Familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales, protestan en una marcha contra falsos positivos, masacres y desapariciones forzadas, el 6 de marzo de 2009 (MAURICIO DUEÑAS / AFP)

¿1.750 militares colombianos deberán comparecer ante los jueces de paz por ejecuciones extrajudiciales? La afirmación es imprecisa

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El sistema de justicia transicional pactado dentro del acuerdo de paz con la exguerrilla FARC, para juzgar crímenes del conflicto armado en Colombia, abrió el caso 003 sobre “muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”. Varios medios difundieron la noticia con imprecisiones.

El pasado 23 de julio, la Justicia Especial para la Paz (JEP), mecanismo de justicia transicional pactado en los acuerdos de paz entre el gobierno y la exguerrilla de las FARC, anunció la apertura del caso sobre “falsos positivos”, como se conoce a las más de 2.000 muertes documentadas de civiles que fueron presentadas por el ejército como caídos en combate con fuerzas ilegales. Una práctica que se intensificó durante el gobierno del derechista Álvaro Uribe (2002-2010), y a través de la cual los militares buscaban beneficios en el marco de la ofensiva contra los grupos alzados en armas.

En el comunicado de prensa, la JEP explica los detalles del procedimiento previsto para que los militares acusados reconozcan la verdad y su responsabilidad, para poder acceder a beneficios jurídicos.

“La Secretaría Ejecutiva recibió del Ministerio de Defensa 10 listados que en total incluyeron a 1.944 miembros de la fuerza pública que manifestaron expresamente su voluntad de comparecer ante la JEP (...) De estos, 1.750 comparecientes son integrantes del Ejército Nacional y (...) más del 90% de los miembros de la fuerza pública sometidos voluntariamente lo hicieron por hechos relacionados con muertes presentadas ilegítimamente como bajas en combate.”

Varios medios titularon con las cifras del comunicado, dando a entender que casi 1.800 uniformados serían convocados por la JEP para dar su versión libre sobre las 2.248 víctimas de ejecuciones extrajudiciales, ocurridas entre 1998 y 2014.

La comparecencia de tantos militares ante la justicia transicional, como sugirieron los titulares, desbordaría su capacidad institucional. Justamente por esta razón, el acuerdo de paz ya había determinado que la JEP no investigue todos los crímenes cometidos durante las cinco décadas del conflicto armado en el país.

“Para asegurar el funcionamiento eficiente, eficaz y célere del componente de Justicia, la Sala tendrá las más amplias facultades para (...) fijar prioridades, acumular casos semejantes y definir la secuencia en que los abordará, así como adoptar criterios de selección y descongestión para (...) evitar que las conductas graves y representativas queden impunes así como prevenir la congestión del Tribunal.”, dice el texto del pacto firmado entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y la exguerrilla de las FARC.

Una fuente de la Jurisdicción Especial para la Paz confirmó a la AFP que los titulares incurrieron en una imprecisión: “Como dice en el auto y en el comunicado, en las próximas semanas la Sala de Reconocimiento decidirá a quiénes y en qué orden llamará a versiones voluntarias entre los 1.750 militares comparecientes a la JEP. No los está llamando a todos en bloque, porque la JEP prioriza los casos", aseveró.

Aunque las cifras de los titulares aparecen en el comunicado de prensa como parte de la investigación por “falsos positivos”, se incurrió en una imprecisión al decir que todos los militares serán convocados por la JEP.

AFP Colombia