La Comisión Constitucional será la que investigue a Lasso en la Asamblea por los "Pandora Papers"

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Publicaciones compartidas más de 100 veces en redes sociales desde el pasado 9 de octubre afirman que dos comisiones de la Asamblea Nacional de Ecuador serán las encargadas de investigar al presidente, Guillermo Lasso, tras haber sido mencionado en la investigación sobre activos en paraísos fiscales “Pandora Papers”. Sin embargo, aunque otro comité se haya atribuido esa competencia, solo la Comisión de Garantías Constitucionales fue designada por el pleno del Legislativo para revisar el caso del mandatario.

“Dos comisiones de la Asamblea Nacional investigarán a Guillermo Lasso por los Pandora Papers. La Comisión de Fiscalización lleva la delantera y se reunirá el lunes con el primer mandatario para recabar su versión de los hechos”, aseguran las entradas en Facebook (1, 2, 3) y Twitter

Captura de pantalla de una publicación en Facebook, tomada el 12 de octubre de 2021

Las publicaciones se han difundido luego de que Lasso fuera mencionado en los “Pandora Papers”, un proyecto del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) sobre la ocultación de activos en paraísos fiscales por parte de políticos y celebridades. 

Según esa investigación, Lasso controló 14 sociedades “offshore”, la mayoría con sede en Panamá, que cerró después de que el exmandatario ecuatoriano Rafael Correa (2007-2017) promoviera una ley en 2017 que prohibía a los aspirantes presidenciales tener empresas en paraísos fiscales.

Sin embargo, sólo una comisión de la Asamblea Nacional de Ecuador, la dedicada a las Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad, será la encargada de investigar al mandatario.

El Legislativo en pleno decidió el pasado 7 de octubre que ese comité será el único que “deberá solicitar las comparecencias y requerir la información que considere necesaria, con el fin esclarecer la vinculación del Presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, dentro de este caso”, además de “esclarecer si el Presidente de la República posiblemente haya incumplido el mandato legal del pacto ético” aprobado en 2017.

La comisión tiene 30 días para elaborar un informe, que se debatirá ante el resto de la Asamblea y cuyo trámite se inició el pasado 11 de octubre

Confusión en redes

La confusión difundida en redes sociales se produjo luego de que un día antes de la decisión del Parlamento, el 6 de octubre pasado, la Comisión de Fiscalización y Control Político anunciara que se encargaría de la investigación. Sin embargo, esa opción fue desestimada con la decisión del pleno. 

Santiago Basabe, profesor asociado de Ciencia Política de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO-Ecuador), explicó a AFP Factual que “con la decisión del pleno, ya no será la Comisión de Fiscalización la que lleve el caso, sino solo la de Garantías Constitucionales”. 

Con él coincide el asambleísta ecuatoriano Pabel Muñoz, quien dijo a la AFP: “Al ser decisión del pleno, que es el máximo órgano de la Asamblea Nacional, queda claro que la de Garantías Constitucionales es la única competente para realizar la investigación”.

La Comisión de Fiscalización y Control Político está presidida, además, por el asambleísta Fernando Villavicencio, cercano a Lasso y quien lo acompañó en su campaña a la Presidencia. El legislador anunció, tras la decisión de la Asamblea, que realizará una investigación por su cuenta.

En la resolución de la Asamblea se dispuso que el comité de Fiscalización remitiera “de manera inmediata toda la información y/o documentación relacionada con la investigación” a la Comisión de Garantías Constitucionales.  

Ante los señalamientos, el presidente Lasso reconoció que años atrás tuvo "inversiones legítimas en otros países", pero se deshizo de ellas para competir en las elecciones presidenciales de 2021. Además, sostuvo que sus ingresos provienen de su trabajo de décadas en el Banco Guayaquil, uno de los más importantes del país.

Lasso, de 65 años y quien asumió la Presidencia de Ecuador el 24 de mayo pasado, pidió a la Contraloría que examinara su patrimonio y ratificó su renuncia al secreto bancario. Además, invitó a los congresistas a que le plantearan "las preguntas que estimen pertinentes" sobre los "Pandora Papers".

Esa investigación periodística, que se basa en la filtración de unos 11,9 millones de documentos de 14 empresas internacionales de servicios financieros, mostró que personalidades y líderes de todo el mundo -336 políticos de alto nivel- recurrieron a supuestos paraísos fiscales para esconder cientos de millones de dólares.