Ley de Participación Estudiantil no estipula que bachilleres venezolanos puedan dar clases

“La Asamblea Nacional oficialista electa en 2020 aprobó esta semana en sesión ordinaria la Ley de Participación Estudiantil en el Subsistema de Educación Básica, que permite a bachilleres dar clases en educación básica en Venezuela”, “LOS BACHILLERES QUE DARÁN CLASES...También enseñarán Valores?”, dicen entradas publicadas en Facebook (1, 2), Twitter (1, 2) e Instagram (1, 2).

Image

Captura de pantalla de un tuit hecha el 10 de febrero de 2023

La Asamblea Nacional electa en 2020, de mayoría chavista, aprobó el 7 de febrero de 2023 el proyecto de Ley de Participación Estudiantil en el Subsistema de Educación Básica, que abarca las educaciones: inicial, primaria y media (secundaria/ bachillerato).

El proyecto consta de 22 artículos que buscan promover el ejercicio de la ciudadanía, organización y participación de los estudiantes en la formulación, ejecución y control de las políticas públicas dirigidas a ellos. Su aprobación se hizo en paralelo a las protestas del gremio de trabajadores públicos y personal docente, quienes tomaron las calles exigiendo respeto a sus derechos laborales (1, 2, 3).

Durante las semanas de manifestaciones, que iniciaron el 9 de enero de 2023, el profesorado ha denunciado recibir amenazas por parte de directivos de los centros educativos y grupos civiles armados (conocidos como colectivos), así como sanciones y amedrentamientos por parte de grupos políticos afectos al chavismo y conminaciones de introducir personal no capacitado a sus labores.

Lo que detalla (y no detalla) la ley

Algunos usuarios aseguran que la aprobación de la Ley de Participación Estudiantil estaría destinada a que los estudiantes de bachillerato puedan sustituir a los maestros de educación básica. Sin embargo, AFP Factual revisó el contenido de la normativa y no encontró ningún artículo que señalara eso expresamente.

Consultado por la AFP, Carlos Trapani, coordinador de Cecodap, organización defensora de los derechos de la infancia en Venezuela, aclaró que la ley no contempla que los bachilleres puedan dar clases en las escuelas. Explicó que el instrumento contiene disposiciones que ya estaban en la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente (Lopnna), por tanto “no hay ninguna novedad”.

Lo que el documento afirma es que los estudiantes tienen derecho a "participar y organizarse protagónica y activamente en todas las actividades y procesos vinculados al ámbito escolar", "participar en actividades de trabajo voluntario y social para la recuperación y mantenimiento de las instituciones educativas", "participar en las iniciativas productivas estudiantiles que contribuyan al desarrollo económico del país" e "incluirse activamente en las actividades académicas de la institución". El escrito no especifica cómo se llevarán a cabo estas actividades.

“El problema de esta ley, al menos el que yo identifico, no solo es el enunciado de derechos, sino [que no detalla] cómo son los mecanismos para implementar la ley y, sobre todo, frente a esta ambigüedad, es que te deja un compás de discrecionalidad”, comentó Trapani. Agregó que no se menciona cuáles son las obligaciones del Estado, cómo queda la estructura para poder garantizar espacios de participación ni qué hacer en caso de que se vulnere este derecho

El director de la Escuela de Educación de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), Carlos Calatrava, coincidió que en ningún momento la ley citada obliga a la incorporación de los estudiantes de educación media como profesores de primaria y secundaria. Por el contrario, consideró que la ley ha sido víctima de una campaña de desinformación.

Comentó que la inclusión de estudiantes de bachillerato en las actividades de formación en las escuelas no es reciente. Desde el año 2015, según registros de la Escuela de Educación de la UCAB, hay instituciones en las que los estudiantes de quinto año cumplen horas de “labor social” (requisito obligatorio para graduarse) como preparadores de alguna materia o haciendo actividades de refuerzo en aulas de niveles o grados inferiores al que están cursando.

Calatrava explicó que la ley establece un mecanismo para la organización en los contextos escolares a través de los consejos estudiantiles. Estas son agrupaciones de base creadas por el alumnado para formar en “las virtudes que la ley entiende tiene la democracia participativa”. Sin embargo, su implementación no es nueva: tienen 60 o 70 años en ejecución.

A juicio del académico, en la ley no se “abre espacio para la alarma”, pero tampoco merece “alabanzas”. Señaló que lo preocupante es la instrumentalización y los mecanismos de ejecución de las decisiones que se tomen del congreso nacional de estudiantes: instancia que aglutinaría a los consejos estudiantiles.

La profesora de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Angeyeimar Gil, coincidió en que “la ley no dice nada de que los bachilleres podrían dar clase”. Agregó que el propósito de la normativa es “intentar regular el proceso de participación de los niños, niñas y adolescentes en el sistema de educación básica y diversificado, pero [no] establece nada de dar clases”.

La AFP ya ha verificado otros contenidos con desinformación sobre Venezuela (1, 2).