El Título 42 no es la última herramienta contra la inmigración en Estados Unidos
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- Publicado el 31 de octubre de 2022 a las 21:21
- Modificado el 7 de noviembre de 2022 a las 12:59
- 8 minutos de lectura
- Por Nahiara S. ALONSO, AFP Estados Unidos
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Paul Laxalt dijo en un comunicado el 8 de agosto de 2022 que el Título 42 es “la última herramienta que tiene la Patrulla Fronteriza para detener la abrumadora avalancha de inmigrantes ilegales que ingresan a nuestro país”. El político mencionó esta orden relacionada con la salud pública -que a 31 de octubre de 2022 continúa en pie- al criticar que la senadora demócrata por Nevada Catherine Cortez Masto votó para bloquear una enmienda que la mantendría en vigor.
Theresa Cardinal Brown, directora general de Inmigración y Política Transfronteriza del Bipartisan Policy Center, explicó a la AFP que “el Código de Estados Unidos es la compilación de todas las leyes que el Congreso ha aprobado sobre diferentes temas”. Este está dividido en títulos y cada uno se relaciona con una determinada área del derecho. “Por ejemplo, la ley de inmigración está codificada bajo el Título 8 mientras que el Título 42 es la sección que se ocupa de todas las leyes de salud pública”, comentó.
Así, cuando se hace referencia al Título 42 en el contexto migratorio, en verdad se habla de la sección 265 del mismo, que permite gestionar la migración en la frontera a través de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), que tienen la autoridad para negar la entrada a personas procedentes de países donde haya un brote de una enfermedad infecciosa.
Esta norma, de 1944, se activó el 21 de marzo de 2020 cuando Donald Trump, entonces presidente de Estados Unidos, determinó que, debido a la existencia de covid-19 en México y Canadá, había un grave peligro de que se introdujera el virus en el territorio estadounidense, según recoge la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés). La ley introducida estableció que “las personas sujetas a la orden no serán retenidas en áreas de congregación para su procesamiento y, en su lugar, serán expulsadas de inmediato a su país de último tránsito”.
Esto, según explicó Cardinal Brown, se ha aplicado solo a los inmigrantes sin permiso para residir en Estados Unidos que acceden a través de las fronteras terrestres: “Cuando llegaba alguien que no tenía documentos a través de las fronteras terrestres podía ser enviado inmediatamente de regreso a su territorio de origen o a México, si este país los aceptaba”.
Lo mismo señaló Karla McKanders, directora de la Inmigration Practice Clinic en la Facultad de Derecho de Vanderbilt, que explicó que una vez activada la norma “los CDC emitieron una serie de órdenes, prohibiendo la entrada de inmigrantes que llegaban a Estados Unidos a través de la frontera terrestre con México o Canadá o que se acercaran a ella”. “El Título 42 todavía se aplica en la frontera sur de Estados Unidos. Cuando un migrante se acerca a la frontera puede ser inmediatamente rechazado”, añadió.
Diferencia entre el Título 42 y la ley de Inmigración
En su comunicado, Paul Laxalt se refirió al Título 42 como el “último recurso” que tienen las autoridades para detener la inmigración irregular. Sin embargo, la norma que regula la entrada migratoria en Estados Unidos es la Ley de Inmigración y Nacionalidad. “Específicamente 8 USC 1225, que le otorga al gobierno la capacidad de detener y deportar a los inmigrantes que capturen en la frontera”, según explicó a la AFP la profesora de Derecho de la Universidad de Chicago y directora de la Immigrants’ Rights Clinic, Nicole Hallett.
La diferencia entre estas normas, señaló Cardinal Brown, es que antes de que se aplicara el Título 42, las personas que llegaban sin documentación eran procesadas por la Ley de Inmigración “y eso significaba que podían ser enviadas de regreso al país de origen bajo un proceso llamado expulsión acelerada, que permite deportar a las personas sin necesidad de pasar por un tribunal de inmigración, a no ser que soliciten asilo”.
En caso de solicitar protección, comentó la experta, se pasaría por una entrevista y potencialmente por la corte de inmigración. Sin embargo, con el Título 42, no hay opción de pedir asilo, la persona es expulsada directamente. Según Hallet, “el único efecto que tiene el Título 42 es evitar que las personas soliciten asilo”.
Otra de las diferencias que apuntó McKanders es que ser deportado bajo la Ley de Inmigración acarrea futuras consecuencias migratorias. “Los inmigrantes que reciben una orden de deportación acelerada no pueden solicitar reingresar a Estados Unidos durante cinco años”, señaló. Por el contrario, la expulsión bajo el título 42 no se registra como deportación, al no ser una ley migratoria. Lo que hace, comentó Cardinal Brown, que vuelvan a intentar acceder a Estados Unidos “de forma seguida y repetida” ya que “no hay ninguna consecuencia por volver a intentarlo”.
Cardinal Brown sostuvo que por esta razón la guardia fronteriza ha visto un aumento del porcentaje de personas que vuelven a intentarlo: “El año pasado tuvieron más de dos millones de encuentros pero creen que la tasa de reincidencia es de aproximadamente un tercio”.
Según la CBP, desde enero hasta septiembre de 2022 la patrulla fronteriza registró 1.711.634 encuentros con inmigrantes indocumentados en la frontera de Estados Unidos. Casi la mitad fueron expulsados directamente bajo el Título 42 y la otra mitad detenidos bajo el Título 8.
De estos últimos, hay una parte que fueron deportados directamente, ya fuera por deportación acelerada, restablecimiento de la orden de deportación anterior -gente a la que ya habían deportado previamente-, retorno voluntario o integrantes del programa “Quédate en México” -personas que acceden a esperar su vista judicial desde el país vecino-, explicó a la AFP Hannah Tyler, analista de investigación del Proyecto de Inmigración de Bipartisan Policy Center. “Los demás se quedan en Estados Unidos a la espera de tener las fechas de sus juicios en la corte de inmigración”, añadió.
El Título 42 sigue activo
Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dijo a la AFP que “cualquier persona que no sea procesada bajo el Título 42, y que no tenga una base legal para quedarse, se someterá a procedimientos de deportación de conformidad con el Título 8”, y confirmó que “el DHS continúa expulsando inmigrantes bajo la autoridad del Título 42 de los CDC”.
Además, añadió que “se está ejecutando un plan integral de todo el gobierno para administrar los aumentos [de llegadas de migrantes] actuales y potenciales en nuestra frontera de una manera segura, ordenada y humana”.
En abril de 2022 la administración del presidente Joe Biden, a través de los CDC, anunció la rescisión del título 42 a partir del 23 de mayo. Sin embargo, como contó Cardinal Brown a la AFP, “Texas y algunos otros estados presentaron una demanda en un tribunal federal para evitar que anularan el título 42 con el argumento de que si anulaban el Título 42 más inmigrantes serían admitidos en los Estados Unidos”. Un juez les dio la razón y el Título 42 se mantuvo en pie, algo que el gobierno ya ha apelado.
“Mientras tanto, la administración Biden ha extendido recientemente el Título 42 a los venezolanos. Dicen que quieren eliminarlo y lo discuten en la corte y al mismo tiempo lo extienden”, criticó Cardinal Brown. Esta decisión ha sido denunciada por Amnistía Internacional y Human Right Watch. La directora general de Inmigración y Política Transfronteriza del Bipartisan Policy Center añadió que si cae el Título 42 “la gente seguirá llegando a la frontera y cruzando pero en lugar de enviarlos directamente fuera del país, tendríamos que tratar de aplicar nuestra ley de inmigración”.
“La pretensión de que el Título 42 es una cuestión de salud pública y no de inmigración en este momento es ridícula, pero le diría al señor Rocksalt que, en lugar de mantener una ley de salud pública para hacer frente a una situación de inmigración deberíamos trabajar con el Congreso para abordar nuestras leyes de inmigración para hacer frente a esta situación”, añadió la experta del Bipartisan Policy Center.
Por su parte, Jennifer Minear, abogada de inmigración en McCandlish Holton y expresidenta de la American Immigration Lawyers Association, aseguró a la AFP que “en el mejor de los casos, el Título 42 es una tirita para un problema mucho mayor del flujo migratorio que debe remediarse mediante una implementación mejor y más inteligente de las herramientas legales y la tecnología existentes”. “En el peor de los casos”, continuó Minear, “es una apropiación indebida ilegal de un estatuto de salud pública para excluir deliberadamente de Estados Unidos a un grupo selectivo de personas a las que el gobierno ha decidido que no desea otorgarles el debido proceso”.
Lo mismo opinó Hallet, que incidió en que “está muy claro que el gobierno lo está utilizando [el Título 42] para terminar con el derecho de asilo en los Estados Unidos”. “Ahora mismo no tiene nada que ver con la salud pública”, añadió.
Hallet señaló que si se rescindiera el Título 42, “la ley volvería a ser lo que era en febrero de 2020: la patrulla fronteriza tiene amplia autoridad para arrestar, detener y deportar a cualquier migrante no autorizado con la única excepción de las personas que solicitan asilo bajo las leyes estadounidenses e internacionales”. Así, las personas que pidieran asilo “entrarían en un proceso separado, después del cual muchos seguirían siendo deportados y a unos pocos se les otorgaría”.
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