Los "falsos positivos" no ocurrieron solo cuando Santos era ministro de Defensa en Colombia
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- Publicado el 30 de junio de 2022 a las 18:44
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- Por AFP Colombia
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"Tuvo Uribe 4 Ministros de DEFENSA , solo a Juan Manuel Santos siendo ministro se le presentaron los falsos positivos, que raro que con ninguno de los otros 3 hubo casos, pero Santos nada que ver cierto?", dice el mensaje, compartido también como captura de pantalla en Facebook (1, 2).
El contenido se viralizó el mismo día en el que la Comisión de la Verdad, organismo surgido del acuerdo de paz de 2016 entre el Estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), presentó un extenso informe sobre los horrores cometidos por guerrilleros, paramilitares y agentes del Estado a lo largo de seis décadas de conflicto interno.
Santos, quien fue presidente de Colombia entre 2010 y 2018, fue también ministro de Defensa durante el segundo gobierno de Uribe Vélez. Su período en esa cartera inició el 19 de julio de 2006 y terminó el 23 de mayo de 2009.
Sin embargo, no es cierto que los "falsos positivos" solo se hayan registrado durante la gestión de Santos como ministro. Según ha documentado la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), un mecanismo de justicia transicional también creado tras el pacto con las FARC para juzgar los crímenes del conflicto armado en Colombia, el mayor número de ejecuciones extrajudiciales por parte de miembros del Ejército inició en 2002.
De acuerdo con una investigación de ese tribunal, publicada en febrero de 2021, "por lo menos 6.402 colombianas y colombianos fueron víctimas de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate entre 2002 y 2008". Parte de estos crímenes "no hubieran ocurrido sin la política institucional del Ejército de conteo de cuerpos, sin la política de incentivos y la constante presión que ejercieron los comandantes sobre sus subordinados para obtener muertos 'en combate'", concluyó.
Un ejemplo de dicha "política de incentivos" fue la Directiva Ministerial 029 de 2005, en la que se reglamentó el pago de recompensas por la captura o abatimiento en combate de miembros de las organizaciones subversivas. La instrucción fue firmada por el ministro de Defensa predecesor de Santos, Camilo Ospina, quien estuvo en el cargo desde el 20 de mayo de 2005 hasta el 19 de julio de 2006.
El período en el que más casos de "falsos positivos" fueron documentados, entre 2002 y 2008, coincidió con los dos turnos de gobierno de Uribe (2002-2006 y 2006-2010). Durante ese lapso de mayor incidencia, cuatro personas estuvieron a cargo de la cartera de Defensa: Marta Lucía Ramírez (2002-2003), Jorge Alberto Uribe (2003-2005), Ospina (2005-2006) y Santos (2006-2009).
"La investigación alrededor de estas ejecuciones se ha centrado en el período de 2002 a 2008 porque las políticas implementadas bajo el modelo de ‘seguridad democrática’ [del gobierno de Uribe] favorecieron el aumento de estas cifras. Sin embargo, hay casos documentados previos al 2002, incluso desde 1989", explicó a AFP Factual Sebastián Bojacá, abogado de la Comisión Colombiana de Juristas, una oenegé de derechos humanos que ha acompañado a las víctimas del conflicto en Colombia.
En ese mismo sentido, la JEP detalló en su Auto 033 de 2021 que existe registro de este tipo de ejecuciones desde 1978, a partir de reportes de la Fiscalía General de la Nación, el Centro Nacional de Memoria Histórica y organismos no gubernamentales.
Sin embargo, el tribunal identificó el período 2000-2008 como el de mayor registro de víctimas, con el 78% del total de la victimización histórica, como se observa en esta tabla compartida en el informe de la JEP:
El año con más casos documentados por la JEP fue 2007, con 1.634 víctimas. Según Bojacá, el nivel de impunidad en el esclarecimiento de estos crímenes es "muy alto" y la información disponible "no permite ni llegar fácilmente a altos mandos del Ejército, y mucho menos a ministros".
Pese a ello, miembros de la Fuerza Pública en ese entonces, incluyendo un general del Ejército, ya han reconocido voluntariamente su responsabilidad en las ejecuciones de civiles ante la Justicia para la Paz.
Incluso Santos, ganador del Premio Nobel de Paz, reconoció en junio de 2016 ante la Comisión de la Verdad que hubo una "presión para producir bajas" al interior de las fuerzas armadas, y pidió perdón a las familias de las víctimas.
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