corte IDH ya el Estado hará lo que debería de hacer. Es un proceso, [en el que el país] va generando políticas, modificando, derogando o abrogando sus leyes para cumplir de alguna forma con esta jurisprudencia de la Corte”.

El abogado Héctor A. Pérez, especialista en derechos humanos y quien ha representado a víctimas ante la Corte IDH, especificó que aunque ese órgano internacional resuelve casos concretos, éstos pueden tener alcances jurídicos y legislativos.

“La corte evidentemente fija estándares legales de protección de los derechos humanos para todo el continente y busca que los tribunales locales hagan ese control de convencionalidad en sus propios países, que puede ser en estricto sentido judicial pero también legislativo”, precisó.

En el “Caso Beatriz”, el especialista consideró que la Corte IDH tiene la facultad de dictar medidas de reparación del daño, como la garantía de no repetición, lo que podría traducirse en que el Estado no vuelva a incurrir en las mismas violaciones de derechos humanos.

“La Corte IDH sí podría ordenar a El Salvador que modificara su normativa para proteger el derecho a las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo… de eso a que El Salvador lo cumpla hay un tramo”, señala.

Activistas han pedido a la Corte IDH que condene a El Salvador por el Caso Beatriz y esperan que con ello se cambien las leyes que prohíben el aborto en ese país.

Desde septiembre de 2021, el presidente Nayib Bukele ha descartado la propuesta de reformar la Constitución para legalizar el aborto, que en El Salvador está penalizado en todas sus circuntancias, con condenas de van de los dos a los 30 años de prisión.

El departamento de Comunicaciones y Prensa de la Corte IDH, respondió a AFP Factual vía correo electrónico, que “luego de notificada la Sentencia [sobre el Caso Beatriz], la misma se dará a conocer a las partes y posteriormente será difundida. Ese es el pronunciamiento que tendrá la Corte en su momento sobre este caso en particular”.