Tribunal Supremo de España no aceptó denuncias contra Yolanda Díaz al 27 de septiembre de 2023
- Publicado el 27 de septiembre de 2023 a las 16:50
- 4 minutos de lectura
- Por Natalia SANGUINO, AFP España
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“El Tribunal Supremo, ACEPTA las 42 QUERELLAS CRIMINALES contra Yolanda Díaz, por vulnerar el Art 408 del Código Penal, como Vicepresidenta del Gobierno. Se acepta la INHABILITACION y se estudia la prisión de 3 a 6 años”, dice un mensaje compartido en Facebook, que también circuló en X, antes llamado Twitter.
Las publicaciones comenzaron a circular tras una reunión que la también ministra de Trabajo en funciones, Yolanda Díaz, mantuvo el 4 de septiembre de 2023 con Puigdemont en Bruselas, ciudad donde este vive tras huir de la justicia española a raíz del intento fallido de secesión de Cataluña en 2017. Al día siguiente del encuentro, Puigdemont condicionó su apoyo a una posible investidura del líder socialista Pedro Sánchez y pidió una amnistía para los independentistas implicados en aquel proceso de 2017.
Tras el resultado electoral del 23 de julio de 2023 en España, los partidos políticos negocian para formar un gobierno, que en el caso de Pedro Sánchez, presidente del gobierno en funciones, necesita del apoyo indispensable de los independentistas catalanes.
El gabinete de prensa del Tribunal Supremo respondió el 22 de septiembre de 2023 a la consulta de AFP Factual sobre las afirmaciones virales: “No sé de dónde se han sacado ese dato de 42 querellas”. “Aquí no se ha aceptado nada”, agregó.
“Hay seis denuncias o querellas por ese asunto contra la vicepresidenta Yolanda Díaz”, amplió la persona encargada del gabinete, quien matizó: “Ninguna está admitida a trámite ni aceptada, ni se acepta ninguna inhabilitación”. “Una cosa es una presentación” de querellas o denuncias, que es lo que había ocurrido a nivel judicial a fecha de publicación de este artículo. Una vez se produzca, el Alto Tribunal informa de la admisión o no a trámite.
Según el gabinete de prensa, las denuncias se presentaron a partir del 7 de septiembre y los magistrados del Supremo son los encargados de decidir la admisión o no a trámite, pero primero suele pedirse un informe fiscal. Lo normal en estos casos de varias denuncias es que se acumulen y se decida conjuntamente, explicó la fuente consultada.
“Habrá una decisión pero no ahora”, subrayó el departamento de prensa, que aclaró que el mensaje viral, sobre “aceptar la inhabilitación” de Díaz, “no tiene ni pies ni cabeza”.
A fecha de publicación de este artículo no había aún una decisión tomada por parte del Supremo.
El artículo 408 del Código Penal
El artículo 408 del Código Penal del que hablan las publicaciones virales hace referencia a que se podría inhabilitar para cargos públicos a las autoridades que “intencionadamente” no promovieren “la persecución de los delitos de que tenga noticia o de sus responsables”. La norma estipula una pena de inhabilitación especial “para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años” y no menciona penas de prisión, como dicen las entradas.
Y aquí está el motivo de una de las seis denuncias presentadas, detrás de la cual está la asociación anti-independentista Societat Civil Catalana. Según un comunicado enviado a los medios el 8 de septiembre de 2023, la denuncia se basa en ese artículo del Código Penal y considera que la actuación de Díaz “ha legitimado a un prófugo de la Justicia que ha utilizado todos los medios a su alcance para desprestigiar la imagen internacional de España”.
“La denuncia se encuentra en su fase inicial”, respondió la asociación a la AFP el 23 de septiembre de 2023. “El Tribunal Supremo dictó una providencia de registro de la misma [recibió la denuncia] y designó magistrado ponente”, aclaró.
Sobre lo que puede suceder con las denuncias, la jurista y politóloga Victoria Rodríguez Blanco, profesora en la Universidad Miguel Hernández de Elche, dijo el 22 de septiembre a la AFP que “lo normal es que los tribunales admitan la querella”, pero “otra cosa es su resolución de fondo”. La experta opinó que no cree que la acción de Díaz sea considerada como “supuesto para la aplicación del tipo penal” y que “la obligación de perseguir a Puigdemont es del Ministerio Público, del juez instructor y de los tribunales en definitiva”.
En cualquier caso, aunque el Supremo aplicase el artículo 408 a Díaz, “no sería inmediato” y “la inhabilitación tardaría”, ya que Díaz cuenta con inmunidad parlamentaria por ocupar la vicepresidencia y un escaño en el Congreso de los Diputados.
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