La ayuda de 522 euros en Aragón no discrimina por nacionalidad, pero sí tiene requisitos

“Tu hijo a servir copas a Londres porque en España no hay trabajo. El hijo de un marroquí que venga ingresará 522€ al mes por irse a repoblar los pueblos de Aragón. Si se lleva a la pareja ya son 1044€ entre ambos. Y súmale 1.000€ si tienen un hijo. Lo llaman justicia social”, se lee en el tuit viral del 25 de mayo del 2021, que ya no se encuentra disponible. 

Este mismo mensaje se ha replicado centenares de veces en formato de captura de pantalla en Facebook (1, 2), y también en Twitter. 

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Captura de pantalla de una publicación en Facebook, realizada el 14 de octubre de 2021

El tuit de Capitán Bitcoin fue publicado el mismo día en que el Boletín Oficial de Aragón (BOE) promulgó la ley que regula la Prestación Aragonesa Complementaria del Ingreso Mínimo Vital (PACIMV), un subsidio para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad aprobado el 20 de mayo en las Cortes de Aragón sin ningún voto en contra. Ya ese mes, AFP Factual verificó la captura de pantalla de un artículo del periódico español ABC que titulaba: “Aragón aprueba por ley una paga de 522 euros al mes para los inmigrantes que se empadronen en la región”, dando a entender que la ayuda era solo para extranjeros y que estos no tenían que cumplir más requisitos que el empadronamiento en la región.

Prestación complementaria al ingreso mínimo vital

El secretario general técnico del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales, José Antonio Jiménez y la gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) Noelia Carbó se refirieron en una rueda de prensa el 15 de octubre de 2021 a la entrada en vigor del decreto que regula dicha prestación, que podrá ser solicitada por los ciudadanos a partir del 18 de octubre. 

Según Jiménez, esta prestación regional pretende “dar cobertura” a las personas que no entran dentro de los parámetros para percibir el Ingreso Mínimo Vital (IMV), aprobado por el Gobierno español en 2020 para combatir el impacto económico de la pandemia de covid-19 y prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social. 

La cuantía de la renta del IMV puede variar desde los 469,93 euros mensuales para un adulto que viva solo hasta los 1.033,85 euros mensuales para hogares de cinco miembros. Esta percepción es inferior a la contemplada por la PACIMV, que oscila entre los 522 euros mensuales para un adulto hasta los 1.148,40 euros mensuales para las familias de cinco integrantes, tres de los cuales menores, según Carbó. 

Por ello, las autoridades aragonesas anunciaron que los residentes en la región que reciban el IMV estatal podrán solicitar un complemento para equiparar las cuantía con la de la subvención autonómica. 

Requisitos para solicitantes de la prestación

Para ser perceptor de la prestación aragonesa, la Ley 3/2021 establece en su capítulo II como requisitos ser mayor de 18 años y menor de 30, estar empadronado y con residencia efectiva en Aragón, y estar en situación de “vulnerabilidad económica”. Preguntado por este concepto, Jiménez explicó en la conferencia que se refiere a “aquella persona que tiene una renta disponible inferior al importe (...) [del] ingreso mínimo vital, que se fija (...) en el caso de unidades unifamiliares en 5.639,20 euros anuales”.

La norma no hace mención alguna a la nacionalidad ni a la situación administrativa de quien la solicita. Ya en mayo del 2021 a la AFP, el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno regional aseguró:

El organismo detalló en aquella ocasión que “en el caso de las personas extranjeras [que quieran obtener esta subvención] deben contar con el permiso de residencia, sin el cual no pueden tener derecho a las prestaciones sociales” brindadas en cualquier punto del país como especifica el artículo 14 de la Ley de Extranjería. 

Jiménez aclaró en rueda de prensa que “el empadronamiento es un hecho fáctico, pero no da derecho a la residencia legal. La residencia legal es una autorización que emiten los órganos administrativos competentes, en este caso, el Ministerio del Interior, para poder residir en España”. 

Así está establecido en el artículo 18.2 de la Ley de Bases de Régimen Local: “La inscripción de los extranjeros en el padrón municipal no constituirá prueba de su residencia legal en España ni les atribuirá ningún derecho que no les confiera la legislación vigente”.

El apartado VII del preámbulo de la Ley de Extranjería, que enumera los derechos y libertades de los extranjeros en España, define a una persona residente como aquella con “una situación de estancia o residencia legal, conforme a los requisitos que se establecen que, por tanto, habilitan a la permanencia del extranjero en nuestro país en cualquiera de las situaciones reguladas”.  

Por tanto, si la persona que solicita la ayuda “no tuviera residencia autorizada en España, no percibirá la prestación”, sentenció el secretario general del Departamento de Ciudadanía en la rueda de prensa de octubre. 

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Un campesino en Terriente, un pueblo de la región de Aragón, el 10 de abril de 2019 ( AFP / Pierre-Philippe Marcou)

No obstante, el requisito de la residencia efectiva para cobrar la prestación “es aplicable a todos los solicitantes, no solo a los extranjeros”. “Un señor que esté empadronado en Aragón y viva en Madrid no sería perceptor de la prestación”, ejemplificó Jiménez. 

Por otro lado, a diferencia de lo que se afirma en el tuit viral, “no hay posibilidad de que en una misma unidad de convivencia se perciban dos prestaciones, son incompatibles” aseguró el secretario general técnico del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales. En función de la dimensión de las unidades de convivencia percibirán una cuantía u otra. 

José Antonio Jiménez también dijo que “no es cierto en absoluto”, que los beneficiarios cobren 1.000 euros más si tienen un hijo. 

A fecha de la publicación del artículo, aproximadamente hay 13.300 hogares aragoneses perciben ayudas económicas, ya sea a través del IMV, el Ingreso Aragonés de Inserción (IAI) para personas en estado de necesidad o de las Ayudas de Integración Familiar. 

Durante la crisis financiera iniciada en 2008, muchos españoles, especialmente jóvenes, migraron a otros países en busca de mejores oportunidades laborales, huyendo de un país lastrado por altas tasas de desempleo. Aún en agosto de 2021, España fue el país con mayor tasa de desempleo total (14%) y juvenil (33%) de la Unión Europea, según datos de Eurostat.