Karen Abudinen fue designada “alcaldesa ad hoc” cuando aún era ministra en Colombia

“¿El premio a la corrupción? EX MINISTRA ABUDINEN ES NOMBRADA ALCALDESA AD HOC DE SINCELEJO, SUCRE”, dice una de las publicaciones difundidas en Facebook (1, 2, 3) y Twitter (1, 2, 3).

Image

Captura de una publicación en Facebook, tomada el 14 de septiembre de 2021

Abudinen renunció a su cargo de ministra de las TIC el pasado 9 de septiembre, presionada por denuncias sobre irregularidades en la contratación de servicios de internet para más de 7.000 colegios de zonas rurales de Colombia. 

Sin embargo, contrario a lo que dicen las publicaciones en redes sociales, Abudinen fue designada por el presidente, Iván Duque, para ejercer el cargo de alcaldesa ad hoc en el municipio de Sincelejo (norte) más de un mes antes de su dimisión como ministra, como figura en el decreto 794 del 21 de julio de 2021 del Ministerio del Interior. 

Una búsqueda inversa en Google de la fotografía que difunden los mensajes viralizados, en la que se ve a la funcionaria firmando un documento, llevó a notas de medios locales que informaban sobre la posesión de la entonces ministra como alcaldesa ad hoc en Sincelejo, el 5 de agosto de 2021. Algunas de las entradas en redes sociales incluyen enlaces a esos reportes.

En Colombia, la figura de “alcalde ad hoc” se usa “para designar a una persona que cumpla un determinado fin, o para que conozca de un asunto que debiera resolver un empleado que se declare impedido”, de acuerdo con el Departamento Administrativo de Función Pública.

El actual alcalde de Sincelejo, Andrés Gómez, se declaró impedido en abril de 2021, según el decreto de nombramiento de Abudinen, para verificar el cumplimiento de medidas de bioseguridad, como el uso de cubrebocas y el distanciamiento social, en las actividades de recolección de firmas para convocar a un plebiscito revocatorio en su contra.

De acuerdo con el documento del Ministerio del Interior, la función puntual de Abudinen una vez nombrada alcaldesa ad hoc era hacer “seguimiento del cumplimiento de las medidas de bioseguridad y los cuatro componentes generales para disminuir los riesgos de contagio en las actividades de apoyo a la solicitud de revocatoria”.

Sin ninguna remuneración 

La figura del alcalde ad hoc es un cargo no remunerado. En lo que va de 2021, el gobierno colombiano ha designado a más de diez funcionarios de su gabinete para hacer la misma verificación del cumplimiento de las medidas sanitarias durante la pandemia en los procesos de revocatoria de alcaldes. 

El abogado Francisco José Sintura, director del departamento de Derecho Penal de la Universidad del Rosario, exasesor jurídico de la Presidencia de Colombia y ex vice fiscal general de la Nación, explicó a AFP Factual que “el [alcalde] ad hoc en estos casos es un cargo ad honorem, quiere decir que no tienen remuneración. Y la designación se hace exclusivamente para hacer seguimiento a las medidas de bioseguridad, no reemplaza al Alcalde en sus demás funciones administrativas”.

En ello coincidió Elmer José Montaña, especialista en derecho contencioso administrativo: “La función ad hoc implica que ella no tiene ninguna función adicional de carácter administrativo y no va a recibir un salario o pago por esa designación, que es honorífica. Tendrá la tarea de verificar que en el proceso de recolección de firmas para la revocatoria se cumplan con los protocolos de bioseguridad establecidos por la pandemia”.

El Ministerio del Interior, a cargo de los decretos de designación de alcaldes ad hoc, explicó a AFP Factual que estos encargos no tienen remuneración y son transitorios. En el decreto 794 del 21 de julio tampoco se hace alguna referencia a honorarios. 

“El decreto pierde validez”

El Ministerio del Interior confirmó también a la AFP que Abudinen dejó de ser alcaldesa ad hoc de Sincelejo en el momento que renunció al Ministerio de las TIC.

“Tiene decaimiento administrativo, porque ella estaba como funcionaria pública. El decreto pierde validez una vez ya no es funcionaria pública”, dijo el Ministerio el 13 de septiembre de 2021. 

El 27 de agosto pasado se conoció que la empresa contratista a cargo del proyecto de conectividad en zonas rurales de Colombia había presentado garantías bancarias falsas y no contaba con la experiencia para cumplir con lo pactado. Aun así, recibió un anticipo de 70.000 millones de pesos (unos 18 millones de dólares) de parte del Ministerio de las TIC, dirigido entonces por Abudinen.

Por esta situación, el Congreso colombiano inició el trámite de una moción de censura en contra de Abudinen el pasado 3 de septiembre. Tres días después, la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación en su contra “para determinar su responsabilidad disciplinaria por las presuntas irregularidades en la etapa precontractual de la licitación pública”. La funcionaria presentó su renuncia el 9 de septiembre.