El gobierno de Chile no cerró la Zona Franca de Iquique; buscará su prórroga por vía administrativa

  • Este artículo data de hace más de un año.
  • Publicado el 26 de enero de 2023 a las 18:50
  • Modificado el 26 de enero de 2023 a las 19:01
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  • Por Barbara MEDINA, AFP Chile
No es cierto que el presidente de Chile, Gabriel Boric, decidiera poner fin a los beneficios tributarios de la Zona Franca de la ciudad de Iquique (norte), como aseguran publicaciones compartidas más de 500 veces en redes sociales desde mediados de enero de 2023. En realidad, el gobierno chileno retiró un proyecto de ley que buscaba prorrogar el régimen de beneficios tributarios de esa localidad, con el fin de hacer un proceso administrativo más expedito a través de la normativa vigente que actualmente regula las Zonas Francas o libres de impuestos del país.

“La tradicional #ZonaFranca de #Iquique se termina por obra de Gabriel Boric!! Esto es socialismo queridos Chilenos, impuestos hasta por respirar, y para que??”, dicen entradas en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok.

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Captura de pantalla de un tuit hecha el 19 de enero de 2023

De acuerdo con la ley chilena, una Zona Franca es el “área o porción unitaria de territorio perfectamente deslindada y próxima a un puerto o aeropuerto amparada por presunción de extraterritorialidad aduanera”.

En 1975, el Decreto Ley N° 1.055 del Ministerio de Hacienda chileno autorizó el establecimiento de una Zona Franca en las ciudades de Punta Arenas e Iquique. En esta última, conocida como Zofri (Zona Franca de Iquique), existe una “presunción” de extraterritorialidad aduanera que tiene por objeto “considerar las mercancías como si estuvieran en el exterior del país, con el propósito de eximirlas del pago de derechos, impuestos y demás gravámenes que se perciban por las Aduanas”.

Proyecto de ley retirado

La sociedad anónima “Zona Franca de Iquique” fue creada oficialmente en 1990 por la ley 18.846, bajo un contrato de concesión firmado por el Ministerio de Hacienda para la administración y explotación de la Zofri, en el que el Estado se comprometía a la “inmutabilidad” de sus beneficios y extensiones por un plazo de 40 años, es decir, hasta 2030.

El 24 de marzo de 2021, el gobierno del entonces presidente, Sebastián Piñera, ingresó en el Congreso chileno un proyecto de ley titulado “Prorroga la vigencia del régimen de zona franca para la ciudad de Iquique y perfecciona el régimen de administración de la zona franca industrial de Arica, y de las demás zonas francas del país”.

La iniciativa buscaba ampliar anticipadamente los beneficios tributarios de la zona hasta el año 2060. Sin embargo, al día siguiente de su ingreso, el proyecto pasó a la Comisión de Economía y a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, donde entró en pausa.

El 16 de enero de 2023, el gobierno del presidente Boric retiró la iniciativa, tal como señala el detalle de su tramitación.

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Captura de pantalla de la página web de la Cámara de Diputados y Diputadas de Chile hecha el 20 de enero de 2023

Sin embargo, esto no significa que el gobierno chileno haya retirado los beneficios tributarios a Iquique o que esta ciudad haya dejado de ser Zona Franca, como se asegura en las redes sociales.

Una búsqueda en los perfiles sociales oficiales de la Zofri condujo a la AFP a publicaciones en Twitter y en Facebook donde la institución comparte un comunicado en el que aclara que el retiro del proyecto de ley era esperable, “ya que permanecía sin movimiento en el Congreso”.

La entidad señaló que su Directorio “visualizó dos opciones” para continuar con el estatus tributario de la zona, “uno era continuar con el proyecto de ley, lo que consideraba una extensa tramitación, y el segundo camino es trabajar en la renovación directa de acuerdo con la ley vigente de zonas francas”.

Fue esta segunda opción la elegida tanto por la institución como por el Ministerio de Hacienda.

Consultado por AFP Factual, Alfredo Leiton, presidente del Directorio de Zofri, precisó que la elección por esta medida para extender los beneficios tributarios y aduaneros de Iquique por los próximos 30 años “obedece a una estrategia” adoptada por el órgano directivo que él encabeza.

“En coordinación y apoyo del Sistema de Empresas Públicas (SEP), tomamos contacto con los Ministerios de Hacienda y Economía y elevamos una consulta a Contraloría General de la República para ver la pertinencia de esta iniciativa, organismo que está actualmente en etapa de evaluación de los antecedentes”, comentó.

Según Leiton, las directivas de la Zofri entienden que este “es el camino más rápido para brindar certeza jurídica y de negocios a los actuales y potenciales empresarios de la Zona Franca de Iquique”.

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Personas hacen fila frente a una tienda de comestibles en Iquique a 1.950 kilómetros al norte de Santiago, el 3 de abril de 2014 ( AFP / Cris Bouroncle)

La dirección de comunicaciones del Ministerio de Hacienda entregó a la AFP un comunicado en el que señala que otra de las razones para retirar el proyecto es que este implicaba “una licitación pública, lo que excluía la posibilidad de renovar la concesión a los actuales operadores (posibilidad que el actual marco normativo permite)”.

Según el boletín, “dada la interpretación del Ejecutivo de la legislación vigente, el Ejecutivo puede renovar la concesión sin necesidad del proyecto de Ley”.

Nicolás Enteiche, profesor investigador del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo, explicó a la AFP que en vista del artículo 11, inciso primero de la Ley N° 18.846, que rige actualmente a la Zona Franca de Iquique, “el Estado podría modificar el contrato originalmente pactado con la sociedad anónima ‘Zona Franca de Iquique S.A.’, en el cual se altere su cláusula cuarta”.

“Así podría renovar la concesión por otros 30 años más”, desde el 2030 al 2060, explicó.

Enteiche especificó que “la regla general” es que los contratos administrativos se celebren previa licitación pública. Sin embargo, “el Estado podría señalar que, si una ley dispone otro modo de formar el consentimiento, ello se lleve a cabo sin licitación pública, cuyo caso sería el de la Ley N° 18.846”.

El abogado apuntó la posibilidad de un “problema”, ya que el plazo establecido para que los beneficios tributarios se mantengan “está en una fuente normativa de rango legal”, por lo que la “correcta interpretación de la normativa se dilucidará con el dictamen que emita Contraloría General de la República”.

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