Proyecto anunciado por Castillo sobre inmunidad de altos funcionarios en Perú no ha sido aprobado

"Dictan ley LEVANTANDO SECRETO BANCARIO. Gobierno aprueba ley Nº 31494. Finalmente conoceremos cuantos millonarios en las sombra hay!", dice una publicación en TikTok, que también ha sido compartida en Facebook.

Las entradas van acompañadas de un discurso de Castillo, en el que dice: "Vamos a presentar un proyecto de ley para que se elimine la inmunidad para todos los altos funcionarios del Estado. ¿Quieren transparencia e investigación? ¡Sometámonos todos! El Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, Poder Judicial, el Ministerio Público, todos los funcionarios del Estado para transparentar al país, y para trabajar de la mano".

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Captura de pantalla de una publicación en TikTok hecha el 3 de noviembre de 2022

Perú atraviesa una aguda crisis política en la que Castillo, en el poder desde julio de 2021 para un mandato de cinco años, ha enfrentado dos intentos de destitución por parte del Congreso y fue obligado a responder en seis investigaciones fiscales por presunta corrupción suya y de su círculo familiar y político más cercano.

Castillo negó que su familia haya cometido esos delitos y dijo ser víctima de una campaña para sacarlo del poder.

Una búsqueda en Google de la cita que el político dice en el video viral llevó a una nota de prensa en el sitio web del gobierno peruano del 30 de mayo de 2022, mientras el presidente lideraba el XIV Consejo de Ministros Descentralizado en la ciudad de Iquitos (noreste).

La nota está titulada: "Gobierno del presidente Castillo presentará proyecto de ley para eliminar inmunidad de todos los altos funcionarios del Estado". Sin embargo, no hay registro de que ese proyecto haya sido implementado.

AFP Factual buscó la Ley 31.494 en "El Peruano", sitio que almacena las leyes vigentes en ese país, pero esta no trata sobre la inmunidad o el secreto bancario de los altos funcionarios del Estado, sino del reconocimiento de los "comités de autodefensa y desarrollo rural", organizaciones civiles que apoyan a la Policía y las Fuerzas Armadas peruanas contra el narcotráfico, el terrorismo, entre otros delitos de seguridad.

Tampoco hay registro de que un proyecto de esta índole fuese enviado al Congreso tras el discurso de Castillo. El último antecedente disponible en el Parlamento es un proyecto ingresado el 19 de enero de 2022, y aprobado en julio pasado, que facilita la facultad del contralor de la República para solicitar el levantamiento del secreto bancario.

Un proyecto similar fue ingresado el 27 de octubre de 2022, propuesto por la propia Contraloría, sobre disposiciones para el levantamiento del secreto bancario por parte del contralor, pero aún se encuentra en discusión.

Consultado por la AFP, el equipo de prensa de la Presidencia de Perú confirmó que a la fecha de publicación de esta verificación la iniciativa anunciada por Castillo no ha sido enviada al Congreso.

Norma vigente sobre levantamiento del secreto bancario

En Perú, el derecho al secreto bancario está regulado en la Constitución. El inciso 5 del artículo 2 indica que "toda persona tiene derecho al secreto bancario y la reserva tributaria" y su levantamiento puede solicitarse a pedido de un juez; del fiscal de la Nación; de una comisión investigadora del Congreso; del Superintendente de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y del mencionado contralor.

Aníbal Quiroga, abogado constitucionalista de la Pontificia Universidad Católica del Perú explicó a la AFP que aunque tienen fueros, los altos funcionarios del Estado, como los congresistas, jueces, ministros o el presidente también están sujetos a un eventual levantamiento del secreto bancario.

"Hay autoridades aforadas por el artículo 99 y para que se les levante el secreto bancario durante un proceso judicial, debe ser autorizado por el Congreso. Además, el presidente tiene el artículo 177, que limita las situaciones en las que se puede levantar el secreto bancario", afirma.

Los delitos mencionados en el artículo 117 son: traición a la patria, impedir las elecciones, disolver el Congreso o impedir el funcionamiento del Jurado Nacional de Elecciones.