España no le da la nacionalidad a aquellos solicitantes cuyo apellido aparece en una lista

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Circula por redes sociales una imagen de dos pasaportes españoles acompañada de un texto que hace referencia a una lista de apellidos de personas que supuestamente podrían acceder a la nacionalidad española. La imagen se ha compartido casi un centenar de veces desde inicios de julio de 2022, aunque ya se había hecho viral en años anteriores como 2014 y 2015. Sin embargo, el listado, que apela a las personas judías sefardíes, no es oficial. Para conseguir la nacionalidad española, los miembros de esta comunidad necesitaban presentar pruebas que les vincularan con un antepasado de origen sefardí que hubiera sido expulsado de la península ibérica en el siglo XV. El plazo para solicitarlo terminó en 2019.

Si tu apellido aparece en esta lista podrás recibir la nacionalidad española”, se lee en las publicaciones compartidas en Facebook (1, 2) y que normalmente van acompañadas de un enlace que deriva al listado de casi unos 200 apellidos entre los que se encuentran algunos como García, Ochoa o Pérez. 

Captura de pantalla de una publicación en Facebook, realizada el 7 de julio de 2022

En 2014, una de las fechas en las que circuló la información por primera vez, el gobierno español de ese momento, liderado por Mariano Rajoy, aprobó en Consejo de Ministros un anteproyecto de ley para reformar el artículo 23 del Código Civil y facilitar la adquisición de la nacionalidad española a los sefardíes aun cuando no tuvieran residencia en el país. Este se materializó en la Ley 12/2015, del 24 de junio de 2015, que daba un plazo de tres años ampliables a cuatro desde la publicación de la normativa para presentar las solicitudes.

Hasta la implementación de la ley, los sefardíes podían acceder a la nacionalidad probando su residencia en España durante al menos dos años “asimilándose ya en estos casos a los nacionales de otros países con una especial vinculación con España, como las naciones iberoamericanas”, según recuerda el texto de la normativa. La mayoría de ciudadanos de otros países necesitan 10 años de residencia legal en España para poder optar a la nacionalidad española, según el Código Civil. También existía la opción de hacerlo por carta de naturaleza, un procedimiento recogido en el Código Civil que tiene un carácter excepcional y se otorga discrecionalmente mediante Real Decreto. Para obtenerla, el interesado debe justificar cuáles son las circunstancias excepcionales que lo hacen merecedor de la nacionalidad.

La ley de 2015 establecía que las circunstancias excepcionales que se necesitan para tramitar la nacionalidad por carta de naturaleza concurren de por sí en aquellos ciudadanos extranjeros sefardíes que prueben que son originarios de España y su especial vinculación con el país, aun cuando no tengan residencia legal y cualquiera que sea su ideología, religión o creencias.  El plazo que establecía la ley para la presentación de solicitudes para conseguir la nacionalidad por esa vía acabó en octubre de 2019.

El listado de apellidos no es oficial

Con la presentación del anteproyecto en 2014 el propio gobierno desmintió que ellos hubieran creado una lista de apellidos para otorgar la nacionalidad. “Atención: circula por Internet una lista de apellidos supuestamente publicada por el Gobierno español que darían más o menos automáticamente derecho a la nacionalidad española. Esta lista es falsa. Se trata de un bulo propagado en Internet que no tiene fundamento alguno, ya que no se ha publicado ni se tiene previsto publicar lista de apellidos alguna”, comunicó el Ministerio español de Asuntos Exteriores en su página web.

Paloma Díaz Más, profesora de investigación del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y directora de Sefardiweb, una página académica de estudios sefardíes, comenta a AFP Factual que en la lista hay muchos apellidos españoles, no específicamente sefardíes, “entre ellos varios topónimos que simplemente son nombres de familias originarias de tal o cual sitio, y que los pueden llevar personas españolas, hispanoamericanas o sefardíes, por lo que no identifican a nadie como sefardí”.

Por su parte, María Royo, directora de comunicación de la Federación de Comunidades Judías de España, explica a AFP Factual que “en ningún momento un apellido era garantía para obtener la nacionalidad”. “Siempre ha habido que presentar pruebas que vincularan al solicitante con un antepasado de origen sefardí”, añade.

Bajo la ley de 2015, para conseguir la nacionalidad española los judíos sefardíes tenían que probar la condición de descendiente de sefardí originario de España. Esto se podía hacer a través de un certificado expedido por la secretaría general de la Federación de Comunidades Judías de España acreditativo de la pertenencia del interesado a la comunidad judía sefardí o la aportación de un certificado de la autoridad rabínica competente u otra documentación que considerara conveniente, según recoge el cuerpo legal.

Otro de los requisitos era demostrar una especial vinculación con el país, presentando, entre otros, elementos como certificados de estudios de historia y cultura españolas de instituciones oficiales; la acreditación del conocimiento del idioma ladino o jaquetía (variedad del español que hablan los sefardíes), o un informe, emitido por una entidad de competencia suficiente, que acreditara la pertenencia de los apellidos del solicitante al linaje sefardí de origen español. 

Junto a esto se exigía la superación de dos pruebas: una de conocimiento básico de la lengua española y otra sobre la Constitución Española y la realidad social y cultural del país.

¿Quiénes son los sefardíes?

Los sefardíes son los judíos que vivieron en la península ibérica y a los que entre 1492 y 1498 se expulsó del territorio. Tras ese hecho, según explica Díaz Más en su web, formaron comunidades en diversos países de Europa, el Mediterráneo Oriental y el Norte de África. 

También emigraron a países de Latinoamérica. De hecho, mientras que la ley estuvo vigente, más de 132.000 sefardíes de todo el mundo solicitaron la nacionalidad española, la gran mayoría de países latinoamericanos, como México, Venezuela y Colombia.

La normativa aprobada por España en 2015 es, según el propio texto, una reconciliación del país con las comunidades sefardíes tras la expulsión, y un reconocimiento a aquellos que “han mantenido intacta su cultura, sus costumbres y el idioma, pese al tiempo transcurrido”. “La memoria y fidelidad de estos ‘españoles sin patria’ les hizo [a las comunidades sefardíes dispersas por el mundo] en 1990 merecedores del Premio Príncipe de Asturias de la Concordia”, añade el documento del gobierno.

19 de julio de 2022 Modifica firma.
8 de julio de 2022 Añade contexto sobre la ley de 2015 en el cuarto párrafo.