La ayuda aprobada en Cataluña para todos los jóvenes extutelados lo fue por unanimidad, en 2019

La afirmación sobre la votación de la ayuda económica circuló en Facebook (1, 2) y en Twitter (1, 2), días antes de los comicios del 14 de febrero, en los que los catalanes elegirán a sus representantes en el parlamento regional. No obstante, mensajes similares habían circulado ya dos años antes. Una captura del mismo titular fue compartida también por una página del partido Vox. 

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Captura de pantalla de una publicación en Facebook, realizada el 8 de febrero de 2021

Una búsqueda en Google del titular del artículo condujo a la noticia original, publicada por el portal El Correo Español el 17 de junio de 2019, justo tres días después de que el Parlamento de Cataluña aprobara por unanimidad (con 132 votos positivos) la ley que amplía la duración de las prestaciones a jóvenes extutelados.

Los siete partidos con representación en el Parlamento de Cataluña votaron a favor de la norma, no solo el Partido Popular (PP) y Ciudadanos, como señala el titular de la noticia. En la legislatura vigente, el PP tiene una representación de cuatro escaños, mientras que Ciudadanos, el partido más votado en las últimas elecciones regionales, cuenta con 36 diputados. Así que la suma entre los dos partidos es de 40 diputados sobre el total de 135, muy lejos de la mayoría absoluta del Parlamento (68). 

La ley no es exclusiva para los “mena”

La ley que aprobó por unanimidad el Parlamento de Cataluña en aquella ocasión se refiere a una prestación social que la Generalitat concede a los jóvenes extutelados mayores de edad, independientemente de su nacionalidad. 

Esta ayuda económica fue aprobada en julio de 2006 en el Parlamento catalán y en 2019 se votó su ampliación de los 21 hasta los 23 años. Además, también se rebajaron los requisitos para tener acceso a esta prestación. Los jóvenes que cumplan los parámetros especificados en la memoria del Área de Apoyo a los Jóvenes Tutelados y Extutelados (ASJTET) podrán cobrar una ayuda mensual de 663,98€. Según la ASJTET (página 32 del documento), en 2018, cuando se publicaron los últimos datos sobre esta prestación, el 66% de las personas que cobraron el subsidio eran españoles, mientras que el 34% eran extranjeros. 

En 2019, cuando se aprobó la reforma, España acogió 14.000 menores no acompañados, un cambio sustancial respecto a los 4.000 que llegaron en 2016. Muchos de ellos vivieron en condiciones paupérrimas: durmiendo en la calle o en campamentos precarios. 

Los problemas aumentan cuando cumplen la mayoría de edad y se convierten en jóvenes extutelados, ya que se quedan sin protección por parte del gobierno. Al llegar, España les otorga un permiso de residencia pero no de trabajo. Éste lo consiguen después de cinco años o con un contrato anual a jornada completa. Una situación muy complicada, teniendo en cuenta que el país cerró el 2020 con más de medio millón de desempleados adicionales, alcanzando así una tasa de desempleo del 16,13%.